En efecto, el asambleísta departamental Óscar Nacif, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), se declaró arrepentido por haber recibido el dinero en abril pasado para aprobar la Ley de Cesación de Mandato de Autoridades Departamentales, y se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público donde entregó el dinero, revitalizando la tormenta política que amenaza la estabilidad del gobernador Ernesto Suárez.
Para la gente afín al Gobernador, se trata de un intento oficialista por defenestrar a la autoridad electa, a través de la activación de una «persecución política», argumento que cae por su propio peso ante la evidencia de un uso patrimonialista de los recursos públicos de la Gobernación, casi como si se tratase de una estancia ganadera, donde hacendados y capataces se sienten dueños de la dignidad de sus empleados.
La situación del Gobernador y su entorno (su asesor, responsable de los dos sobornos denunciados, ha sido detenido semanas atrás) se puede agravar aún más, pues la representante beniana de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones Fronterizas (Ademaf) conduce una investigación para demostrar la vinculación directa del Gobernador en ambos actos ilícitos, pero también que el dinero ofrecido en un caso, y entregado en el otro, provienen de las arcas del gobierno departamental.
Todo parece indicar que, por una parte, las viejas prácticas de corrupción con rasgos patrimonialistas siguen vigentes, pero que también se vive un nuevo periodo en el que las personas están dispuestas a defender su integridad denunciando estas malas prácticas. Por otra, que cada día es menos sostenible el discurso que señala al Gobierno como autor de una supuesta persecución política de sus adversarios, cuando en la realidad éstos últimos son perseguidos, sí, pero por el Ministerio Público que debe investigar sus actos de presunta corrupción y no su ideología o posturas políticas.
Es fácil imaginar al gobernador beniano lamentándose por haber impulsado con tanto entusiasmo la implementación del modelo autonómico que, a tiempo de entregar mayor autonomía de gestión a las autoridades departamentales, también les impone más y mejores mecanismos de control y fiscalización social.
Hacemos votos porque este caso no quede impune, pero sobre todo para que la sanción que corresponda se imponga en el marco del más estricto apego a la ley, evitando así cualquier sospecha de actuación política de los juzgadores.