En efecto, ni bien comenzó el proceso posterior a la selección de las y los postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, partidos como Convergencia Nacional, con su consigna «Yo voto nulo»; Unidad Nacional, con su
«Rechaza el engaño», y el Movimiento Sin Miedo, con el «No», comenzaron a trabajar en el objetivo de llamar la atención de un electorado aún hoy insuficientemente informado y confundido.
En el marco del juego político nada de malo debiera tener que los partidos hagan ese tipo de esfuerzos. El problema es que más pronto que tarde se evidenció que el interés de esas agrupaciones políticas tiene menos que ver con la necesidad de asegurar la transparencia o la confiabilidad del proceso, bases para la conformación de una nueva institucionalidad en el Órgano Judicial, que con la ya señalada búsqueda de posicionamiento de sus líderes.
El MSM fue el primero en hacer visible su intención, cuando su jefe nacional dijo sin ambages que su campaña estaba orientada a generar una situación de carácter plebiscitario, de la que es posible presumir él mismo o su partido podría obtener algún rédito. Por su parte, UN y CN muestran fundamentalmente coherencia con su línea opositora a ultranza, en un discurso que hasta ahora ha sido siempre de rechazo pero sin propuestas.
Pero el que más llama la atención es el caso de Nueva Alianza Bolivia (NAB), agrupación hasta ahora desconocida que surge de una escisión en Alianza Social, de René Joaquino, cuyo líder anunció públicamente que invirtió 50 mil bolivianos para emprender su campaña por el voto nulo. Se trata, pues, de la más evidente muestra de cómo el interés mayor se subordina al del grupo, pues es previsible que esta agrupación empleará la resistencia a la elección de octubre como una plataforma para darse a conocer.
En el marco de un proceso como el que vive el país, con no pocos riesgos, pues está en juego la institucionalidad democrática, además de la buena imagen de más de un centenar de postulantes que han sido arbitrariamente señalados como afines al oficialismo, lo que menos debiera faltar es información confiable. Aquí, entonces, cabe señalar la responsabilidad que tiene el Órgano Electoral, pues mientras los opositores tienen el derecho de hacer campañas espurias, el Estado tiene la obligación de proveer información suficiente para, al menos, contrarrestar el efecto desinformador de aquéllas.