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martes 17 may 2022 | Actualizado a 17:25

Adelantarse al invierno

En el país, el invierno se presenta a mediados de año con todas sus credenciales: noches más largas, poca agua y mucho frío; pero tal parece que este 2011 la estación fría decidió llegar con un mes de anticipación.

Por La Razón

/ 6 de mayo de 2011 / 05:00

En el país, el invierno se presenta a mediados de año con todas sus credenciales: noches más largas, poca agua y mucho frío; pero tal parece que este 2011 la estación fría decidió llegar con un mes de anticipación.

Por lo menos así lo entendió la Dirección Departamental de Educación (DDE), que decidió adelantar el horario de invierno para los establecimientos educativos a partir del lunes 9 de mayo. Las bajas temperaturas y el incremento de gripes y resfríos fueron las causas que motivaron tal determinación. En efecto, sólo en la ciudad de La Paz, los casos de niños con infecciones respiratorias agudas se duplicó en la última semana, al extremo de colapsar la capacidad del Hospital del Niño, que atiende en promedio a 150 pacientes diariamente por problemas de tipo respiratorio. Lo propio acontece en El Alto. 

La determinación de retrasar los horarios favorece sin duda a la salud de los estudiantes, pero puede resultar insuficiente si no viene acompañada por medidas complementarias, como una alimentación balanceada que mantenga elevado el nivel inmunológico de los niños, y una adecuada higiene que evite la exposición del virus que causa el resfrío. Aspectos que sólo se pueden conseguir a través de políticas públicas agresivas que involucren a toda la población.

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Respirar teatro

Durante los últimos 10 días se organizaron 67 actividades relacionadas con las artes escénicas.

Por La Razón

/ 16 de mayo de 2022 / 01:02

Luego de 10 intensas jornadas, ayer ha terminado la 13ª versión del Festival Internacional de Teatro de La Paz (Fitaz), un encuentro con las artes dramáticas que no solo sitúa a la ciudad sede de gobierno en el radar de artistas y críticos, sino también reconecta a la población con una de las formas más antiguas de las artes del espectáculo en Occidente.

No solo eso: el festival no se había realizado de manera presencial desde hace años, antes incluso del inicio de la pandemia por el COVID-19. La falta de apoyo de las instituciones públicas y de auspicios suficientes de las privadas hicieron cuesta arriba el camino de las personas que año tras año desde 1999 se dedican a reunir en los escenarios paceños a artistas de varios países con el público.

En total, durante los últimos 10 días se organizaron 67 actividades relacionadas con las artes escénicas, incluyendo, por supuesto, puestas en escena de obras para adultos, para niños y niñas, e incluso para públicos virtuales, aprovechando las nuevas tecnologías, además de espacios de formación, de intercambio entre artistas y gestores culturales, talleres y foros.

Numerosas reseñas publicadas en diversos medios, incluyendo la crítica diaria que encontró espacio en las páginas de la sección Cultura de LA RAZÓN, dan cuenta no solo de un evento que resultó exitoso por la calidad de las presentaciones y artistas llegados de otras ciudades del país y del extranjero, sino también por la respuesta del público, que en gran parte de las presentaciones volteó la taquilla incluso días antes de la función.

Previsiblemente, todos los géneros teatrales fueron representados en las tablas, pero también en calles y plazas y otros espacios no convencionales, como las pantallas de las computadoras en las funciones virtuales, una innovación que mucho le debe a los dos años de pandemia que el mundo entero lleva tolerando.

Inevitablemente, la crítica social fue parte de la oferta de espectáculos: desde la obra Palmasola, que de un modo valiente y atrevido pone ante las y los espectadores la vida cotidiana de una de las cárceles más conflictivas del país, pasando por Si nos permiten hablar, homenaje al legado de Domitila Barrios de Chungara, que es más que solo testimonio de un momento trascendental de la historia boliviana, hasta El divino anticristo, obra chilena que pone en escena las miserias y grandezas de los desplazados por la sociedad del vecino país.

Gestores culturales, dramaturgos, actores y actrices y toda clase de teatristas tuvieron ocasión de encontrarse, conocerse e intercambiar información y conocimiento respecto de su pasión y arte, ese que desde hace milenios encanta, sorprende y extraña a los públicos de todo el mundo, que buscan en el espectáculo teatral historias que ora muestran facetas poco vistas de la vida cotidiana, ora representan sorprendentes aventuras históricas o fantásticas. Durante 10 días los habitantes de La Paz respiraron teatro, y es deseable que tan positiva experiencia anual nunca más deje de repetirse.

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Un año opaco

Hay legitimidad de origen, pero la legitimidad de rendimiento es todavía incierta.

Por La Razón

/ 15 de mayo de 2022 / 00:38

Si bien no es posible hacer un balance del desempeño de todos y cada uno de los actuales gobiernos en las entidades territoriales autónomas del país, en general predomina la sensación de un primer año más bien opaco. Cierto que las condiciones socioeconómicas y financieras son difíciles, pero hay serios límites en la gestión pública del nivel subnacional. Quedan cuatro años.

Las elecciones departamentales, regionales y municipales de marzo y abril de 2021 permitieron renovar la legitimidad en las urnas de gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. Concluyó así un año de prórroga en el mandato de las anteriores autoridades. El inicio de gestión ha sido complejo, en especial por los efectos de la crisis político-institucional del 2019-2020 y la persistente pandemia del COVID-19. Hay legitimidad de origen, entonces, pero la legitimidad de rendimiento es todavía incierta.

No hay suficientes datos ni diagnósticos para evaluar el curso de la gestión en las nueve gobernaciones y más de 300 gobiernos locales, pero diferentes percepciones de opinión pública, en especial en las ciudades capitales, muestran que hay más crítica y desencanto que conformidad o expectativa. Es evidente que un año es todavía poco tiempo para calificar una gestión, pero pueden observarse algunas señales y tendencias. Hay muchas necesidades y demandas, en tanto que los recursos son escasos.

En el caso de los gobiernos departamentales, en este primer año hubo controversia y cuestionamientos en especial en La Paz, Potosí y Santa Cruz. Las críticas tienen que ver con inacción, pocos resultados, decisiones polémicas, denuncias de corrupción y hasta consumo de bebidas alcohólicas en las oficinas. En otros casos, como Beni y Cochabamba, se registraron más bien algunos esfuerzos de gestión concertada. Nada de esto puede generalizarse, pero expresa diferencias de estilo y, quizás, de itinerarios.

Algo similar ocurre en los municipios de las ciudades capitales y El Alto. En algunos casos, el apoyo recibido por alcaldes y alcaldesas en las urnas, con alta votación, empieza a erosionarse por el natural desgaste en la gestión, errores propios y disputas en los concejos municipales. Influye también el hecho común de que los equipos profesionales y técnicos fueron casi completamente desmantelados para distribuir cargos entre los partidarios. Es un rito conocido también en el nivel central del Estado.

Mención especial merece la gestión del alcalde Iván Arias, exministro de Áñez. Hay miradas opuestas. Sus acólitos sostienen que es un alcalde “en movimiento”, aunque deben admitir que, por el momento, “la evaluación no puede ser exitosa” (sic). Sus adversarios, en tanto, advierten sobre una acelerada descomposición en el gobierno municipal paceño, carente de horizonte estratégico. Igual quedan cuatro años de gestión para todas las autoridades electas, con escala en el periodo de revocatoria a fines de 2023.

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Inseguridad y tragedia

Es un nuevo recordatorio de la precariedad en la que se desarrolla gran parte de las obras de construcción.

Por La Razón

/ 14 de mayo de 2022 / 02:02

La caída de un talud en la zona Sur de la ciudad de La Paz es un nuevo recordatorio de la precariedad en la que se desarrolla gran parte de las obras de construcción. No se trata solo de posible falta de cuidados suficientes de los obreros que allí trabajaban, pues ellos son las víctimas, sino sobre todo de la irresponsabilidad de los constructores y la lenidad de autoridades municipales.

Ocurrió el jueves a media tarde: de manera inesperada miles de toneladas de tierra de un talud en la zona de La Florida se desprendieron a causa de la remoción de tierra para la construcción de lo que debía ser un edificio de viviendas multifamiliar. Tres obreros quedaron enterrados, uno de ellos fue rescatado y los cuerpos de los otros dos fueron recuperados ayer.

El Secretario Municipal de Riesgos explicó que “aproximadamente en marzo se evidenció que la empresa propietaria o constructora estaba haciendo movimiento de tierra, se hicieron las notificaciones correspondientes para que suspendan los trabajos, pero consiguieron una autorización de Palca y siguieron con la construcción”. Pero la Alcaldía de Palca negó ello.

No obstante, se trata de un modus operandi ya habitual en la ciudad: prácticamente todas las obras que son observadas en el gobierno municipal paceño buscan y obtienen permisos en el de Palca. Se trata de una de las varias peleas por límites que afronta el municipio de La Paz con sus vecinos desde hace ya demasiados años sin que las autoridades nacionales y departamentales hayan mostrado la mínima voluntad de resolver, incluso a pesar de leyes que establecen claramente el procedimiento para resolver este tipo de diferendos. Están en juego no solo la jurisdicción territorial y las transferencias por coparticipación según tamaño de población, sino también pingües negocios por los permisos de construcción.

En el esquema participan arquitectos, ingenieros y constructores que, ora cansados de las trabas burocráticas, ora deseosos de evitarse los controles y restricciones impuestos por la norma municipal paceña, han descubierto que los gobiernos municipales vecinos, especialmente el de Palca, dan curso a cualquier solicitud sin más requisitos que el pago de las patentes y, en no pocos casos, discretos sobornos a funcionarios codiciosos. El resultado es la completa precariedad en la ejecución de las obras y la total ausencia de las autoridades municipales en accidentes como el que aquí se comenta, dejando el costo, humano y financiero, para el municipio paceño.

Resulta, pues, inaceptable la impunidad que casos como éste producen, ya que ni las autoridades ni los ingenieros y constructores son indagados, ni mucho menos sancionados, por la irresponsabilidad con que actúan. Quienes invariablemente pierden son los obreros afectados y sus familias, y la ciudad sede de gobierno, que se ha convertido en territorio en disputa y en tierra de nadie a la hora de aplicar la norma. Urge resolver este problema que tantas vidas cuesta.

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Indignación pasajera

El problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio.

Por La Razón

/ 13 de mayo de 2022 / 02:07

Otra vez el país está de duelo por un hecho injustificable. La muerte de cuatro estudiantes universitarias en una asamblea es una señal de la crisis de esas instituciones. Es lamentable que un episodio que debería llevarnos a una evaluación serena del problema y una proyección de sus soluciones termine siendo politizado y sirva para expresar indignaciones de corto plazo sin resultados concretos para el conjunto de la sociedad.

Ya es usual que cada vez que sucede un hecho trágico, durante los días posteriores se produce una acumulación de lamentos, evaluaciones en urgencia sobre un problema que parece que recién apareció, búsqueda de culpables, reales o hipotéticos, o declaraciones contaminadas de hipocresía y oportunismo político. Se habla y se polemiza en los medios masivos de comunicación; sin embargo, pasados unos días, todo vuelve a la “normalidad” y pasamos a otro tema, hasta el próximo escándalo público.

El trágico fallecimiento de cuatro estudiantes y las decenas de heridos que se produjeron en la Universidad Autónoma Tomas Frías en Potosí debido a un acto delincuencial en una asamblea estudiantil, se suma a varios otros eventos graves que vienen manchando a las universidades públicas.

En marzo del año pasado, ya ocho estudiantes perdieron la vida debido a un accidente relacionado a peleas en una asamblea en la Universidad Pública de El Alto. Todos lamentaron el hecho, durante días se habló de la irresponsabilidad de los dirigentes y la lenidad de las autoridades; se planteó la urgencia de una reinstitucionalización y saneamiento de su gobernanza. Un año después, no hay visos de que se haya avanzado algo en ese sentido.

Lo cierto es que la degradación de la vida política en las universidades públicas es una realidad inocultable desde hace más de dos decenios, agravada por una desideologización que hace que los conflictos por los puestos en ese ámbito no sean entre corrientes políticas, sino entre grupos de poder que los generan en el marco de la pugna por los recursos e influencia que se ejerce desde ellos. El traspaso de recursos del IDH a los centros de estudiantes solo ha agravado ese mal endémico.

Por tanto, el problema principal es la autonomización al interior de esos entes de fuerzas que actúan en su propio beneficio, que un día pueden ser oficialistas y en otro pueden ser punta de lanza de los opositores. En muchos casos el objetivo es mantenerse eternamente en sus puestos dirigenciales.

Aquí está el problema de fondo y tiene que ver con la distorsión de una autonomía y un sistema de gobernanza que fueron diseñados para aislar y proteger a esos centros de formación del control autoritario del Estado o de los partidos políticos, pero que se han transformado, en muchos casos, en una manera de evadir los controles y no rendir cuentas a la comunidad sobre la manera cómo se usan los recursos que todos les damos mediante nuestros impuestos.

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Fracaso de la política

Uno de los principios constitutivos de la democracia representativa es el principio de la mayoría.

Por La Razón

/ 11 de mayo de 2022 / 01:46

La designación, por ahora fallida, de la nueva autoridad titular en la Defensoría del Pueblo expresa el fracaso de la política. O mejor: es el fracaso de las y los políticos que nos representan, incapaces de construir acuerdos. El resultado de intento de imposición, de un lado, y bloqueo a ultranza, del otro, es desastroso. Así, ningún resultado concertado es posible.

Uno de los principios constitutivos de la democracia representativa es el principio de la mayoría. Ello implica que la toma de decisiones en los órganos de representación se realiza con arreglo a lo que diga el mayor número posible de voces. La regla general es de mayoría absoluta, pero algunas decisiones requieren una mayoría especial, como los dos tercios. Es fundamental que la mayoría reconozca a las minorías. Y que éstas no se atrincheren en el recurso al veto, impidiendo la decisión mayoritaria.

La Constitución establece un conjunto de decisiones que requieren dos tercios en la Asamblea Legislativa. Así ocurre con la designación de autoridades (Contralor, vocales electorales, Defensor del Pueblo y Fiscal General), preselección de postulantes en las elecciones judiciales, censura de ministros, sanción a diputados y senadores. Aplica también para autorizar juicios de responsabilidades, aprobar leyes de reforma constitucional y la Ley Marco de Autonomías. Otras decisiones se toman por mayoría absoluta.

En el periodo 2009-2019, el gobernante MAS-IPSP tuvo mayoría especial en ambas cámaras legislativas, por lo cual no tenía que pactar con la oposición. No fue así en el primer gobierno de Morales, con mayoría opositora en el Senado. Ni tampoco ahora en la presidencia de Arce: tiene mayoría absoluta, pero no dos tercios. Ello implica la necesidad de construir acuerdos entre el oficialismo y la oposición. La designación del Defensor del Pueblo parecía encaminarse en ese sentido. Hasta que naufragó.

El fracaso de la política y de los asambleístas en el caso que nos ocupa tiene que ver con una doble incapacidad. Por un lado, acostumbrado a imponer su mayoría, el MAS-IPSP no quiere, o no sabe, pactar. Por otro lado, rehenes de su minoritaria impotencia política, CC y Creemos suponen que su máxima aspiración es “detener al oficialismo” (sic). Así, cuando predominan las trincheras, las consignas y los intereses particulares, pierden la institucionalidad, la democracia y el interés general.

¿Cuáles son las consecuencias de no lograr un acuerdo político para la designación del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo? En lo inmediato, significa la continuidad sin fecha del interinato en esta institución (y en otras, como la Contraloría). En lo procedimental, implica paralizar por anticipado decisiones que requieren dos tercios. Y en lo sustantivo, supone la continuidad de una lógica que privilegia la polarización y el enfrentamiento en lugar del necesario tendido de puentes en democracia.

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