Quienes amenazan con volver a las calles a protestar son, como siempre, los trabajadores de la educación y los salubristas, que se constituyeron en principales agentes de la protesta durante las movilizaciones de la COB en el conflicto de abril pasado. Fabriles y mineros que también se movilizaron, por el contrario, asumen, en tradicional actitud revolucionaria, el costo de su protesta.
Los argumentos que emplean los dirigentes sindicales se basan en el carácter constitucional de los derechos a la libre asociación y a la protesta; de ahí, seguramente, que no duden en calificarlos como ‘sagrados’. Asimismo, insisten en que la demanda de un incremento salarial por encima de lo decretado en marzo está basada en la evidencia de que la inflación y el consiguiente encarecimiento del costo de vida es superior a lo señalado en las estadísticas oficiales.
Por su parte, las autoridades de gobierno señalan que la huelga no sólo fue ilegal, pues así como el derecho a la protesta está garantizado por las leyes, también están normadas las sanciones en caso de que no se hubiera seguido el debido proceso que habilita la realización de paros y huelgas, sino que además y sobre todo causó enormes perjuicios a la población a la que esos sectores debieran servir, es decir, pacientes y estudiantes, cuyos derechos fueron flagrantemente vulnerados.
Finalmente, es evidente que no hay en todo el país una sola federación de padres de familia o un solo paciente que se hubiera manifestado en defensa de los derechos de salubristas y maestros, pues lo que les interesa a unos es la educación de sus hijos, proverbialmente deficiente en la mayoría de las escuelas públicas, y a los otros, el cuidado de su salud.
Se trata, pues, de una nueva evidencia de que los sectores que hoy están en apronte, con el apoyo de una Central Obrera Boliviana en crisis, dedican muchos más esfuerzos a la movilización para conservar y mejorar sus prerrogativas, habitualmente mayores que las del resto de la población asalariada, que a brindar el servicio por el cual se les paga, lo que sin duda merma la legitimidad de su protesta.
Corresponderá, pues, que las autoridades se mantengan firmes en su decisión, aunque es posible que acaben cediendo en todo o en parte, pues más que la victoria simbólica de los grupos movilizados, lo que debe primar es el derecho de estudiantes y pacientes a acceder en las mejores condiciones posibles a sus derechos a la salud y la educación.