La propuesta prevé un periodo de un año para que varias decenas de miles de ciudadanos peruanos indocumentados que viven en el país regularicen su situación, lo mismo que una cantidad indeterminada de nacionales de otros países que viven en Bolivia en similar situación. Según el presidente de Asperbol, sólo en La Paz y El Alto hay alrededor de 30.000 migrantes peruanos, de los que cerca del 80% no cuenta con un certificado de permanencia legal en Bolivia; en todo el país los peruanos suman más de 50.000.
De ser aprobada, la norma ayudará a que el Estado boliviano sepa quiénes son, dónde están y qué hacen los extranjeros residentes en el país, permitiendo a las autoridades nacionales controlar de mejor manera el flujo inmigratorio. El alcance de la propuesta incluye la previsión que, al término de dos años de autorizada la permanencia, el residente también podrá optar a la naturalización e incluso la de sus familiares.
En la misma línea, según la versión del documento conocida por este diario, en las consideraciones del proyecto de ley se citan antecedentes de iniciativas asumidas por los gobiernos de Chile, Brasil y Argentina que flexibilizaron sus políticas migratorias, permitiendo la regularización de extranjeros, entre ellos ciudadanos bolivianos.
En efecto, está demostrado que ni construyendo muros en las fronteras se puede frenar la migración cuando hay poderosos motivos que la impulsan. Y siempre los hay. Además, particularmente en el caso de Perú y Bolivia, la frontera que separa a ambos países es permeable en virtud de los lazos históricos que unen a estos pueblos.
Naturalmente, el anteproyecto de ley tendrá que recorrer un previsiblemente largo camino para ser siquiera incorporado en la agenda legislativa; empero, por su importancia estratégica, es deseable que encuentre la menor cantidad posible de obstáculos. Y es que se trata de una iniciativa que en primera instancia favorecerá a la enorme comunidad peruana en el país, pues son ellos los gestores e impulsores del proyecto, pero también al resto de inmigrantes extranjeros.
No debe olvidarse que, así como sucede con los bolivianos en otras latitudes, la irregular situación migratoria no sólo impide a estas personas acceder a sus más elementales derechos ciudadanos sino que, en una suerte de círculo vicioso, los empuja a la marginalidad, situación que en un país que se precia de contar con una ley contra la discriminación y la exclusión, es inaceptable.