A simple vista se puede observar que la salida al conflicto a través de la promulgación del decreto fue impulsada menos por razones estratégicas que por evitar un paro nacional del gremio de los transportistas, que hubiese profundizado un clima de malestar social provocado por la incertidumbre de la población y las amenazas de los choferes.
Más allá de lo señalado, cuesta entender por qué las autoridades del Ejecutivo tardaron tanto en lanzar esta norma transitoria, si desde los primeros días del conflicto se dijo que parte de la solución al diferendo con los choferes pasaba por hacer viable la atribución de municipios y gobernaciones para fijar tarifas, en el marco de leyes y políticas nacionales, establecida en la Ley Marco de Autonomías. El Ministro de Obras Públicas hizo especial énfasis en el carácter transitorio de la medida, cuya vigencia se extenderá hasta la promulgación de la Ley de Transportes, carencia histórica en el ordenamiento jurídico boliviano, que actualmente está siendo elaborada por el Gobierno y debiera estar lista para su tratamiento legislativo en el plazo de un mes.
Y es que, en efecto, si algo ha caracterizado al sector del transporte en Bolivia, especialmente el de pasajeros, es la falta de un marco jurídico suficiente que norme las condiciones mínimas para la prestación del servicio y, sobre todo, señale con claridad quién tiene la atribución de regularlo, pues hasta ahora la Superintendencia de Transportes, primero, y la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, luego, han tenido como principal limitación para el cumplimiento de sus tareas la ausencia de una Ley de Transportes.
En todo caso, ahora está en manos de las autoridades municipales la negociación con los choferes, y aunque la situación en cada ciudad es más o menos diferente, es previsible que en muchas de ellas el acuerdo será más satisfactorio para el gremio de los transportistas que para la población que usa el servicio, lo que seguramente ampliará la brecha entre el grupo de los conductores y el resto de la sociedad.
Finalmente, vale la pena recordar que, durante la campaña previa a las últimas elecciones municipales, el Presidente del Estado prometió impulsar en las principales ciudades del país sistemas de transporte masivo de pasajeros, iniciativa que hoy como nunca tiene las condiciones necesarias para prosperar. La futura Ley de Transportes debiera prever algo al respecto.