Voces

lunes 12 abr 2021 | Actualizado a 02:26

Salud de la justicia

El viernes, tras cuatro jornadas de debate parlamentario en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se aprobó el reglamento de selección de candidatos al Órgano Judicial que por primera vez en la historia serán elegidas en votación popular. El debate, marcado por la tensión y el enfrentamiento, deja un manto de dudas sobre el proceso que culminará en octubre.

Por La Razón

/ 8 de mayo de 2011 / 05:00

En efecto, la oposición desplegó una intensa campaña de descrédito del proceso apoyándose en diversos aspectos del controvertido debate que, mal mirados, pueden justificar la desconfianza, lo que obliga a las autoridades del Órgano Electoral a desplegar sus mejores esfuerzos para asegurar la transparencia y el éxito de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, ministros del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, y consejeros para el Consejo de la Magistratura, que debería celebrarse en la primera quincena de octubre.

No es la primera vez que los representantes de la oposición despliegan campañas de desinformación para poner en duda los procesos nodales de transformación del Estado en el marco de lo dispuesto en la Constitución promulgada el 2009.

En el inicio del debate, los opositores, con la eficaz ayuda de oficiosos ‘representantes’ de los gremios periodísticos, cuestionaron la disposición contenida en la Ley del Régimen Electoral que prohíbe a los agentes privados la difusión de información, opinión y campañas proselitistas de quienes aspiren a uno de los cargos del Judicial, dejando exclusivamente en manos del Tribunal Supremo Electoral esta delicada misión. Argumentos en favor de esta polémica decisión han abundado, pero no recibieron igual cobertura que los que la cuestionan.

Más adelante, en el curso del debate parlamentario otros dos aspectos han causado la polarización de posiciones. Por un lado están los plazos establecidos para el proceso de selección de las y los candidatos, sosteniéndose que serán insuficientes para garantizar una correcta evaluación de candidaturas; en este caso, recae sobre los y las asambleístas la misión de asegurar que solo las y los mejores accedan a la cúpula de la administración de justicia en el país.

Por el otro lado, los opositores ofrecieron una mirada errónea de la calificación meritocrática al pretender que los diplomas académicos tuvieran mayor peso que la experiencia profesional, como si ésta no fuese parte de los méritos que acumula toda persona. Cabe recordar que los muchos años de universidad no son garantía de idoneidad moral o profesional, pues, como dice el conocido refrán, «lo que natura no da, Salamanca no presta».

Empieza, pues, un inédito proceso que estará signado por el permanente cuestionamiento de dirigentes opositores, y cuyos resultados definirán la salud de la justicia en Bolivia.

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Quemando el futuro

No son los países necesitados de recursos, o los campesinos pobres quienes amenazan las selvas y bosques.

Por La Razón

/ 12 de abril de 2021 / 01:28

Según el Observatorio Global de Bosques, Bolivia ocupó en 2019 el tercer lugar en la deshonrosa lista de los países que más rápido deforestan sus bosques tropicales. Si bien la tasa boliviana de deforestación es muy inferior a la de Brasil o Congo, los dos primeros en la lista, sigue siendo preocupante la velocidad con que la desaparición de bosques ocurre en el territorio nacional.

El alarmante dato se ilustra con lo revelado por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a LA RAZÓN días atrás, cuando afirmó que solo en 2020 se registraron 3,4 millones de hectáreas (ha) incendiadas y que entre 2015 y 2020 se ha deforestado 1,44 millones de ha. Según el ejecutivo, 42% de ese total fue desmonte legal y el restante 58%, ilegal.

Un reportaje de la Agencia France Presse (AFP) también publicado en este diario días atrás señala que la enorme pérdida de superficies boscosas se debe principalmente a la agricultura, pero también a incendios causados por las olas de calor extremo y las sequías; síntomas evidentes, estos últimos, del calentamiento global. Entre los datos más preocupantes señala la quema de al menos un tercio del Pantanal compartido entre Bolivia y Brasil.

La deforestación trae aparejada consigo la pérdida de biodiversidad (y se sabe que los bosques tropicales albergan hasta el 90% de las especies del planeta) y, sobre todo, del hábitat de numerosos pueblos indígenas, condenándolos a una lenta y dolorosa desaparición, como sucede particularmente en Brasil. La principal causa en el ámbito global se encuentra en la voracidad de los países ricos.

Allí donde en países como Bolivia empresarios de todo tamaño invierten en el incremento de la producción de soya o de carne vacuna, que demandan la incesante expansión de la frontera agrícola, hay un exigente mercado global de países que consumen más y más productos cuya producción en sus territorios sería considerada insostenible. El negocio parece deseable en términos financieros, pues ayuda a transformar en dinero los ubérrimos recursos naturales de muchos territorios del sur global, pero el costo es, irónicamente, la pérdida de esa fertilidad y diversidad y de gran parte de la vida a su alrededor.

El sueño decimonónico del progreso infinito ha producido el demonio de un presente que pone en cuestión la viabilidad de la humanidad a mediano y largo plazos, y por lo general la distribución de culpas cae en el lado equivocado: no son los países necesitados de recursos, o los campesinos pobres necesitados de tierras para cultivar quienes amenazan las selvas y bosques, sino el voraz agronegocio, que rara vez es nombrado. Está llegando un tiempo en el que inevitablemente habrá que preguntarse en nombre de qué o de quiénes se está quemando y eliminando la superficie boscosa del país, y con ello hipotecando la vida de las futuras generaciones.

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Segunda vuelta

El cierre del actual ciclo electoral no significa que la democracia y el ejercicio de derechos políticos queden en suspenso.

Por La Razón

/ 10 de abril de 2021 / 22:17

Con escaso debate, poca información sobre programas de gobierno, ausencia de encuestas de intención de voto y evidente agotamiento, cuatro departamentos van nuevamente a las urnas para elegir gobernadores en segunda vuelta. Así, finalmente, concluye el prolongado y complejo ciclo electoral (2018-2021) en el país. Claro que la agenda democrática y de reforma normativa continúa.

Como está previsto en la Ley del Régimen Electoral (2010), si ninguna candidatura a la gobernación departamental obtiene mayoría absoluta de votos, o al menos 40% con una distancia de 10 puntos sobre el siguiente, procede el balotaje entre los dos candidatos más votados. Este mecanismo de segunda vuelta es igual al vigente en la elección del binomio presidencial. Y fue estrenado en Bolivia en los comicios subnacionales de 2015. Hoy se aplica en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando.

Si ya llegamos a las elecciones departamentales, regionales y municipales del pasado 7 de marzo con sensación de cansancio, la segunda vuelta de esta jornada pareciera una formalidad. En todo caso, su importancia no es menor. La elección de cuatro gobernadores completará el mapa de las autoridades y representantes electos en las entidades territoriales autónomas. Es la llamada “distribución vertical del poder”. En este caso cuatro candidatos del oficialismo competirán contra igual número de opositores.

A diferencia de anteriores comicios, en este proceso de segunda vuelta no existe información sobre las preferencias de los votantes: no se hicieron, o al menos no se difundieron, encuestas electorales. Hay pues incertidumbre sobre el resultado. Como se sabe, tampoco habrá un sistema oficial de datos preliminares. Por ello, habrá que esperar el cómputo en los cuatro departamentos para saber quiénes ganaron en esta jornada. Ojalá la proclamación de resultados sea más rápida y cierta que en marzo.

Con esta jornada electoral concluye formalmente el ciclo electoral que, en medio de un escenario de crisis y polarización política, permitió elegir democráticamente gobernantes y asambleístas en los diferentes niveles del Estado. El ciclo, por supuesto, deja no solo aprendizajes, sino también importantes retos. Uno de ellos, fundamental e impostergable, es el examen integral de la normativa electoral y sobre organizaciones políticas para su posterior reforma. Quedan en agenda también tareas institucionales.

Claro que el cierre del actual ciclo electoral no significa que la democracia y el ejercicio de derechos políticos queden en suspenso. Desde ya, el TSE anunció que antes de fin de año se realizará un nuevo referéndum de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, con varios casos. También está en calendario, para 2023, la tercera elección de autoridades judiciales. Y será un buen tiempo para fortalecer la institucionalidad electoral, blindar futuros comicios y, ojalá, volver a hablar de democracia intercultural.

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El momento de la gestión

Es el tiempo de la gestión, entendida como la capacidad de todos los poderes públicos para resolver los problemas sociales y económicos de los ciudadanos.

Por La Razón

/ 10 de abril de 2021 / 01:42

Con los balotajes para la elección de gobernadores en cuatro departamentos, este domingo se cierra el largo ciclo electoral que empezó a mediados de 2019. Desde el lunes se iniciará otra fase que se caracterizará por una mayor preocupación de los ciudadanos por la resolución de los graves problemas socioeconómicos que se han abatido sobre esta nación en este tiempo de pandemia.

El país ha estado concentrado por más de un año en sus problemas políticos. Este domingo se realizarán las segundas vueltas para elegir gobernador en varios departamentos y con ese proceso se habrán renovado democráticamente la totalidad de autoridades políticas, tanto en el nivel nacional como en las autonomías departamentales y municipales. Este es un logro pues ahora se tendrá liderazgos ejecutivos y espacios legislativos que gozarán de legitimidad y de legalidad para gobernar y resolver los graves desafíos que aquejan en el presente.

Esta renovación coincide con una coyuntura histórica muy delicada caracterizada por la persistencia de la pandemia, con su lote de fallecimientos y contagios por miles, por una economía que se está reactivando lentamente y con una lamentable tendencia de desmejoramiento de las condiciones de vida de cientos de miles de compatriotas. No son tiempos fáciles, el temor por el retroceso social se ha instalado en muchos.

Frente a este delicado panorama, más que nunca, la sociedad está buscando liderazgos políticos que se hagan cargo de enfrentar esos desafíos y devolverle confianza en el futuro. Después de muchos meses inquietos por el conflicto, se percibe una gran ansiedad por volver a trabajar, tener la certeza de que sus hijos tendrán una educación que les permita superarse o sobrevivir a la cruel enfermedad que ha enlutado a tantas familias.

Es el tiempo de la gestión, entendida como la capacidad de todos los poderes públicos para resolver los problemas económicos y sociales de los ciudadanos, de facilitarles la vida, de proveerles de servicios públicos que funcionen y demostrarles que el Estado está ahí para servirles. Tareas que siempre son importantes pero que se vuelven vitales cuando hay crisis e incertidumbre.

El Gobierno central y las nuevas autoridades departamentales y municipales deberán mostrar estar a la altura de estas demandas populares. Para ello, no estaría demás que hagan un esfuerzo para cooperar entre sí y concentrar todos sus esfuerzos en las cuestiones socioeconómicas que son las que exige la ciudadanía. Hacer una buena gestión pública es hoy la mejor estrategia política.

 

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Genocidas sentenciados

Con esta decisión no solo las víctimas se acercan a la justicia, sino también se siente un precedente.

Por La Razón

/ 9 de abril de 2021 / 02:48

El martes, un juez estadounidense decidió denegar la moción presentada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y su exministro Carlos Sánchez Berzaín para evitar el pago de una indemnización de $us 10 millones a familiares de ocho fallecidos en la masacre de octubre de 2003. Con esta decisión no solo las víctimas se acercan a la justicia, sino también se sienta un precedente.

Años atrás, y con el auspicio del Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por el nombre en inglés), sobrevivientes y familiares de los asesinados en El Alto y Warisata durante las jornadas que luego serían conocidas como “octubre negro” o “guerra del gas”, iniciaron en Estados Unidos una acción civil contra el expresidente y su hombre fuerte demandando una indemnización por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en septiembre y octubre de 2003, cuando al menos 60 personas perdieron la vida a manos de tropas militares.

En 2018 ese proceso concluyó con un jurado ciudadano fallando a favor de las víctimas y determinando el pago de una indemnización, en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA), pero el tribunal de primera instancia revirtió el fallo alegando insuficiente evidencia. Ante la objeción de los demandantes, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos devolvió el caso al mismo tribunal para que continuara con los procedimientos.

El proceso no terminó ahí, sino que los sentenciados pidieron luego la anulación del veredicto del jurado ciudadano, lo cual obligó al tribunal de primera instancia a revisar nuevamente el caso y las evidencias hasta concluir, el 5 de abril último, que los demandantes proporcionaron pruebas suficientes de que en 2003 “los soldados dispararon deliberadamente tiros mortales con una conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no representaban ningún riesgo de peligro”, lo que le permitió rechazar la solicitud de los demandados y restituir el fallo imponiendo el pago de la indemnización.

Previsiblemente, los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín anunciaron que apelarán nuevamente esa decisión, y según la economía jurídica de ese país podrían llegar hasta la Corte Suprema; sin embargo, el abogado que representa a las víctimas no cree que tales recursos puedan prosperar, dada la abundante evidencia presentada. En todo caso, el jurista estadounidense señala que por la gran similitud de lo sucedido en 2003 y en noviembre de 2019, se abre la posibilidad de instaurar un proceso similar contra los exministros de Gobierno y de Defensa del gobierno transitorio.

Queda de todo esto, además de la jurisprudencia que permitirá juzgar a los responsables de otras vulneraciones masivas de DDHH que estuviesen refugiados en Estados Unidos, la certeza de que pese a que la Justicia boliviana ha fallado en condenar a los genocidas, un tribunal extranjero los ha declarado culpables y no habrá nada que puedan hacer para evitar que la historia los registre como tales.

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Vacunación y bloqueo

El inicio de la vacunación este lunes demostró que una cosa son los planes y otra distinta su implementación.

Por La Razón

/ 7 de abril de 2021 / 00:36

Mientras la “vacunación masiva” contra el COVID-19 se inicia con lentitud y sin un plan claro, el personal médico, que debiera estar en la primera línea del gran desafío de inmunización con las vacunas, sigue en paro. Más todavía: ahora dice que saldrán a bloquear vías. Para algunos es una medida “justa” contra la Ley de Emergencia Sanitaria, para otros es un paro “criminal”.

Luego de una primera fase de vacunación del personal de salud, pacientes con cáncer y con enfermedades renales, este lunes arrancó nominalmente la llamada “vacunación masiva”, que es pública y gratuita. Según el cronograma presentado por el Ministerio del sector, en abril deben vacunarse los mayores de 60 años y las personas con enfermedades de base. Luego el proceso continuará por edades hasta septiembre. Se espera así que en octubre gran parte de la población boliviana esté vacunada.

El inicio de la vacunación este lunes demostró que una cosa son los planes y otra distinta su implementación. Información insuficiente, largas colas de adultos mayores en los centros de salud, falta de vacunas y desorganización muestran que el proceso puede ser no solo lento, sino difícil. Es evidente también que, a este ritmo, difícilmente se cumplirá el cronograma este año. Resulta por ello imprescindible que los diferentes niveles del Estado, sin demoras ni excusas, coordinen un plan eficaz y ordenado.

Las dificultades y limitaciones en el proceso de vacunación contra el coronavirus no son algo exclusivo de Bolivia. Con pocas excepciones, algo similar, o cosas peores, está ocurriendo en varios países por distintas razones. Más allá de temas de recursos, organizativos y logísticos, e incluso de disputas políticas, el problema estructural tiene que ver con la elevada demanda de vacunas y su desigual distribución global. Algunos países están acaparando vacunas mientras otros tienen mínimo acceso.

En el caso de Bolivia, se realizaron importantes gestiones para conseguir vacunas de distintos proveedores. Pero la provisión todavía es incierta. En la parte de implementación del plan de vacunación, hay desencuentros entre el nivel central del Estado y las gobernaciones. No basta que el Gobierno se limite a la entrega de vacunas sin garantizar que los servicios departamentales de salud están en condiciones de realizar la vacunación. Y es deplorable que en plena pandemia el personal de salud esté en paro.

De hecho, un factor crítico en el impostergable proceso de vacunación es la decisión de la dirigencia médica de continuar con su paro. Peor todavía si en lugar de estar en la primera línea de la vacunación, optaron por el bloqueo de vías. Si bien las observaciones del sector a la Ley de Emergencia Sanitaria debieran ser objeto de debate público, y son parte de recursos de inconstitucionalidad, resulta muy difícil justificar un prolongado paro, en cuyo centro está el rechazo a la regulación de precios.

 

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