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Sunday 5 Feb 2023 | Actualizado a 02:53 AM

Un ascenso extraordinario

Sólo la pasión y el gusto por la adrenalina pueden explicar que un hombre invierta tiempo, energía, recursos económicos y encima ponga en riesgo su vida para escalar una montaña.

Por La Razón

/ 27 de mayo de 2011 / 05:00

Sólo la pasión y el gusto por la adrenalina pueden explicar que un hombre invierta tiempo, energía, recursos económicos y encima ponga en riesgo su vida para escalar una montaña. Se trata de una ecuación que sólo se la comprende cuando se la vive; y de tal intensidad que una vez experimentada, más que una afición, puede llegar a convertirse en una adicción deportiva. Qué mejor ejemplo de ello que la vida de Bernardo Guarachi, considerado el mejor montañista boliviano, y que acaba de conquistar, junto con su hijo, la cima del monte Cho Oyu, que ostenta una altura de 8.188 metros.

A una edad que para muchos representa el umbral de la vejez, este hombre de 58 años acaba de lograr una hazaña que para la inmensa mayoría de los jóvenes parece imposible: escalar por tercera vez una montaña del Himalaya que sobrepasa los 8.000 metros de altura, y sin la necesidad de oxígeno. Ya en 1998 alcanzó la cima del mundo al conquistar el Everest (8.848 m); y en 1994 hizo lo propio con la quinta montaña más alta del planeta: el Makalu (8.463 m). ¿Cómo puede un hombre alcanzar logros tan extraordinarios? Esfuerzo, trabajo, mucha pasión y una voluntad férrea capaz de superar cualquier obstáculo. Ojalá todos tuviésemos ese espíritu de lucha inquebrantable. 

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‘Democracia’ cívica

Queda en evidencia que las entidades cívicas, en general, son poco democráticas puertas adentro.

Por La Razón

/ 5 de febrero de 2023 / 00:32

La “elección” en curso de la nueva dirigencia del Comité Cívico cruceño ha puesto en evidencia la forma poco democrática en la que se controlan estas entidades, que luego se atribuyen la representación de todos. Al parecer, las reglas y usos del Comité están hechos para que su presidencia y vicepresidencias estén reservadas para las personas designadas por la logia de turno.

En general, la renovación periódica de dirigencias en el Comité pro Santa Cruz suele transcurrir sin gran ruido ni sobresaltos. La nominación de candidatos — una suerte de primarias— se realiza en los diferentes sectores y provincias que integran el Comité, que a su vez definen a los representantes que participarán con su voto. Todo parece afinado para que el proceso fluya hasta la formalización de la elección entre los postulantes. Una junta electoral organiza la votación, usualmente sin sorpresas.

Es un lugar común sostener que el Comité, así como toda la estructura de cooperativas y espacios de poder y recursos en Santa Cruz, están bajo control de una elite que difícilmente pondrá en riesgo su condición de privilegio. Por ello la elección del presidente y vicepresidentes del “gobierno moral de los cruceños” (sic) está reservada para quienes forman parte de dicha elite, con rotación entre logias. No debiera extrañar, por tanto, que esta “democracia” cívica esté asentada en exclusiones.

En el actual proceso, hace muchos días se sabía que Fernando Larach, hasta ahora primer vicepresidente del Comité, era el elegido para presidir la entidad. “Le tocaba”, por lo cual se operó en varias provincias su proclamación como candidato. La elite no contaba con la autoproclamación de un personaje ajeno y nada bienvenido, Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad. La junta electoral se encargó de inhabilitarlo. Así, el próximo sábado no habrá elección, sino formalización del candidato único.

Vargas y los suyos no dejan las lides sin ruido. Han denunciado de manera vehemente a la junta electoral por “manipulación y abuso”. Y califican su inhabilitación como “oscura, arbitraria e ilegítima”. Más todavía, plantean este escenario como una disputa entre los que “se creen dueños del Comité” y los cívicos provinciales que “se cansaron de ser usados”. Claro que Vargas, “candidato del pueblo”, en realidad ha mostrado ser un personaje opaco y maximalista, que busca ruptura en lugar de diálogo.

A reserva del desenlace anunciado en esta “elección”, queda en evidencia que las entidades cívicas, en general, son poco democráticas puertas adentro y tienen serios déficits de legitimidad. En el Comité pro Santa Cruz al menos hay tradición y estructura, y se mantienen las formas para la renovación de sus dirigencias. Ni hablemos de la conformación de otros comités cívicos que nadie elige y pretenden actuar y decidir en nombre de todos. La defensa de la democracia debe comenzar por casa.

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Retorno a clases

Por La Razón

/ 2 de febrero de 2023 / 01:05

Ayer ha comenzado el año escolar 2023 en todo el país. Como ya es habitual, los días previos al inicio de clases hubo conflicto con las dirigencias del magisterio, esta vez debido a la implementación de importantes cambios en la malla curricular; asimismo, en varias ciudades se reclamó a los gobiernos municipales por no haber hecho adecuado mantenimiento a las escuelas.

Fue en Oruro donde el presidente Luis Arce inauguró el año escolar, exhortando en su discurso a los maestros a capacitarse y actualizarse para enfrentar los nuevos retos, en evidente referencia a los cambios introducidos en el currículo. A su vez, el Ministro de Salud, quien participó del acto inaugural en Sucre, pidió a padres y madres vacunar a sus hijos e hijas, no solo contra el COVID-19, sino también otras enfermedades como la tosferina, la polio y otras que amenazan con reaparecer.

El magisterio, a través del máximo ejecutivo de las y los maestros en la ciudad de El Alto anunció que retornaría a clases, pero que realizará marchas de protesta en todo el país el próximo miércoles. El dirigente afirmó que los profesores no están en contra de la actualización de la malla curricular, ya que se debe realizar cada cierto tiempo, pero que el rechazo surge por la manera “improvisada y nefasta” en que el ministerio hizo el ajuste.

Por su parte, días atrás, el Ministro de Educación insistió en que la actualización se realizó con el concurso de “más de 57 instituciones”, que incluyen a representantes del magisterio, así como a padres y madres de familia, y que por tanto es falso que no hubo consenso. Lo que no parece haberse resuelto es el hecho de que la introducción de nuevos contenidos demandará, además de más horas lectivas por jornada, debida capacitación a las y los maestros.

Entre las muchas innovaciones en los planes de estudio de los 12 años de educación escolarizada se cuentan nuevas competencias para la vida digital, enseñanza de idiomas nativos e inglés, lucha contra la violencia hacia las mujeres y educación sexual integral, aspecto que ha movilizado a los sectores más recalcitrantes de las iglesias Católica y Evangélica, así como a sus feligresías más conservadoras.

Según las estadísticas, hay poco más de tres millones de estudiantes, entre niñas, niños y adolescentes, en las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas en todo el país y 140.067 maestros y maestras que dictan clases en 15.934 unidades educativas distribuidas en todo el territorio nacional.

Considerando que según la Constitución Política la educación “constituye una función suprema y primera responsabilidad” del Estado, hace falta mucho más que solo diseñar mejoras en el papel o hacer arreglos cosméticos en las unidades educativas.

Comparativamente, Bolivia presenta un rezago significativo en la calidad, profundidad y extensión de los contenidos de la educación escolarizada y cambiar esa situación demanda mucho más que solo medidas administrativas; mientras esto no se logre, las y los bachilleres seguirán en desventaja.

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Juicio por masacre

La expresidenta y los suyos deben ser enjuiciados con apego a la Constitución y la ley.

Por La Razón

/ 29 de enero de 2023 / 01:11

A solicitud del Ministerio de Justicia, un juez cautelar de la ciudad de El Alto decidió incluir a la expresidenta provisoria Jeanine Áñez en el juicio ordinario por la masacre de Senkata. Esta decisión implica abandonar el camino de un juicio de responsabilidades originalmente planteado por el oficialismo y condicionado por la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

 Dos días después de su autoproclamación como presidenta del Estado, Áñez y su gabinete aprobaron el Decreto Supremo 4078, eximiendo de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participara en los operativos para “el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”. Amparadas en ese decreto, fuerzas combinadas de militares y policías produjeron las masacres de Sacaba y Senkata, con más de 20 muertos por bala, incluidas ejecuciones sumarias, y decenas de heridos.

Con el retorno de un gobierno elegido democráticamente, en noviembre de 2020, se instaló la exigencia de verdad, justicia, reparación para las víctimas y garantía de no repetición por las masacres del régimen de Áñez. El primer impulso del oficialismo fue encausar un juicio de responsabilidades, previsto en la normativa para el procesamiento de la o el presidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Había coincidencia, entonces, en que correspondía un juicio de privilegio.

En ese marco, siguiendo el procedimiento establecido por ley, se activaron a denuncia cinco proposiciones acusatorias contra la expresidenta, incluida una por las masacres. Tales requerimientos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa, solicitando la autorización de juzgamiento. El proceso quedó paralizado debido a que las fuerzas de oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) condicionaron los necesarios dos tercios, lo cual, en los hechos, significó un veto a la vía del juicio de responsabilidades.

Sin guardar coherencia e ignorando la normativa, el Gobierno abandonó la alternativa de juicio de responsabilidades para Áñez y optó por su procesamiento en la Justicia Ordinaria. La premisa es que su autoproclamación como presidenta fue inconstitucional y, por tanto, se trató de un régimen de facto. Así, luego de la sentencia por el caso Golpe de Estado II y tras allanarse un proceso penal por el caso EBA, se planteó su inclusión en el juicio ordinario por la masacre de Senkata, como finalmente ocurrió.

Más allá de interpretaciones jurídicas y cálculos políticos sobre la constitucionalidad o no de un proceso ordinario contra Jeanine Áñez, lo cierto es que han transcurrido más de tres años desde que en noviembre de 2019 se produjeron dos masacres en su gobierno, ampliamente documentadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La exigencia pronta se llama verdad y justicia. La expresidenta y los suyos deben ser enjuiciados con apego a la Constitución y la ley.

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Industria del litio

Bolivia está muy lejos de ser un actor relevante en el mercado del carbonato de litio y de baterías.

Por La Razón

/ 26 de enero de 2023 / 01:17

Con la firma, días atrás, de un contrato entre el Estado boliviano y un consorcio de origen chino, se ha iniciado formalmente la industrialización del litio en Bolivia. Tras casi una década de trabajos exploratorios y pruebas piloto, la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) está en puertas de encarar negocios globales y de la mano de un gigante de la industria. El reto es enorme.

 Para nadie es desconocido que la industria del litio en el mundo ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años. Baste con decir, como ejemplo, que las ventas de carbonato de litio y cloruro de potasio (un subproducto) se han multiplicado por 20 en los últimos dos años, de ahí que en la gestión 2021, YLB obtuvo una ganancia de Bs 192 millones, que en 2022 llegó a los Bs 555 millones, muy por encima de la meta prevista, y que para 2023 se espera una ganancia de Bs 1.500 millones.

Se sabe que, gracias a las pruebas piloto desarrolladas para identificar la mejor manera de extraer el metal, Bolivia pudo exportar litio de una calidad de 98,5% de pureza, a los mercados de China, Rusia y Emiratos Árabes. También se exportó cloruro de potasio a Brasil, Chile, Perú, Malasia y Paraguay. La tecnología más apropiada para este propósito, han informado las autoridades, es la extracción directa de litio (EDL) y varias empresas compitieron durante 2022 para demostrar que eran las mejores.

Por eso es que, luego de un muy moroso proceso de selección, el Estado boliviano seleccionó al consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC) como el más calificado para extraer el litio y luego convertirlo en cátodos y baterías. La inversión inicial será de $us 1.000 millones en dos plantas industriales, cada una de las cuales tendrá la capacidad para producir hasta 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, al 99,5% de pureza. YLB será parte integral del proceso, en el marco de lo que el Presidente ha llamado “nuestro modelo de negocio, donde el Estado es el protagonista fundamental”.

Considerando que actualmente China consume alrededor del 70% del litio que se produce en el mundo, y que a su vez produce casi siete de cada 10 baterías que se fabrican, no debe extrañar, por un lado, que sus empresas luzcan como las más indicadas para desarrollar el negocio en Bolivia; y, por el otro, que hayan sonado alarmas en EEUU, donde la jefa del Comando Sur ha advertido que se trata de un asunto estratégico para ese país, donde crece la dependencia de los proveedores del metal blanco.

Pese a tener las mayores reservas de litio en el mundo (y con perspectivas de que incluso se dupliquen), Bolivia está muy lejos de ser un actor relevante en el mercado del carbonato de litio y de baterías. Demandará grandes esfuerzos, mucha preparación, pero sobre todo una gestión de excelencia, lograr no solo el despegue sino también el éxito de esta empresa. El futuro del país está en juego.

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Elecciones sin reforma

Las elecciones judiciales 2023 se realizarán en medio de la persistente crisis de la administración de justicia en el país.

Por La Razón

/ 22 de enero de 2023 / 01:58

Dados los tiempos y procedimientos establecidos en la legislación electoral, la nueva votación popular para la elección de altas autoridades judiciales en el país se realizará en el segundo semestre de este año. Iremos a las urnas, pues, sin reforma sustantiva del sistema de administración de justicia. Ello puede incidir en la ya poca legitimidad de estos comicios.

En su mensaje en ocasión de la inauguración del año electoral 2023, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, sostuvo que una de las prioridades de la institucionalidad electoral en esta gestión es la administración de las elecciones judiciales. Para el efecto, señaló la necesidad de que la Asamblea Legislativa convoque hasta marzo a la fase de postulación y selección de postulantes, con lo que se iniciaría formalmente el proceso. Luego vendrá la convocatoria a la elección misma.

Esta temporalidad, que ya cuenta con la planificación y el presupuesto requeridos, implica dos cosas. La primera es que las elecciones judiciales 2023 se realizarán en medio de la persistente crisis de la administración de justicia en el país. Si bien desde el Órgano Ejecutivo y en diferentes instancias del propio sistema judicial se están impulsando algunos cambios relevantes, la sensación es que sigue pendiente una reforma profunda como resultado de un diagnóstico amplio y un gran acuerdo nacional.

La otra implicación es que las iniciativas para modificar la forma de elección de las altas autoridades judiciales, en caso de prosperar, llegarán tarde. En el mejor escenario, tendrán vigencia en la siguiente elección, a realizarse en 2029. Nos referimos a la iniciativa del grupo de juristas que alienta una reforma constitucional, para lo cual se iniciará pronto la recolección de firmas a fin de convocar un referéndum. Si cumplen el requisito, la consulta no evitará una elección ya convocada.

Más allá de las condiciones y plazos para las elecciones judiciales de octubre y, en su caso, un probable referéndum constitucional, ambos procesos estarán fuertemente condicionados por diferentes relatos sobre la situación de la justicia en el país. Es claro que los cuestionamientos de legitimidad, en especial desde la oposición, podrían articular una impugnación de los comicios. Y resulta inevitable que el debate público, hasta ahora inexistente o malogrado, esté centrado en la necesidad de reforma.

Es probable que una de las decisiones del cabildo convocado por la dirigencia cívica para el próximo miércoles, con centro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sea fijar un posicionamiento sobre las elecciones judiciales. Ojalá sea para demandar un proceso transparente y meritocrático de selección de postulantes y votación popular, y no para boicotearlo. Ojalá sea para avanzar en una ruta pactada de reforma judicial y no para usar el tema como bandera para fines políticos o, peor, de impunidad.

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