El delito de migrar
Los CIE se han convertido en una suerte de cárceles paralelas para los indocumentados
En efecto, según el mencionado estudio, los CIE se han convertido en una suerte de cárceles paralelas a las que van a parar quienes estando en el país ibérico no han logrado regularizar su estatus migratorio, situación sin duda ilegal que, sin embargo, no debiera merecer los rigores a los que, según los testimonios recogidos, se les somete en dichos recintos. Ausencia de servicios básicos suficientes, de condiciones mínimamente dignas y frecuentes malos tratos por parte de los guardias son las características comunes de los CIE, según los testimonios brindados. Aún así, dice el estudio, hay quienes prefieren esa ingrata situación a volver a su país de origen.
Asimismo, y pese a que el propio Embajador de España en Bolivia ha afirmado que cada vez son menos los bolivianos indocumentados en su país gracias a un programa de regularización iniciado años atrás, según los testimonios del estudio, hay centros en los que quienes migraron de Bolivia son la mayoría, al extremo que alguno de ellos recuerda que, a veces, «se cuelan» nacionales de otros países.
No todas las personas que son recluidas en los CIE terminan siendo deportadas, pues algunas sí tienen sus papeles en regla, lo que implica que a veces la Policía española no hace esfuerzo alguno por distinguir a quienes son «irregulares» de quienes no, lo que a su vez es indicador del modo en que los extranjeros son percibidos por las fuerzas del orden en España. Consultadas, autoridades de la Cancillería boliviana han explicado que por razones de soberanía los agentes consulares tienen poco o ningún acceso a estos centros de internamiento, ya que formalmente no son recintos carcelarios, lo que significa que a los ya señalados rigores se suma la ausencia de apoyo estatal para quienes pierden su libertad de esta manera.
Se trata, en suma, de los rigores impuestos por la Directiva de Retorno, polémica norma adoptada el 2008 por varios países europeos con el explícito objetivo de desincentivar la migración ilegal a través de aplicar sanciones de tipo penal, tales como la señalada detención en recintos especiales y que puede prolongarse hasta por 18 meses.
Ante ese estado de cosas, que al parecer se acepta con resignación en el mundo diplomático de los países expulsores de migrantes, sólo queda recordar una vez más la vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a menudo sirve para descalificar a unos países, pero ni se menciona en el caso de otros.