La postergación del Censo nacional generó un debate más bien inútil que deja a un lado cuestiones sustantivas, tanto de carácter técnico como sobre la gestión de resultados. Se han producido también algunas desviaciones, como el anuncio del Gobernador cruceño de realizar un levantamiento estadístico. Es fundamental blindar el Censo más allá de la disputa por su fecha de realización.

Si bien el sentido común indicaba que el Censo Nacional de Población y Vivienda era inviable en la fecha definida por el Órgano Ejecutivo (noviembre de este año), su postergación hasta 2024 provocó la molestia de la institucionalidad cruceña. Pese a que gobernadores, alcaldes y rectores asumieron el nuevo horizonte temporal del Censo, la Gobernación de Santa Cruz, el Comité Cívico y la alianza Creemos (que más o menos expresan lo mismo) decidieron exigir, dar ultimátum y, una vez más, optar por el paro.

A reserva de cómo discurran las medidas de presión impulsadas por la élite cruceña, que en el paro de mañana y el martes expresa división interna con disidencias (alcaldes, gremiales, transportistas), lo importante es discutir técnicamente las condiciones para un censo de calidad, cuyos datos sean incuestionables. Eso no se logrará si priman las consignas en desmedro del debate informado. El reto principal, asumiendo de manera razonable que el Censo se hará el primer semestre de 2024, es cuidarlo.

En ese contexto, que anticipa futuras tensiones y conflictos respecto a los resultados del Censo 2024, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no tuvo mejor ocurrencia que anunciar un levantamiento estadístico, esto es, un estudio departamental que provea datos sobre población, desempleo, salud y educación. Camacho sabe que no puede realizar un censo, ya que solo el nivel central tiene competencia para el efecto. Por ello dispondrá de recursos públicos para elaborar una encuesta.

En principio la idea de tener estadísticas propias es buena, excepto por el hecho de que pretende sustituir el Censo y, por tanto, condicionar sus resultados. Y son precisamente los resultados los que cuentan para cuestiones esenciales, que no se están discutiendo, como la distribución de recursos en el marco de un pacto fiscal, la redistribución de escaños en Diputados y, en general, la definición de políticas públicas con arreglo a los nuevos datos. La disputa sigue concentrada en la forma.

Si el liderazgo cruceño sigue batiéndose puertas adentro, sin mirar y menos entender el país, no podrá ir más allá de sus murallas, que además tienen cada vez más grietas. En esa lógica de trinchera se sitúa el levantamiento estadístico del gobernador Camacho. Claro que al Gobierno también le falta mirar y entender Santa Cruz. Así pues, haríamos bien todos en concentrar energía y recursos a fin de blindar técnicamente la realización del Censo y construir puentes para la gestión de sus resultados.

Aunque desde hace años parece superada la antigua idea de que el conocimiento humano termina registrado y conservado en textos escritos e impresos, a menudo en forma de libro, es evidente que este objeto de la cultura ha perdido presencia en los mercados, así como está perdiendo su forma física para transformarse en digital, pero no su importancia para el conocimiento y la cultura.

De ahí que son muchas las ciudades en el mundo donde se realizan, generalmente una vez al año, ferias del libro, donde las y los escritores se encuentran con las y los editores y, sobre todo, con el público. La Paz no es la excepción y desde ayer se realiza en la sede de gobierno la versión número 23 de la Feria Internacional del Libro (FIL), un evento que trasciende los límites del negocio de libreros, editoriales y lectoras y lectores.

Como ya es tradición, además, la feria tiene invitados especiales, este año son el Centro Cultural de España en La Paz y la ciudad chilena de Iquique. Escritoras y escritores españoles y chilenos están en la lista de personalidades que visitarán La Paz y su feria, que se extenderá hasta el domingo 14 de agosto.

Los organizadores de la FIL, la Cámara Departamental de Libro de La Paz, a través de su presidente, anunciaron que este año hay más de 150 expositores instalados en el evento que se inauguró anoche, pero que al margen de la compraventa de materiales impresos, están agendadas 218 actividades que incluyen presentaciones de libros e investigaciones, coloquios, conciertos musicales y otras relacionadas con el quehacer cultural; personas de todas las edades, desde la niñez, encontrarán algo qué hacer.

Precisamente por eso es que el presidente de la Cámara de libreros explicó que lo que busca la FIL es “diversificar la oferta y que no sea una feria solo de libros; es la tendencia en todo el mundo”. Significa también que los objetos de la cultura por lo general no se presentan solos, sino que en la vida cotidiana se articulan unos con otros, y qué mejor que ofrecerlos así.

Se trata, pues, de un evento en el que casas editoriales y distribuidoras de libros tienen un espacio dedicado a su comercio, pero sobre todo donde el público puede acceder, en una sola visita, en un mismo lugar, toda la oferta literaria, académica y científica; un evento que dinamiza un mercado cada día más difícil, pues si bien no necesariamente faltan lectores, sí es posible que sean cada vez menos las personas dispuestas a invertir dinero en libros.

La FIL es un evento cultural de importancia equivalente a otras manifestaciones de la cultura, como las fiestas patronales, por ejemplo, y su realización ayuda a la sociedad a conocer la producción de sus intelectuales y artistas de manera directa. Debe celebrarse su realización anual, y debería acompañarse de políticas públicas que fomenten la producción intelectual, pero sobre todo la lectura de ésta.

Días atrás, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público el informe de la Encuesta de Hogares 2021, un estudio que arroja importantes datos en víspera de la preparación y ejecución del Censo Nacional, postergado posiblemente hasta 2024. Los hallazgos de la encuesta son reveladores, pues muestran a una Bolivia cuya población se transforma a pasos agigantados.

El dato que destaca en primer lugar en el informe del INE es el que revela que de un total aproximado de 11,9 millones de personas, siete de cada 10 viven en algún centro urbano (70,5%), con Santa Cruz y Beni como los departamentos más urbanizados (84% y 75,4% de su población viviendo en áreas urbanas, respectivamente) y los menos Chuquisaca y Potosí (51,6% y 43,4%, respectivamente). En prácticamente todas las categorías del análisis esta distancia entre el departamento oriental y el minero se repite.

La distribución de la población urbana y rural según edad muestra que la proporción de personas viviendo fuera de las ciudades es mayor entre aquellos que tienen de cero y 17 años y quienes tienen 50 años o más. La población urbana es ostensiblemente mayor en los segmentos de entre 18 y 49 años de edad. Así, el dato confirma lo que diversos estudios ya han mostrado antes: Bolivia se está urbanizando a gran velocidad, y aquellos departamentos con mayor población rural, por esta misma razón, concentran más pobreza.

De ahí que Santa Cruz, el departamento más urbanizado, tenga un promedio de 25% de su población viviendo en la pobreza frente a Potosí, donde el 57,8% de la población es pobre; además, este número coincide casi plenamente con el de personas habitando en el área rural. Chuquisaca es el siguiente departamento con mayor porcentaje de personas viviendo en pobreza: 53,3%. La alarmante constatación debería motivar un mejor esfuerzo del Estado para disminuir tanta pobreza.

El dato más controversial aparece cuando se indaga la identidad étnico cultural de las personas, pues en promedio solo el 26,5% de la población encuestada reconoce pertenecer a alguna nación o pueblo indígena originario campesino (NPIOC); el porcentaje es similar al de personas que reconocen hablar algún idioma nativo. Las diferencias en la identificación étnica y el uso del idioma coinciden con los porcentajes de distribución urbano-rural. Es decir que el proceso de urbanización implica no solo la migración del campo a la ciudad sino también aculturación.

Los datos que aquí se comentan son apenas unos cuantos de los contenidos en el informe del INE. Permiten actualizar proyecciones, muy en boga ahora que un pequeño segmento de la población ha decidido hacer causa suya la pronta realización del Censo. También actualizan prejuicios, al revelar, por ejemplo, la correlación entre residencia e identidad; tal vez eso ayude a explicar el interés de algunos en contabilizar personas “mestizas”: la Encuesta de Hogares acaba de hacerlo, sin necesidad de emplear la discutible categoría.

Diez meses después de haber lanzado una convocatoria de reforma judicial, un grupo de juristas presentó oficialmente su propuesta al TSE a fin de activar un referendo, por iniciativa ciudadana, de reforma parcial de la Constitución. Se trata de una importante propuesta que debiera ser discutida. Y que debe sortear todavía un conjunto de requisitos, plazos y procedimientos.

En septiembre de 2021, una decena de juristas del país (que se autodenominan “independientes”, pero que en su mayoría provienen del campo de la oposición) hizo pública una propuesta de reforma de la justicia, cuya realización implica la modificación parcial de la Constitución Política del Estado. El mecanismo de convocatoria asumido fue la iniciativa popular. En los siguientes meses el grupo conformó comités departamentales, socializó la propuesta con otros juristas y la afinó hasta su versión actual.

En esencia, la propuesta busca modificar el sistema de selección y designación de magistrados y jueces (además del Fiscal General), con una Comisión de Postulaciones; establecer un presupuesto anual mínimo del 3% con autonomía presupuestaria del Órgano Judicial y reestructuración del Consejo de la Magistratura; y garantizar el acceso universal a la justicia revitalizando la jurisdicción indígena y mediante juzgados de paz. Para el efecto se plantea modificar 15 artículos e incluir otros dos en la Constitución.

Considerando la evidencia de crisis del sistema de administración de justicia en el país y asumiendo la necesidad de su reforma integral, la iniciativa de los juristas suma valiosos elementos de diagnóstico y propositivos para el gran debate nacional que se requiere sobre el tema. Hay otras iniciativas en curso con el mismo propósito, como los diálogos plurales para la transformación de la justicia impulsados por la Vicepresidencia del Estado y el Ministerio de Justicia con acompañamiento de Naciones Unidas.

La iniciativa de los juristas, que pretenden llegar a referendo constitucional, debe superar varios pasos. El primero es la verificación técnica que hace el TSE de las cuatro preguntas planteadas a fin de garantizar que sean claras, precisas e imparciales. Luego corresponde lograr la declaración de constitucionalidad de las preguntas. Y lo más complejo para los promotores: la recolección de adhesiones en el porcentaje previsto en la norma, esto es, cerca de un millón y medio de firmas en un plazo de 90 días.

Si todo fluye bien, la iniciativa popular para convocar un referendo tiene una temporalidad mínima de ocho a nueve meses (incluida la verificación de firmas y huellas dactilares de los adherentes). Estará muy cerca pues de la convocatoria, el primer semestre del próximo año, a la elección de altas autoridades judiciales. Lo fundamental, en todo caso, es que todos los caminos para la imprescindible reforma de la justicia confluyan en un gran acuerdo nacional con amplia participación y deliberación pública.

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se irán normalizando a partir de la asunción de Gustavo Petro a la presidencia en este próximo 7 de agosto. De esa manera, se cierra un triste periodo en el que esas dos naciones hermanas se dieron la espalda y en el que las intensas relaciones comerciales, económicas, sociales y familiares de sus ciudadanos se vieron entorpecidas.

En una reunión entre el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, y el próximo canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva, se acordó restablecer las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores entre ambos países a partir del 7 de agosto. Esta decisión acompaña una serie de anuncios del nuevo gobierno colombiano con relación a la apertura de los pasos fronterizos entre ambas naciones y la paulatina normalización de las relaciones en la amplia y compleja frontera que comparten los dos países.

Esta es una señal del fin de la política del presidente Duque de ruptura del diálogo y de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Decisión que estuvo además acompañada de un polémico reconocimiento de un poder ejecutivo alternativo en Venezuela y cierta tolerancia a actividades que apuntaban a desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.

En medio de ese conflicto, las comunidades y ciudadanos colombianos y venezolanos que habitan la frontera resultaron directamente afectados por el cierre de las fronteras y el aumento de la tensión bilateral. Situación grave considerando que esas zonas estaban acostumbradas a un flujo binacional de comercio y población muy intenso y de larga data.

La falta de colaboración entre ambos países derivó, igualmente, en un aumento de la delincuencia, de la presencia de grupos irregulares armados y del crimen organizado en ambos lados de la línea fronteriza.

Por esa razón, en Colombia hay un apoyo bastante amplio a esta normalización de relaciones incluso entre representantes de fuerzas políticas de signo contrario a los partidos de izquierda y centro que sostienen al nuevo gobierno. También los empresarios y población de las zonas fronterizas han manifestado su satisfacción con este nuevo estado de situación.

Lo más triste de esta historia es que el sacrificio y los inconvenientes de estas poblaciones sirvieron al final muy poco para contribuir a una solución de las divergencias políticas internas en Venezuela. Al contrario, en ciertos momentos se azuzaron la confrontación y polarización en el país caribeño. Es muy positivo que el nuevo gobierno colombiano vuelva a una política que se enmarque en el respeto de la soberanía, el rechazo a los bloqueos que solo dañan a la población, que apueste a la diplomacia y que contribuya a soluciones dialogadas a los problemas de otras naciones.