En efecto, el domingo último, en entrevista televisiva, el Fiscal General del Estado reveló que las instancias de transparencia y lucha contra la corrupción del Ministerio Público y del Órgano Judicial están procesando penalmente a 207 fiscales y 385 jueces por diferentes irregularidades y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Hasta ahora, agregó, 50 casos de fiscales investigados están a punto de ingresar a juicio oral, y en idéntica situación están 21 casos de jueces. A ello hay que añadir los muy publicitados casos de un par de jueces acusados de venalidad en las últimas semanas.
Asimismo, el Fiscal General confirmó que los delitos más comunes entre las y los investigados son retardación de justicia, incumplimiento de deberes y de plazos procesales, así como cohecho activo y pasivo, que en muchos casos son concomitantes, ora porque el investigador o el juzgador dilatan los plazos en espera de que el mejor postor defina el rumbo del proceso, ora porque nadie ofrece esa alternativa y el caso pierde interés.
Sin embargo, es imprescindible señalar que incluso a pesar del sorprendente número de jueces y fiscales indagados por presuntos delitos, no se puede generalizar como una actitud de todas y todos los profesionales que trabajan en los órganos jurisdiccionales, pues también está demostrado que hay profesionales probos y que destacan con luz propia en medio de tanta tiniebla.
En cambio, sí se puede decir que las acciones de los malos juzgadores han afectado profundamente a las instituciones de la justicia, hasta el extremo que la reacción generalizada ante un caso judicial es el temor y la desconfianza.
Por todo ello, es positivo el esfuerzo que se lleva adelante desde las propias instancias del Ministerio Público y del Órgano Judicial para limpiar la casa en víspera de la llegada de los nuevos inquilinos, pues es evidente que no basta con cambiar a las cabezas para desterrar un mal tan antiguo como las propias instituciones, pese a que de ellas y ellos dependerá implementar nuevos mecanismos de control y sanción, especialmente en el caso de los consejeros de la magistratura.
Habrá, pues, que hacer minucioso seguimiento al desarrollo y resolución de esos cientos de casos que están siendo procesados, sobre todo para tener la certeza de que el viejo refrán que dice «la justicia tarda, pero llega», es también aplicable para quienes, pese a su responsabilidad, se oponen a esa llegada.