Definitivamente no hay remedio. Se ha reclamado y denunciado hasta el cansancio sobre los peligros y abusos de los que es víctima el ciudadano; tal parece que éste ahora está librado a su suerte y no le queda otra que armarse de valor y afrontar sus «luchas» sin más respaldo que el de su propio coraje y rebeldía.
Varios temas son los que aquejan, pero sin duda una de las mayores preocupaciones que ya linda con el sobresalto es la inseguridad ciudadana. Ocurre que la delincuencia opera a gran escala y si uno debe cuidarse en el día, en la noche debe prevenir, y si camina por la madrugada debe mantenerse en alerta ante cualquier contingencia.
La Policía, entidad llamada, entre otras cosas, a cumplir dicha misión, se debate en sus propias carencias y su confianza ha caído en picada. Las remociones permanentes de la cúpula policial se han dado por sus propios errores y no lavarán su imagen, al menos en el corto tiempo.
Otro mal que corroe la salud institucional es la corrupción, ese «monstruo de las mil cabezas» que ha despertado tras su efímera hibernación y amenaza con expandirse a cuanta institución le sea «permitido», porque hay que permitírselo para que ello ocurra.
Es que —es de reconocer— el propio ciudadano ha coadyuvado con ello, ofreciendo «mordidas» a todo aquel funcionario que le agilice un trámite o pase por alto una informalidad e incluso una ilegalidad. Claro, aquello tiene su precio y se cuenta peso a peso o de miles en miles si los «arreglos» son exquisitos.
Un otro aspecto no menos preocupante que viene tomando cuerpo es el que surge de la entidad recaudadora: el Servicio de Impuestos Nacionales. Es que en el último tiempo no ha cejado en su imaginativa de crear cuanto impuesto le permita su atribución. Está en estudio una nueva regulación a todo tipo de espectáculos y sorteos; y el impuesto al salario —al parecer— sólo está en statu quo.
Lo que sí ya entró en vigencia hace poco es el impuesto con destino —dicen— a la cuenta personal de la AFP. Este porcentaje —que no es el IVA— bordea el 14 por ciento y se lo ejecuta a los trabajadores catalogados «independientes, consultores o free lance».
Pero lo que acaba con la paciencia —en este caso— no es el impuesto, sino el destino que se le da a éste, pues nuestros grandes males persisten. También resulta discriminatorio que no a todos se los mida con la misma vara, porque un enorme segmento social que genera ingresos (grandes gremiales, agricultores, choferes, constructores…) no tributa y, más aún, ha subido de manera abusiva los precios de sus productos/servicios y la mano de obra. A pesar de todo, cualquier protesta resulta una guerra perdida.
Ramiro Villegas Vargas
es corrector de La Razón.