Desde el momento en que el Presidente del Estado promulgó el decreto que dispone un incremento salarial de 10%, la organización de los trabajadores anunció su disconformidad, menos por razones vinculadas al interés de los asalariados que por apetitos de algunos dirigentes, que no han ocultado su interés en terciar en las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la COB o, peor, de crear un nuevo partido político.
Nada de malo tiene que un dirigente pretenda organizar una agrupación política que le permita aspirar a algún cargo de representación popular o incluso la presidencia del Estado, pero sí es reprochable que para construirse una plataforma movilice a miles de trabajadores y ponga a la ciudad sede de gobierno en asedio durante tantos días, abonando la sospecha de que existen intereses sediciosos.
Ciertamente, detrás de la movilización hubo mucho más que las dos intenciones señaladas, y por ello tanto el fin de semana anterior como el que acaba de terminar el diálogo entre sindicalistas y autoridades ha girado sobre ocho puntos de debate, siendo siete de ellos más artificios retóricos que asuntos de preocupación real entre los dirigentes, y en esa misma medida han recibido una respuesta gubernamental.
Y aquí lo que preocupa no es el cariz que tuvo el pliego petitorio, pues responde a una práctica consuetudinaria de la COB desde hace ya muchas décadas, sino los efectos de la protesta en el grueso de la población, que apoya cada vez menos al ente de los trabajadores, pues los métodos de lucha que ha adoptado son amargos para ellos más que para los gobernantes o las élites económicas.
Es difícil reconocer como exitoso el resultado de la agotadora negociación, tal vez la más larga de todo el último periodo democrático, pero sí es posible señalar que la COB resultó más debilitada que el Gobierno, ya que con el paso de los días la primera adquirió la imagen de irracional y caprichosa, mientras que el segundo ha mantenido la coherencia con su discurso de servir a todo el pueblo y no solo a unos pocos grupos.
Para el Ejecutivo queda ahora la tarea de materializar su promesa de derogar el DS 21060 y eliminar todo rastro de fundamentalismo neoliberal en la gestión pública, cosa sin duda más fácil de anunciar que de ejecutar. Para la COB, en cambio, la tarea será reconstruir su credibilidad, pues lo que queda de estas dos semanas de conflicto es apenas la certeza de que la clase trabajadora merece mejores representantes.