Se trata de un plan de contingencia concebido por el Ejecutivo para evitar racionamientos en el suministro de electricidad; pues, como bien advierte el Viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, la demanda de energía en el mercado interno se está acercando peligrosamente a la oferta, resultado de la reducida inversión que se efectuó en el sector y la ampliación del servicio en el área rural. A estos factores habría que agregar insuficiencias en el proceso de reorganización institucional del sector, que se han traducido en fallas técnicas y de gestión, como la del sistema de ciclo combinado de la Planta de Guaracachi.
Actualmente, Bolivia necesita cerca de 1100 MW para mantenerse en marcha; mientras que la oferta de energía bordea los 1200 MW; frágil equilibrio que se ve particularmente amenazado durante la época invernal, cuando la población requiere de mayor energía para calentarse. Pero el mayor peligro deviene del incremento de la demanda de energía, que anualmente crece en 8% (84 MW).
Un posible desequilibro se traduciría no sólo en apagones con nefastas consecuencias laborales y domésticas, sino también en un virtual estancamiento del progreso. Y es que hoy, la energía eléctrica constituye uno de los factores más importantes del desarrollo; tanto más importante por cuanto es el único insumo presente en la cadena productiva de cualquier bien, desde la elaboración de alimentos y bebidas, pasando por prendas de vestir y cosméticos, hasta complejos servicios de salud.
Tal es su relevancia que las distintas etapas del capitalismo han estado determinadas en gran medida por las características de su base energética (agua, viento, petróleo, electricidad, etc.). Tampoco se puede olvidar que el empleo de energía y de tecnologías de uso final conduce a modificaciones cualitativas en la vida de las personas, incrementando no sólo la productividad económica, sino también el bienestar de la población.
Por todo lo señalado, es evidente que el país necesita aumentar la disponibilidad de energía si desea garantizar un mayor progreso económico, y así tener los medios para mejorar las condiciones de vida de la población. Pero para asegurar no sólo la provisión sino también un manejo sostenible de los recursos, esa energía deberá provenir de diversas fuentes y ser aprovechada por instituciones especializadas, bajo marcos regulatorios ambientalmente adecuados; pues siempre es mejor depender de varios recursos energéticos primarios que solamente de uno o dos, como viene sucediendo.