Llegar a viejo
Obsesionada con el rendimiento, la sociedad mira con desprecio a los adultos mayores
El estudio, realizado por la institución nacional de derechos humanos y la ONG Help Age, señala que asociado a la renta de jubilación suele haber un seguro de salud en alguna de las cajas, y precisamente porque casi cuatro de cada cinco adultos mayores no acceden a esta forma de atención médica, la ley del sector dispone la existencia de un seguro gratuito, al que se le atribuyen más defectos que virtudes.
Según explicó el Defensor del Pueblo en el acto de presentación del estudio, los derechos más vulnerados de los adultos mayores se relacionan con la discriminación en razón de edad, agravada por condiciones de pobreza y extrema pobreza. Una de las explicaciones posibles a este estado de desprotección está en que la sociedad contemporánea mira con desprecio a los adultos mayores, porque, obsesionada con la competencia y el rendimiento, considera a la senectud como improductiva y, por tanto, como una carga.
Sin embargo, por el solo hecho de poseer lo que nadie más: experiencia, las y los adultos mayores aportan a la vida en común con sus comentarios, consejos y enseñanzas. Se trata, pues, de una función social de la cual ningún grupo humano puede realmente prescindir. Aun así, cruzar el umbral de la vejez, para la mayoría de las personas, significa entrar a un espacio de discriminación y segregación combinadas.
Asimismo, entre los defectos identificados en la prestación del seguro gratuito están el que su cobertura sea solamente urbana, el maltrato de parte del personal médico y administrativo a los adultos mayores, y la ausencia de canales expeditos que faciliten el desembolso de recursos a los entes gestores, que por esta razón restringen su servicio.
Por otra parte, debe señalarse que las mencionadas condiciones en las que se presta el servicio médico del seguro gratuito son otro indicador del estado general del sistema de salud pública del país.
La creación, hace un lustro, del bono Dignidad, que llega a manos de casi 850 mil adultos mayores, seguramente amortigua los peores efectos de la pobreza en la vida de estas personas, sin embargo, no garantiza el goce de otros derechos. Lo que debe reclamarse, entonces, más que recursos económicos adicionales, que de seguro son necesarios, es una mejor política pública, capaz de dar cuenta de la complejidad del fenómeno del envejecimiento y el modo en que Estado y sociedad deben afrontarlo.