En efecto, una investigación de este diario en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), instancia encargada del registro oficial de automóviles, revela que ocho de cada 10 coches en el país tienen 10 o más años de antigüedad, lo que significa que el parque automotor boliviano ya estaba depauperado antes de la polémica ley.
Una mirada más detallada a los datos del RUAT revela que, en todo el país, casi la mitad del parque automotor actual, es decir el 46%, tiene una antigüedad de 10 a 19 años; el 24% tiene una antigüedad de 20 a 29 años; el 8% tiene de 30 a 40 años y, finalmente, el 2% tiene más de 40 años; solo el 20% de los coches fue fabricado este siglo.
En total, hay casi un millón de coches circulando en el país, sin contar a los más de 70.000 que están en trámite de legalización; esto significa que actualmente hay casi un automóvil por cada 10 habitantes, estadística todavía lejana de otros países más desarrollados donde hay casi tantos coches como habitantes.
Por otra parte, está también demostrado que los vehículos producen hasta el 80% de la contaminación ambiental en las principales ciudades. La antigüedad de los coches es la principal explicación a este fenómeno; de hecho, esa es la razón por la que algunos países prohíben la circulación de automóviles viejos, los cuales forzosamente son convertidos en chatarra o son exportados a otros países, como Bolivia, donde hay un ávido mercado para ellos debido a su bajo costo.
En ese mismo contexto, ha llamado la atención la cerrada negativa de la dirigencia del transporte público a aceptar la legalización de más automóviles de segunda mano, sobre todo porque está demostrado que el 95% de los coches que transportan pasajeros en las ciudades tiene 12 años o más, lo que coloca al gremio en el grupo mayoritario de los poseedores de automóviles viejos, y es fácil inferir que la gran mayoría de éstos son, precisamente, automóviles usados, importados antes de la vigencia de las leyes que restringen su circulación.
Hay, pues, un acelerado proceso de envejecimiento y depauperación del parque automotor nacional, situación que debería preocupar a las autoridades, que deberán, en el marco de la Ley General de Transportes que aún se discute, establecer políticas tendientes a facilitar la renovación de los automóviles. No hacerlo es condenar al país a convertirse en referente de la contaminación ambiental producida por la circulación vehicular.