La disputa interna en el liderazgo cruceño por visiones diferentes en torno al Censo generó no solo intercambio de ataques verbales, sino también la amenaza de revocatorias. Las partes enfrentadas anuncian con entusiasmo que revocarán el mandato del gobernador Camacho y del alcalde Fernández. Habrá que esperar hasta principios de 2024 para ver la viabilidad de tales procesos.

Más allá del enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la llamada “institucionalidad cruceña” (con centro en la Gobernación, el Comité pro Santa Cruz y la alianza Creemos) sobre la fecha del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, el último paro expresó fuertes divergencias internas. Por un lado, está el gobernador Camacho, que exige la realización del Censo el próximo año; por otro, el alcalde Fernández que, sin descartar la opción de 2024, plantea una definición técnica de la fecha.

Esta contienda se manifestó claramente en el reciente paro de 48 horas: la Gobernación fue parte activa de la medida, en tanto que la Alcaldía de la capital cruceña no acató el paro. Más allá de visiones distintas sobre el Censo, está en juego una disputa de liderazgos en Santa Cruz. Y también respecto al tipo de relación que se espera entre el nivel central del Estado y el departamento, más apegada al conflicto o a la concertación. En medio hay ataques personales y discursos de “traición”.

Como sea, y a reserva de las futuras medidas de presión que adopte el grupo de Camacho contra el Censo 2024 y del posicionamiento de Fernández, un hecho concreto es que se presentaron formalmente, ante el Tribunal Electoral Departamental, solicitudes de revocatoria de mandato tanto contra el Alcalde como contra el Gobernador. Claro que se trata de solicitudes prematuras y, por tanto, en este momento, solamente simbólicas. El Alcalde declaró que acepta el desafío y es probable que el Gobernador haga lo mismo.

Según la normativa vigente, el periodo de revocatoria se inicia transcurrida la mitad de mandato de la autoridad electa. En el caso de los gobernadores y alcaldes posesionados en mayo de 2021, las solicitudes tendrán validez legal desde noviembre de 2023. Y recién a principios del 2024 se sabrá si los impulsores cumplieron o no el requisito de firmas. No parece sencillo, pues se requiere 25% del padrón departamental para la revocatoria del gobernador y 30% del padrón municipal en el caso del alcalde.

El revocatorio como amenaza ya fue planteado hace algunos meses contra el Alcalde de La Paz. Claro que entre el anuncio y su realización hay un largo trecho, con varios plazos y requisitos. En el caso de Camacho y Fernández se trata claramente de una demostración de fuerza, que por ahora solo busca debilitar la legitimidad de ambos y, en su caso, desestabilizar la gestión. En esta confrontación política pareciera que no cuenta el tema de fondo: la realización de un Censo Nacional con calidad técnica.

El paro de 48 horas ejecutado en Santa Cruz de la Sierra el lunes y martes terminó convertido en un enfrentamiento entre las máximas autoridades de los gobiernos departamental y municipal; del Censo no se dijo casi nada, pese a que era el motivo de la movilización. La capital cruceña, porque en el resto del departamento el conflicto no parece ser tal, es el escenario de diversas crisis.

La previsible violencia desatada en zonas como el Plan Tres Mil o el polémico atentado contra la vivienda del Alcalde no fueron óbice para que los organizadores del paro afirmaran que fue un éxito: gran parte de la ciudad estuvo bloqueada durante las dos jornadas y tanto las actividades productivas como muchas de las comerciales fueron interrumpidas. Sin embargo, si se evalúa desde el propósito por el cual fue convocado, el paro no logró resultado alguno: el Gobierno no ha cambiado la decisión de postergar el Censo hasta 2024.

En todo caso, según el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, los paros ya le han costado a Santa Cruz aproximadamente “45 millones de dólares que deja de producir en bienes y servicios”. Tal vez los grandes empresarios que acompañan a la “institucionalidad cruceña” puedan absorber el costo de la protesta, pero es probable que medianos, pequeños y micro empresarios piensen mucho antes de seguir apoyando al Gobernador y su escudero, el presidente del Comité pro Santa Cruz.

En su discurso de ocasión, el Gobernador cruceño anunció que se está considerando un nuevo paro de 72 horas, pero también un cabildo para tomar decisiones. Es fácil imaginar que ante la paulatina reducción del apoyo que habían logrado galvanizar, sea más fácil legitimar sus medidas en un acto de masas donde solo cuenta la aparente unanimidad de las reacciones de quienes están presentes, y no el diálogo informado y razonado que podría producirse, por ejemplo, en una reunión del “comité interinstitucional”, cuyo responsable, el rector de la universidad pública, ya anunció que no aceptará decisiones unilaterales.

Así, es imposible señalar que el éxito del paro sea una victoria para quienes lo realizaron, y a lo mucho ha servido para que se sugiera la posibilidad de un referéndum revocatorio para el Alcalde de la capital, pero también para el Gobernador del departamento. Hay, pues, crisis política para las máximas autoridades electas; crisis en el liderazgo de instituciones como el Comité Cívico y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; y crisis de identidad en el cruceñismo, que ha desempolvado viejos y superados discursos como el de “avasallamiento” de “collas” que “odian a Santa Cruz”.

Por supuesto, también está la crisis de quienes viven al día y ven una y otra vez que las clases medias, probablemente con empleo y salario asegurado, les impiden ejercer su derecho al trabajo. La incapacidad que muestran las élites cruceñas ya no solo para mirar al país, sino también a grandes sectores de su propia población, solo puede acarrear desgracias.

La postergación del Censo nacional generó un debate más bien inútil que deja a un lado cuestiones sustantivas, tanto de carácter técnico como sobre la gestión de resultados. Se han producido también algunas desviaciones, como el anuncio del Gobernador cruceño de realizar un levantamiento estadístico. Es fundamental blindar el Censo más allá de la disputa por su fecha de realización.

Si bien el sentido común indicaba que el Censo Nacional de Población y Vivienda era inviable en la fecha definida por el Órgano Ejecutivo (noviembre de este año), su postergación hasta 2024 provocó la molestia de la institucionalidad cruceña. Pese a que gobernadores, alcaldes y rectores asumieron el nuevo horizonte temporal del Censo, la Gobernación de Santa Cruz, el Comité Cívico y la alianza Creemos (que más o menos expresan lo mismo) decidieron exigir, dar ultimátum y, una vez más, optar por el paro.

A reserva de cómo discurran las medidas de presión impulsadas por la élite cruceña, que en el paro de mañana y el martes expresa división interna con disidencias (alcaldes, gremiales, transportistas), lo importante es discutir técnicamente las condiciones para un censo de calidad, cuyos datos sean incuestionables. Eso no se logrará si priman las consignas en desmedro del debate informado. El reto principal, asumiendo de manera razonable que el Censo se hará el primer semestre de 2024, es cuidarlo.

En ese contexto, que anticipa futuras tensiones y conflictos respecto a los resultados del Censo 2024, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no tuvo mejor ocurrencia que anunciar un levantamiento estadístico, esto es, un estudio departamental que provea datos sobre población, desempleo, salud y educación. Camacho sabe que no puede realizar un censo, ya que solo el nivel central tiene competencia para el efecto. Por ello dispondrá de recursos públicos para elaborar una encuesta.

En principio la idea de tener estadísticas propias es buena, excepto por el hecho de que pretende sustituir el Censo y, por tanto, condicionar sus resultados. Y son precisamente los resultados los que cuentan para cuestiones esenciales, que no se están discutiendo, como la distribución de recursos en el marco de un pacto fiscal, la redistribución de escaños en Diputados y, en general, la definición de políticas públicas con arreglo a los nuevos datos. La disputa sigue concentrada en la forma.

Si el liderazgo cruceño sigue batiéndose puertas adentro, sin mirar y menos entender el país, no podrá ir más allá de sus murallas, que además tienen cada vez más grietas. En esa lógica de trinchera se sitúa el levantamiento estadístico del gobernador Camacho. Claro que al Gobierno también le falta mirar y entender Santa Cruz. Así pues, haríamos bien todos en concentrar energía y recursos a fin de blindar técnicamente la realización del Censo y construir puentes para la gestión de sus resultados.

Aunque desde hace años parece superada la antigua idea de que el conocimiento humano termina registrado y conservado en textos escritos e impresos, a menudo en forma de libro, es evidente que este objeto de la cultura ha perdido presencia en los mercados, así como está perdiendo su forma física para transformarse en digital, pero no su importancia para el conocimiento y la cultura.

De ahí que son muchas las ciudades en el mundo donde se realizan, generalmente una vez al año, ferias del libro, donde las y los escritores se encuentran con las y los editores y, sobre todo, con el público. La Paz no es la excepción y desde ayer se realiza en la sede de gobierno la versión número 23 de la Feria Internacional del Libro (FIL), un evento que trasciende los límites del negocio de libreros, editoriales y lectoras y lectores.

Como ya es tradición, además, la feria tiene invitados especiales, este año son el Centro Cultural de España en La Paz y la ciudad chilena de Iquique. Escritoras y escritores españoles y chilenos están en la lista de personalidades que visitarán La Paz y su feria, que se extenderá hasta el domingo 14 de agosto.

Los organizadores de la FIL, la Cámara Departamental de Libro de La Paz, a través de su presidente, anunciaron que este año hay más de 150 expositores instalados en el evento que se inauguró anoche, pero que al margen de la compraventa de materiales impresos, están agendadas 218 actividades que incluyen presentaciones de libros e investigaciones, coloquios, conciertos musicales y otras relacionadas con el quehacer cultural; personas de todas las edades, desde la niñez, encontrarán algo qué hacer.

Precisamente por eso es que el presidente de la Cámara de libreros explicó que lo que busca la FIL es “diversificar la oferta y que no sea una feria solo de libros; es la tendencia en todo el mundo”. Significa también que los objetos de la cultura por lo general no se presentan solos, sino que en la vida cotidiana se articulan unos con otros, y qué mejor que ofrecerlos así.

Se trata, pues, de un evento en el que casas editoriales y distribuidoras de libros tienen un espacio dedicado a su comercio, pero sobre todo donde el público puede acceder, en una sola visita, en un mismo lugar, toda la oferta literaria, académica y científica; un evento que dinamiza un mercado cada día más difícil, pues si bien no necesariamente faltan lectores, sí es posible que sean cada vez menos las personas dispuestas a invertir dinero en libros.

La FIL es un evento cultural de importancia equivalente a otras manifestaciones de la cultura, como las fiestas patronales, por ejemplo, y su realización ayuda a la sociedad a conocer la producción de sus intelectuales y artistas de manera directa. Debe celebrarse su realización anual, y debería acompañarse de políticas públicas que fomenten la producción intelectual, pero sobre todo la lectura de ésta.

Días atrás, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público el informe de la Encuesta de Hogares 2021, un estudio que arroja importantes datos en víspera de la preparación y ejecución del Censo Nacional, postergado posiblemente hasta 2024. Los hallazgos de la encuesta son reveladores, pues muestran a una Bolivia cuya población se transforma a pasos agigantados.

El dato que destaca en primer lugar en el informe del INE es el que revela que de un total aproximado de 11,9 millones de personas, siete de cada 10 viven en algún centro urbano (70,5%), con Santa Cruz y Beni como los departamentos más urbanizados (84% y 75,4% de su población viviendo en áreas urbanas, respectivamente) y los menos Chuquisaca y Potosí (51,6% y 43,4%, respectivamente). En prácticamente todas las categorías del análisis esta distancia entre el departamento oriental y el minero se repite.

La distribución de la población urbana y rural según edad muestra que la proporción de personas viviendo fuera de las ciudades es mayor entre aquellos que tienen de cero y 17 años y quienes tienen 50 años o más. La población urbana es ostensiblemente mayor en los segmentos de entre 18 y 49 años de edad. Así, el dato confirma lo que diversos estudios ya han mostrado antes: Bolivia se está urbanizando a gran velocidad, y aquellos departamentos con mayor población rural, por esta misma razón, concentran más pobreza.

De ahí que Santa Cruz, el departamento más urbanizado, tenga un promedio de 25% de su población viviendo en la pobreza frente a Potosí, donde el 57,8% de la población es pobre; además, este número coincide casi plenamente con el de personas habitando en el área rural. Chuquisaca es el siguiente departamento con mayor porcentaje de personas viviendo en pobreza: 53,3%. La alarmante constatación debería motivar un mejor esfuerzo del Estado para disminuir tanta pobreza.

El dato más controversial aparece cuando se indaga la identidad étnico cultural de las personas, pues en promedio solo el 26,5% de la población encuestada reconoce pertenecer a alguna nación o pueblo indígena originario campesino (NPIOC); el porcentaje es similar al de personas que reconocen hablar algún idioma nativo. Las diferencias en la identificación étnica y el uso del idioma coinciden con los porcentajes de distribución urbano-rural. Es decir que el proceso de urbanización implica no solo la migración del campo a la ciudad sino también aculturación.

Los datos que aquí se comentan son apenas unos cuantos de los contenidos en el informe del INE. Permiten actualizar proyecciones, muy en boga ahora que un pequeño segmento de la población ha decidido hacer causa suya la pronta realización del Censo. También actualizan prejuicios, al revelar, por ejemplo, la correlación entre residencia e identidad; tal vez eso ayude a explicar el interés de algunos en contabilizar personas “mestizas”: la Encuesta de Hogares acaba de hacerlo, sin necesidad de emplear la discutible categoría.