La colombiana Shakira levantó las miradas del Gran Premio de España de Fórmula Uno. Acorde al medio Show Y Fama, la cantante viajó a Barcelona a dejar a sus hijos con su padre, el futbolista Gerard Pique, y ya que estaba en la ciudad aprovechó de dirigirse al evento.

En el circuito de Montmeló apareció en la transmisión en vivo, también compartió en sus redes sociales la visita. Lo que ocasionó el “gossip” que se hizo trend en las redes sociales es su relación con Lewis Hamilton.

Se supo que el corredor de Fórmula Uno inglés la invitó al palco de Mercedes Benz, desde donde la mujer vio la carrera.

Shakira apareció en las miradas en el Gran Premio en Miami con el actor Tom Cruise a finales de mayo. A pesar de la atención alrededor del actor y la cantante, Hamilton tuvo mayor protagonismo en la historia.

El piloto que maneja para Mercedes mencionó en su interacción con el público «necesito encontrarme una latina». Posteriormente tuvo una cita con Shakira, lo que ocasionó que ahora se levanten las sospechas de una posible relación.

Si bien Hamilton terminó segundo en el Gran Premio de España de Fórmula Uno este domingo, aparentemente las sospechas dicen que ganó con Shakira.

La cantante originaria de Colombia está en la especulación de crónicas rosa desde que terminó su relación con el futbolista Gerard Piqué. En esta ocasión los rumores apuntan a que al artista y el piloto están saliendo, pero, en sus redes sociales no se mencionó nada, ni tampoco hubo declaraciones al respecto.

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La dirigencia de Comunidad Ciudadana (CC) desconoció a su senadora Silvia Salame por no haber votado para censurar al ministro Lima. El caso ilustra la imposibilidad, tanto en el MAS-IPSP como en la oposición, de que algún asambleísta pueda alejarse de la “línea oficial” de la organización. Así, la vertical disciplina partidaria se impone sobre el derecho a la disidencia.

Es curioso ver cómo quienes se dicen abanderados de las libertades y de la necesidad de alcanzar acuerdos políticos condenan y castigan a quienes osan apartarse del “mandato orgánico”. En esa lógica, cualquier acercamiento entre oficialistas y opositores, ni hablemos de pactos, es calificado como traición y hasta de transfuguismo. Así ocurrió con la aprobación, por ejemplo, de la Ley del Censo el año pasado y de la Ley del Oro hace poco. En ambos casos se activaron verdaderas “cacerías de tránsfugas”.

Es evidente que las dirigencias esperan que las y los asambleístas electos en sus listas, bajo su sigla, mantengan lealtad al partido o alianza y, en consecuencia, voten disciplinadamente en sintonía con la línea decidida o impuesta. La premisa es que las y los representantes se deben a la organización política. Y está claro que un representante electo por una organización no puede pasarse a otra o declararse independiente. ¿Pero se convierte en un tránsfuga cuando disiente de la línea oficial?

En el caso de la senadora Salame, CC conocía por anticipado su decisión personal de no censurar al ministro de Justicia. Justificó luego públicamente su voto: las preguntas de la interpelación no eran precisas ni objetivas, la censura no soluciona el problema de la justicia, su compromiso es con el pueblo de Chuquisaca, la censura fue avalada por la fracción evista del MAS. No fue suficiente. La dirección nacional de CC comunicó a Salame en una carta que todo lo que haga es ajeno a la organización.

Si bien la carta de CC a Salame parte señalando que el voto disidente en la interpelación califica como causal de transfuguismo y que el espacio de representación pertenece a la alianza (como establece la Ley de Organizaciones Políticas), al final solo habla de alejamiento y no de expulsión. ¿Se animarán a reclamar el curul de Salame como hizo en su momento la cúpula del MAS-IPSP con el diputado Cuéllar, cuyas expresiones disidentes son celebradas por la oposición y sus operadores mediáticos?

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Con la memoria puesta en las coaliciones del pasado, el pacto continúa siendo hoy una mala palabra. Cualquier proximidad es sinónimo de “componenda” y toda convergencia es vista como “traición”. Así ocurre cuando arcistas y opositores votan juntos, o cuando lo hacen opositores y evistas, incluso ahora cuando el masismo vota en bloque, o cuando algunos asambleístas de oposición “le hacen el juego al MAS” (sic). Tanto el derecho a la disidencia como el acuerdo político están vetados en la Asamblea.  

El escándalo desatado con la quiebra e intervención del Banco Fassil, agravado con la macabra noticia del suicidio del interventor el sábado último, se ha convertido en un vórtice donde coinciden todos los discursos políticos descalificadores del adversario y sus prácticas, pero sobre todo en la evidencia de que en la próspera Santa Cruz de la Sierra pasan cosas que merecen preocupación.

El más preocupante de los síntomas del descalabro producido por la caída del banco que en menos de una década creció hasta convertirse en uno de los cinco más grandes del país fue el suicidio del interventor designado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y que, entre el momento del suceso y el martes por la noche, cuando el Ministro de Gobierno reveló los resultados y conclusiones de las pruebas periciales, dio paso a toda clase de conjeturas.

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En extensa conferencia de prensa, el ministro Del Castillo brindó detalles técnicos y hasta mostró perturbadoras imágenes que confirman la hipótesis del suicidio, que hasta ese momento era rechazada y hábilmente empleada por portavoces opositores al Gobierno, comenzando por el autodeclarado “abogado de la familia” del fallecido, el mismo que meses atrás insultó en entrevista transmitida en vivo y directo a dos periodistas de este diario por hacerle preguntas incómodas, que fue aprehendido en 2022 por participar en un consorcio de jueces y fiscales, que fue sancionado por inconducta cuando representaba a Jeanine Áñez y que en 2020 fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas.

Lo que no se resuelve con la investigación por el suicidio es, por una parte, aquello que sugiere la carta póstuma del fallecido (“me dejaron solo”, escribió, además de otras expresiones de angustia), así como las verdaderas razones para tomar la trágica decisión. Por otra, las dudas que producen los vínculos detectados entre el banco, la empresa propietaria de un tercio de las acciones de la institución y varias decenas de empresarios que se beneficiaron con miles de millones de bolivianos en créditos otorgados en condiciones sospechosas.

En el camino, al menos desde el 26 de abril, cuando inició la intervención, han menudeado las acusaciones de politización del caso, de uno y otro lado del espectro ideológico, incluyendo al comité cívico, que defiende el “modelo de desarrollo cruceño”, supuestamente atacado por el “masismo”, y algunos líderes de opinión que de modo delirante sospechan que se trama un “caso Terrorismo 3”, lo cual solo abona a la confusión y desconfianza generalizadas.

De todo esto queda la certeza de que la actuación pronta y oportuna de la Policía y el Ministerio Público ayuda a desvirtuar intentos de desinformación; que la Asfi y su Unidad de Investigaciones Financieras tienen mucho qué explicar sobre la catástrofe financiera; y que ya no hay forma de ocultar el hecho que gran parte de la riqueza que se ostenta en la capital cruceña proviene de fuentes inconfesables.

El expresidente Evo Morales planteó, como agenda de futuro, la necesidad de mejorar la Constitución Política del Estado. El propósito es “blindar y fortalecer los grandes logros del Estado Plurinacional”. Dice que hay varias propuestas, pero no precisa ninguna. Desde la oposición también quisieran reformar la Constitución, pero en clave de retroceso: “volver a la República”.

La nueva Constitución entró en vigencia en febrero de 2009, luego de una difícil Asamblea Constituyente y su aprobación en un referéndum. Fue el resultado de un largo proceso de demanda y construcción desde las organizaciones sociales e indígenas. Estableció un nuevo modelo de Estado Plurinacional con autonomías y un amplio catálogo de derechos individuales y colectivos. Entre otros avances sustantivos, reconoció diferentes formas de democracia, el pluralismo jurídico, la economía plural y el vivir bien.

Transcurridos más de 14 años, el balance de su implementación muestra un importante desarrollo legislativo, heterogeneidad institucional, innegables avances de inclusión (en especial de las mujeres y de las naciones y pueblos indígenas), nuevas prácticas, esbozos de interculturalidad. Muestra también lentitud, diferentes obstáculos, normas congeladas (como la Ley de Consulta Previa), abandonos desde el propio Estado e incluso distorsiones y retrocesos. Es un proceso de refundación en ritmo incremental.

¿Es necesario reformar la Constitución? ¿Para qué? ¿Se requiere mejorarla? ¿En qué? Como suele decirse, ningún texto constitucional está escrito en piedra y por supuesto debe irse afinando y consolidando. La propia Constitución establece los mecanismos para su reforma. Claro que una cosa es alentar cambios para profundizar, por ejemplo, la plurinacionalidad y las autonomías; y otra distinta es plantear reformas regresivas (“retorno a la República”), desde la nostalgia de quienes no entendieron nada.

En sus años de vigencia, hubo dos intentos fallidos de reforma constitucional parcial, vía referéndum. El primero fue el malogrado empeño del expresidente Morales de cambiar un artículo para viabilizar su reelección. La mayoría rechazó la reforma ( febrero de 2006), que luego fue forzada mediante una sentencia constitucional. El segundo intento de reforma surgió hace poco como iniciativa de juristas opositores para cambiar la Justicia. Se quedaron en el camino por falta de adhesiones.

Diferentes voces han ido planteando la necesidad de evaluar la Constitución y, en su caso, “abrirla” para su reforma. Es importante hacerlo. Pero no desde el interés particular o partidario. No desde la imposición o el voluntarismo. Se requiere un amplio proceso deliberativo, que sea plural y con participación ciudadana y de las organizaciones, a fin de identificar los cambios requeridos, las mejores, aquello que debe fortalecerse. La reforma solo será viable con un gran acuerdo nacional que la haga posible.

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Ayer se ha conmemorado el Día Nacional de Lucha Contra el Racismo, ocasión propicia para reflexionar sobre este grave flagelo que, a pesar de los discursos de optimismo de las autoridades gubernamentales, no ha hecho más que incrementar, particularmente desde 2020, cuando se dio rienda suelta a una mezcla de odio político y racial, abiertamente estimulado desde varios medios de comunicación.

Que Bolivia tiene el racismo, e innumerables formas de discriminación y exclusión asociadas, como elemento constitutivo de su historia no es novedad, sino un dato inocultable desde, literalmente, el día de la creación de la República. Con el ascenso de un indígena a la presidencia en 2006 se creyó, por un lado, que la sociedad estaba preparada para superar esta tara decimonónica y que la prueba era la votación mayoritaria por el personaje.

Por el otro lado, también se pensó que las condiciones estaban dadas para imaginar y construir una nueva relación entre identidades étnicas (hay una extendida confusión entre identidad étnica y etiquetación racial, que dificulta el debate público); de ahí que Bolivia cambió su nombre de República a Estado Plurinacional (que no es lo mismo que cambiar el modo republicano de gobierno), como una forma de reconocer las identidades existentes para integrarlas en un solo proyecto de país.

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Ambas ideas resultaron descartadas por la realidad. Las clases privilegiadas (que deliberadamente confunden identidad con clase, para seguir reforzando estereotipos y estigmas) demostraron no estar dispuestas a cambiar y más bien reclamaron activamente por la pérdida de sus privilegios y el incremento de derechos de aquellas personas a quienes hasta hoy consideran subalternas.

Por su parte, muchas autoridades gubernamentales, comenzando por los viceministros de Descolonización, lejos de luchar contra el racismo utilizaron la Ley 45, de Lucha contra Toda Forma de Racismo y Discriminación, de manera instrumental, racializaron al adversario político, y se mostraron incapaces de implementar todas las medidas educativas y de transformación establecidas en la norma.

La reacción a ese estado de cosas tuvo sus más horribles manifestaciones luego del inconstitucional cambio de gobierno en noviembre de 2019, incluyendo, además de las matanzas en Senkata y Sacaba, indisimuladamente celebradas por los sectores más conservadores de la sociedad, la racialización de todas aquellas personas que comulgaban con el depuesto gobierno o con su partido político. Muchos medios de comunicación fueron parte activa de este proceso, lo cual explica su feroz oposición al proyecto de Ley 305, que endurece las sanciones por promover y difundir discursos racistas.

Hoy tenemos un país enfermo de racismo y una sociedad con muy poca voluntad de resolver el problema. Quienes están en posición de liderazgo, dentro y fuera del Estado, tienen la obligación de ponerle freno a la polarización e implementar las medidas de transformación que dispone la norma. No hacerlo es condenar al país a seguir repitiendo errores que se arrastran desde la colonia.