En efecto, gracias a las determinaciones asumidas en la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada el 17 y 18 de junio en Santa Cruz de la Sierra se ha producido un proyecto de ley que creará las Estaciones Policiales Integrales (EPI), cuya implementación, según uno de sus proyectistas, se realizará en coordinación entre la Policía, las autoridades y la comunidad. De hecho, en calidad de experiencia piloto ya existen varias EPI en La Paz y Santa Cruz, cuyas sedes fueron construidas por los respectivos municipios con dinero entregado por el Gobierno central.
El objetivo declarado de las EPI es ‘desconcentrar’ el trabajo policial, llevando la toma de decisiones sobre estrategias y prioridades al nivel de la comunidad en cada uno de los distritos urbanos, que así como afrontan problemas comunes, deben lidiar con otros que son particulares de cada ámbito geográfico. Actualmente funcionan cuatro EPI en La Paz (Max Paredes, Cotahuma, Periférica y San Pedro), y en los siguientes meses está prevista la habilitación de otras cuatro, en Villa San Antonio, Chasquipampa, La Portada y en el Distrito 12.
Considerando la importancia que se le ha dado a la función de los vecinos como mecanismo de ‘alerta temprana’, las autoridades policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) anunciaron que están diseñando un programa de reuniones con los presidentes de las juntas de vecinos para hacer, de forma coordinada, un control social de la seguridad en las calles.
Por otra parte, la integralidad del proyecto se refiere no sólo a la interacción entre Policía y comunidad, sino también al tipo de atención policial que se brinda, pues en los edificios de la EPI que construyen las alcaldías, se van instalando reparticiones como las de la Brigada de Protección a la Familia, Radio Patrullas 110, FELCC y la Patrulla de Acción Ciudadana. Sin embargo, el plan aún sufre de falta de recursos para equipamiento, como sucede por ejemplo con el módulo de la plaza Abaroa, donde los 24 policías destinados allí se movilizan en una moto donada por los vecinos del barrio.
Hay, pues, síntomas de una renovada actitud entre las autoridades policiales respecto del problemático desafío de garantizar la seguridad ciudadana; no sólo porque ya cuentan con infraestructura y más personal para desarrollar sus labores de patrullaje y protección, sino también porque han comenzado a coordinar estas tareas con los vecinos, principales interesados en cambiar el estado de cosas.