Ninguna sociedad se puede dar el lujo de echar a perder toneladas de comida, y mucho menos un país como Bolivia, en el que la pobreza afecta a más del 50% de su población. Por eso, resulta inconcebible que las más de 289 toneladas de donativos entregados luego del megadeslizamiento continúen acopiados (42 días después) a merced de los ratones y el deterioro del medio ambiente. El municipio paceño justifica este hecho por la falta de un inventario detallado de los víveres, y el retraso de su entrega formal de parte de las autoridades centrales. Excusas administrativas que pueden ser válidas si se piensa en una auditoría, pero que si se las contrapone con la imagen de una madre que busca desesperadamente alimentar a sus hambrientos hijos pecan de irracionales; y su enunciación debería causar, a lo menos, vergüenza.
Valga la penosa experiencia para comprender que los conflictos internos de tinte político y la ineficiencia administrativa son también responsables de la pobreza, que el bienestar de mucha gente se ve cotidianamente erosionado por la burocracia estatal; y que una mayor descentralización administrativa y política en el país —que mejore la eficiencia de las políticas públicas y acerque el Gobierno a la población— es más que deseable.