En las siguientes semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar el nuevo reglamento de selección de postulantes para las elecciones judiciales. Con ese reglamento vendrá la convocatoria, que incluye dos fases. Hay señales de acercamiento entre el oficialismo y la oposición, pero también anticipos de una ruptura que podría malograr y hasta bloquear el proceso.

La noticia más reciente sobre las elecciones judiciales 2023 es que los asambleístas del MASIPSP, de CC y de Creemos estarían haciendo consultas internas a fin de lograr algún acuerdo en torno al controvertido Reglamento. Existe convergencia en los plazos y podrían ajustarse los requisitos (hoy con observaciones), pero el punto crítico es la instancia de selección de los postulantes. El proyecto oficial de reglamento fue enviado al sistema universitario para su examen. Y se anuncia su socialización.

El espacio decisorio sobre esta cuestión radica en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea. Además de la propuesta de reglamento presentada por la bancada del MAS-IPSP, hay proyectos elaborados por las fuerzas políticas de oposición. En general, tanto la presidenta de la comisión como sus integrantes expresaron voluntad de diálogo para buscar “el mejor reglamento”. Pronto sabremos si esa intención se convierte efectivamente en un reglamento concertado y, por tanto, se allanan las elecciones.

La experiencia reciente en la designación de autoridades en la ALP ha tenido diferentes caminos y resultados. En el caso del Defensor del Pueblo, se inició con un gran acuerdo político y reglamento de consenso. La selección de postulantes avanzó bien hasta la etapa final, donde hubo ruptura. El nuevo Defensor fue elegido solo con los votos del oficialismo. En el caso del Contralor General, no hubo acuerdo desde el principio. Hay postulantes, pero la elección está paralizada por ausencia de dos tercios.

¿Qué camino podría seguir el proceso de selección de postulantes para la elección popular de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura? No lo sabemos de cierto. Por ahora el MAS-IPSP parece haber descartado las propuestas de la oposición, que en esencia delegan a una instancia externa la fase de preselección. Los opositores, a su vez, parecen haberse atrincherado en sus propuestas: o las aprueban o vetamos todo.

En las próximas semanas sabremos si los representantes electos en la Asamblea tienen la voluntad y la capacidad política para concertar un reglamento y la convocatoria a las próximas elecciones judiciales. Si no hay acuerdo, es probable que la selección de postulantes avance a tropezones, pero se paralice a la hora de elegirlos por dos tercios. Ello, a su vez, podría bloquear la propia votación popular prevista para octubre, con terribles consecuencias para una administración de justicia en crisis.

El rumor de quiebra o intervención de un banco, cuya oficina principal está en Santa Cruz de la Sierra, disparó alarmas en todo el país y el martes, durante una agitada jornada, miles de ahorristas intentaron, muchos sin éxito, retirar sus ahorros en una corrida que pudo causar la quiebra de la entidad. Es apenas el último de los casos de deliberada desinformación para causar zozobra.

Días antes, las oficinas del Banco Central de Bolivia se habían visto atestadas de personas tratando de comprar dólares como reacción a un insidioso rumor de que el país se había quedado sin reservas y la todavía no esclarecida actitud de instituciones financieras y casas de cambio que se rehusaban a vender la divisa a las personas que lo pidiesen. El resultado: millones de dólares en efectivo están en manos de personas que probablemente luego tengan que venderlos a un precio menor al que pagaron.

Asimismo, de manera episódica los habitantes de la capital cruceña reciben a través de sus redes sociales alarmantes mensajes que advierten de escasez de alimentos en los mercados o de combustible en las estaciones de servicio, con la consiguiente movilización hacia los centros de abasto, donde se activa la especulación, o las gasolineras, donde se forman interminables filas.

Mientras tanto, en la Gobernación de Santa Cruz reina la incertidumbre debido a que las autoridades del ala ejecutiva y los miembros del legislativo departamental llevan semanas desconociendo lo establecido en el Estatuto Autonómico (y ni hablar de la Constitución Política), en franca vulneración de una institucionalidad que, al menos en el discurso de los dirigentes y jefes políticos, es de vital importancia para el proyecto cruceñista.

Súmese a eso alarmantes denuncias sobre injerencia y manejos poco claros en el negocio del litio por parte de exautoridades, que lejos de investigarse se diluyen en medio de los ataques y contraataques de militantes oficialistas hoy divididos en dos bandos en apariencia irreconciliables y evidentemente incapaces de reconocer su deber histórico.

El efecto en estos casos, y muchos otros que no se mencionan aquí por falta de espacio, es una sistemática erosión de la confianza que pudiese tener la población en las instituciones (al principio solo las estatales y hoy también las privadas) y en las instancias de mediación, como por ejemplo los partidos políticos y sus dirigentes. Así, es difícil avizorar mejores días para el país.

Quienes ganan con este estado de cosas son, por una parte, comerciantes que especulan y medran en medio de la confusión y, sobre todo, agentes políticos que se benefician de tener a la población en un estado de crispación y reactividad muy próximo a la violencia. Mientras tanto, las autoridades de gobierno parecen sobrepasadas por las circunstancias e incapaces de actuar de manera proactiva o por lo menos oportuna. Hay, pues, motivos para preocuparse por el futuro inmediato.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de remitir antecedentes del juicio por la masacre de Senkata a un juez de instrucción de El Alto marca un hito en este proceso, pues la expresidenta Jeanine Áñez será juzgada por la vía ordinaria. Se cierra así formalmente el camino del juicio de responsabilidades, que de hecho estaba bloqueado por el veto minoritario de la oposición.

A reserva del debate político en torno a la autoproclamación presidencial de Áñez en noviembre de 2019 —que ya ha sido objeto de proceso penal y sentencia en el ámbito del caso Golpe de Estado II—, había incertidumbre respecto al procedimiento para juzgar a Áñez en su condición de expresidenta provisoria. Tanto la Constitución Política del Estado como la legislación correspondiente establecen la figura del juicio de privilegio en caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Fue en los primeros días de gobierno de Áñez y los suyos que se produjeron las masacres de Sacaba y de Senkata, con más de una veintena de personas asesinadas por bala (incluidas ejecuciones sumarias), cientos de heridos, torturas y otras violaciones de los derechos humanos. La expresidenta y su gabinete ampararon esas masacres, en nombre de la “pacificación”, con un decreto supremo que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas. Se esperaba un juicio de responsabilidades por estos hechos.

La reciente decisión del TSJ sobre el juicio por la masacre de Senkata despejó la vía ordinaria para juzgar a Áñez. Para la oposición y sus operadores mediáticos, ello implica “renunciar a su atribución”. El mismo camino está en curso en el proceso penal por la masacre de Sacaba (caso Huayllani), en el que se pide ampliar investigaciones en contra de Áñez, y luego seguramente también de sus ministros, por la probable comisión de los delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Estas decisiones jurisdiccionales, ciertamente polémicas, ¿implican desconocer el régimen transitorio de Áñez, que fue presidenta del Estado durante casi un año, aunque no puede acreditarlo formalmente? Por otra parte, el hecho de que Áñez haya tomado de facto la presidencia por fuera del marco constitucional, en una Asamblea Legislativa sin quorum, ¿niega el hecho de que las masacres de Sacaba y Senkata, ampliamente documentadas en el informe del GIEI, se produjeron en el ejercicio de sus funciones?

En medio de la disputa política y de interpretaciones jurídicas sobre el juzgamiento de Áñez en la vía ordinaria, lo evidente es que transcurridos más de cuarenta meses —nada menos— desde las masacres, todavía no hay justicia para las víctimas ni sanción para los responsables que dispararon, dirigieron los operativos militares-policiales, mandaron a matar, avalaron con un decreto. Es fundamental garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, pero sin impunidad ni privilegios.

Cuando todavía no ha terminado de disiparse el entusiasmo que produce, especialmente entre las jóvenes, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el mundo entero parece volver a la normalidad, lo que implica, a pesar de no pocos avances señalados en toda clase de actos de conmemoración, una desigualdad estructural que se mantiene en todos los ámbitos de la vida.

Por el lado optimista, se ha recordado desde diversas instancias estatales que sí hubo avances y conquistas femeninas: desde el Ministerio de Trabajo se anunció un importante incremento en el número de denuncias por acoso laboral y sexual que han sido apropiadamente atendidas; en el ámbito productivo se destacó que son mujeres quienes conducen el 56% de las micro y pequeñas empresas, y que ese porcentaje sube hasta 70% en el caso de los emprendimientos textiles; también se reveló que el porcentaje de mujeres que accede a un crédito en Bolivia creció de 29% a 32% entre 2021 y 2022, por citar solo tres de las estadísticas publicitadas.

Así, es imposible negar que son grandes e importantes los avances en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, lo mismo que en participación femenina en todo tipo de ámbitos públicos, especialmente en puestos de mando y toma de decisiones, y sin embargo también es innegable que la reacción patriarcal no ha sido menor, con casos extremos como el de Afganistán, donde el régimen Talibán está, literalmente, borrando a las mujeres de la vida pública.

Sin necesidad de llegar a los extremos afganos, países como Bolivia registran datos estremecedores, como el hecho que 20 mujeres hayan sido asesinadas solo por su sexo o su género en los dos primeros meses de este año; o que la brecha salarial entre ellas y ellos no haya disminuido de manera significativa ni en el país ni en ninguna parte del mundo; o que las mujeres de países altamente desarrollados, como Japón, Corea del Sur y China se vean obligadas a elegir entre desarrollar su carrera profesional y vivir la maternidad.

De ahí que el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas haya afirmado que “los avances logrados en décadas se están evaporando ante nuestros ojos”, para agregar luego que “al ritmo actual, ONU Mujer prevé que se necesitarán 300 años” para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

Hay, pues, motivos para celebrar los avances y mejoras, pero mucho más para hacer movilizaciones y protestas públicas, reclamando verdadera igualdad de derechos y acceso a recursos, mejores medidas de protección y sanción a los perpetradores de las infinitas violencias cotidianas y, en resumen, condiciones para una vida digna.

Mientras en público sigan repitiéndose discursos vacíos que elogian a las mujeres por sus atributos o se citan números que inspiran optimismo, pero no cambien las actitudes, en público y privado, manifestaciones como las de ayer en La Paz y en todo el mundo siguen siendo necesarias, urgentes.

Como era previsible, la disputa política en torno a las próximas elecciones judiciales en el país se inició con desacuerdos sobre el reglamento para la preselección de postulantes. Una parte de la bancada del MAS-IPSP elaboró una propuesta. La oposición, siempre rezagada, anuncia contrapropuestas. Es el anticipo de un conflicto que puede dificultar y hasta bloquear el proceso.

La elección por votación popular de las altas autoridades judiciales, establecida en la Constitución Política del Estado, ha sido objeto de polémica desde su estreno en 2011. Tanto en esa ocasión, como en la siguiente en 2017, los votos blancos y nulos fueron mayoría. El problema radica no en las urnas mismas, sino en la fase previa de postulación en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todo estaría dispuesto para beneficiar a personas afines y funcionales al oficialismo.

Uno de los factores críticos de este proceso, entonces, tiene que ver con la selección de postulantes y los requisitos establecidos para el efecto. El supuesto es que se deberían privilegiar los méritos, experiencia e idoneidad, y no depender de ningún tipo de avales, sean políticos, sean de poderes fácticos. El desafío, pues, es que los postulantes que vayan a la papeleta sean los mejor calificados. En ello es fundamental el reglamento y, en su caso, la participación de actores externos a la Asamblea.

Según la temporalidad establecida en esta nueva elección judicial, la votación popular está prevista para octubre. Ello implica que hasta mayo próximo la Asamblea debiera concluir el proceso de selección de postulantes a las cuatro entidades que renovarán sus máximas autoridades. Para ello se requiere una convocatoria pública, previa aprobación mayoritaria del reglamento correspondiente. La definición de los postulantes, en tanto, se hace por dos tercios de los asambleístas. No es nada fácil.

¿Dónde radica el núcleo del desencuentro entre oficialismo y oposición? Por una parte, en la definición y ponderación de los requisitos que deben acreditar las y los postulantes. Por otra, lo más importante, en la instancia encargada de la evaluación y selección. Si bien el mandato corresponde a la Asamblea, se discute si basta el acompañamiento y veeduría externa (de universidades, por ejemplo) o si debiera haber una comisión técnica especial a la cual se delegue el proceso. Cuestión de legitimidad.

Más allá de la intensa batalla por el reglamento, debiéramos exigir como sociedad que todo el recorrido hasta las urnas se realice con pleno apego a los principios de legalidad, participación y transparencia. Y, por supuesto, con el compromiso de todos los asambleístas de sumar voluntades y esfuerzos para garantizar una elección sin cuestionamientos ni vicios de origen. Una elección sin imposiciones ni vetos. Es un imperativo en el actual contexto de profunda crisis de la administración de justicia en el país.