En efecto, esta semana los vecinos de Callapa, una de las zonas afectadas por la caída del cerro, se movilizaron masivamente para impedir la aprobación de una ordenanza municipal que tenía por objeto prohibir temporalmente la construcción de nuevas viviendas, los trabajos agrícolas y la sobreexplotación de áridos de la zona, hasta que se tengan los resultados de un estudio de suelos que el Gobierno central se comprometió a ejecutar y que, según los dirigentes del grupo movilizado, ponía en cuestión el derecho propietario de las personas sobre sus terrenos.
La movilización fue exitosa, pues la aprobación del proyecto de ordenanza fue suspendida, pese a que, como demostró la presidenta del Concejo Municipal, se basa en previsiones necesarias para evitar nuevos deslizamientos que pudieran poner en riesgo la vida y los bienes de quienes allí pretenden habitar.
Sin embargo, no es difícil comprender la incertidumbre que motivó la movilización, pues los afectados señalaron que incluso conservando los títulos de propiedad quedaban impedidos de ejecutar trabajos en dichas tierras. En ese caso, parece, poco importa el riesgo latente cuando se trata de garantizar para sí y los suyos una vivienda o el trabajo que sirve para el sustento diario.
Seguramente alentados por este primer logro, los dirigentes decidieron dar un paso más y ahora exigen al municipio que se aboque a la tarea de estabilizar los suelos para permitir cuanto antes la nueva siembra, así como construir allí las viviendas prefabricadas que una coalición de instituciones está financiando para los damnificados. El Alcalde ha respondido que tal cosa sería un desperdicio de dinero si se ejecuta antes de contar con el ya señalado estudio de suelos.
Tendrán que disponer las autoridades municipales de paciencia y habilidad negociadora para superar este nuevo conflicto, que además se ve agravado por una sospechosa actitud de algunos dirigentes que han estado poniendo obstáculos al registro de damnificados, cuyas cifras, según algunas versiones, difieren según quién elabora la lista, lo que sugiere la intención de beneficiar a personas que no fueron afectadas por el deslizamiento.
No se puede, en este caso, ser pragmáticos o insensibles, pues la tierra y la vivienda son, por donde se lo mire, los bienes más preciados para las personas, y más aun cuando han sido víctimas de un desastre que se llevó todo lo que poseían. Duro reto para el municipio.