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martes 15 jun 2021 | Actualizado a 16:24

Mapa de riesgos

El instrumento es la combinación de los mapas de amenazas y de vulnerabilidades

Por La Razón

/ 15 de septiembre de 2011 / 05:00

En efecto, el megadeslizamiento de febrero mostró que a pesar de lo mucho que se ha estudiado los aspectos inherentes a la calidad y estabilidad del suelo en La Paz, y de las medidas paliativas de amenazas adoptadas, cuando la tierra se mueve en la ciudad, muchos terminan sufriendo. Hay, sin embargo, además de la violenta acción de la naturaleza, un importante componente humano en la dificultad de prevenir y remediar la tragedia urbana.

He ahí la importancia del Mapa de Riesgos 2011 presentado días atrás por el Gobierno Municipal de La Paz, pues es la más nueva versión del instrumento de planificación urbana que se elabora desde el 2004. El Mapa, creado por el Sistema de Alerta Temprana, dependiente de la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos, identifica 36 zonas de la ciudad con alto riesgo de deslizamiento, pero muchas otras más con diversas amenazas.

Según la explicación de los responsables, el Mapa de Riesgos es la combinación de los mapas de amenazas y de vulnerabilidades. Las amenazas se identifican a través de los mapas geológico, geomorfológico, geotécnico, de pendientes y de inundaciones; las vulnerabilidades se encuentran en los mapas poblacional, físico, económico, de apoyo institucional y el de servicios básicos. Gracias a esta información, el municipio puede definir de mejor manera la inversión en obras de infraestructura, de mantenimiento y de prevención. Asimismo, se ha anunciado que el Mapa servirá al Concejo Municipal para modificar el Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA).

Finalmente, la administración edil ya anunció intervenciones con obras en las zonas más vulnerables y descartó evacuaciones.

Sin embargo, ni el conocimiento detallado ni la normativa son suficientes sin la necesaria voluntad de autoridades, pero sobre todo de vecinos para respetar los límites que la propia naturaleza impone. Hasta hace poco se creía que los desastres ocurren en zonas de viviendas precarias; sin embargo, en los últimos años se ha visto caer barrios con grandes viviendas, en parte debido a la poca previsión de constructores que incumplen las disposiciones del USPA y hasta del más elemental sentido común.

Prevenir desastres es, pues, desde este punto de vista, una tarea de largo plazo que exige permanente trabajo de socialización de la norma y concientización sobre la importancia de observarla, si no para evitar que el bien común sea afectado, al menos para conservar la propia casa.

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Renta petrolera

Urge, pues, que la gestión del negocio hidrocarburífero esté a la altura de las expectativas que las autoridades están creando.

Por La Razón

/ 14 de junio de 2021 / 01:36

Dos nuevos proyectos de exploración han despertado el optimismo de las autoridades del área hidrocarburífera, que ya comienzan a soñar con ganancias de hasta $us 5.000 millones si es que los pozos resultan ser exitosos. Sin embargo, hay quien afirma que hay un exceso de confianza en los futuros pozos, que todavía no han terminado de ser explorados y mucho menos perforados.

Se trata de los pozos Itacaray- X1 y Charagua-X1, el primero en Chuquisaca y el segundo en Santa Cruz, que juntos producirían en el futuro inmediato la multimillonaria renta ya mencionada, amén de estabilizar las reservas hidrocarburíferas del país, fijadas, tras una certificación internacional en 2018, en 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas, es decir, efectivamente existentes.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asegura que el campo que se explora en Charagua producirá una renta de $us 1.500 millones; el de Chuquisaca provoca todavía mayor expectativa, pues el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de la estatal petrolera sostiene que aportará con $us 3.500 millones a las arcas del país.

Sin embargo, tres expertos consultados por LA RAZÓN al respecto coinciden en señalar que hay demasiado “exitismo” en las autoridades, pues las exploraciones aún están en curso y todavía falta perforar los pozos y hacerlos productivos, si es que la exploración resulta exitosa. Un resultado negativo en la exploración podría no solo frustrar la enorme expectativa despertada, sino también afectar la imagen del Gobierno.

Por otra parte, aunque se valora el esfuerzo de exploración y perforación de nuevos pozos, se señala que esta tarea lleva considerable retraso, pues hubo poca inversión en exploración y desarrollo de nuevos campos, actividades que fueron confiadas a empresa socias de YPFB que, según algunos expertos, mostraron poco interés en el desarrollo de nuevos campos dado el contexto normativo del negocio en Bolivia.

Asimismo, los expertos consultados por este diario señalan que además de los esfuerzos que aquí se comentan, urge que la estatal petrolera desarrolle planes de exploración y planes de negocio para el largo plazo, en los que se establezca costos e ingresos de los proyectos, además de capacidad de producción esperada y rentabilidad del negocio; esta información mejoraría la capacidad negociadora de YPFB con compradores internacionales.

Para nadie es desconocido que la renta petrolera es el principal ingreso económico del país, y en la medida en que la industrialización es todavía incipiente (y ha sufrido un retraso de casi un año a causa del gobierno transitorio y sus equivocadas decisiones), la producción de líquidos sigue siendo el corazón del negocio, tanto para la exportación como para el consumo interno, que solo puede incrementar gracias al crecimiento de las redes de gas domiciliario e industrial. Urge, pues, que la gestión del negocio hidrocarburífero esté a la altura de las expectativas que las autoridades están creando.

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Tres días decisivos

Se constata que se descartó por anticipado el camino de la sucesión constitucional.

Por La Razón

/ 13 de junio de 2021 / 01:36

La declaración realizada el pasado 7 de junio por la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, hoy con detención preventiva, aporta información relevante acerca de los tres días decisivos en la coyuntura crítica de noviembre de 2019. Sin duda lo más relevante es que la crisis se gestionó por fuera de la institucionalidad democrática, con participación de la fuerza pública.

Áñez está acusada por varios delitos asociados a su autoproclamación como presidenta el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Según el proceso tramitado en el Ministerio Público, Áñez y otros imputados están provisionalmente vinculados a seis delitos penales: terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y anticipación y prolongación de funciones. No es poco.

La denuncia, tramitada por la vía ordinaria, se asienta en el relato —rechazado por las oposiciones— según el cual las acciones que derivaron en el derrocamiento de Morales y el posterior régimen transitorio son producto de un “golpe de Estado”. Hay otras cinco denuncias: una desestimada, tres en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y una en trámite, sobre cuestiones referidas al ejercicio del cargo de presidenta, por lo cual siguen el curso previsto para juicio de responsabilidades.

¿Qué dijo Áñez en su declaración ante el Ministerio Público? En algunos aspectos se trata de información confirmatoria de hechos conocidos, en otros hay revelaciones. Así, se reafirma que la gestión y desenlace de la crisis siguió un espacio y un camino extrainstitucional. Como es de conocimiento público, al amparo de jerarcas de la Iglesia Católica y del exembajador de la Unión Europea en Bolivia, algunos actores políticos de la oposición trazaron y viabilizaron el camino de la “transición”.

Las revelaciones de la exsenadora y expresidenta muestran también que su autoproclamación como presidenta ya fue decidida en la Universidad Católica el día de la renuncia de Morales. Y la llamaron para ofrecerle el cargo. Para el efecto, a su arribo a La Paz el 11 de noviembre, se dispuso de helicópteros de la Fuerza Aérea, espacios en el Colegio Militar, espacios en la Academia de Policías y hasta vehículos diplomáticos. Fue decisiva la reunión de Áñez con el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho.

Sin duda la revelación más comprometedora en el caso es la constatación de que se descartó por anticipado el camino de sucesión constitucional, por el cual la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, debió asumir el cargo de presidenta del Estado. En ello la palabra del perdedor de las elecciones, Carlos Mesa, habría sido determinante. Y se procedió a la toma del poder sin leer las renuncias de los exmandatarios, sin quórum, sin mandato legal, en fin, cerca de la Biblia, lejos de la Constitución Política.

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Fines de ciclo

Desde hace dos años, las bases de los regímenes neoliberales más sólidos en la región están crujiendo.

Por La Razón

/ 12 de junio de 2021 / 01:06

Los cambios políticos se están acelerando en América Latina. Los dos paradigmas políticos que se impusieron a inicios de siglo se han agotado. Primero se debilitó el neo-desarrollismo de izquierda y ahora se ha desatado la crisis de los neoliberalismos más emblemáticos: Colombia, Perú y Chile. El problema es que las alternativas a ambas orientaciones tampoco han emergido con claridad.

 Indudablemente estamos viviendo tiempos turbulentos en los que hasta lo más sólido parece disolverse. El malestar social con el estado de las cosas ya venía desde hace varios años, presionando a todos los regímenes políticos y desprestigiando a las dirigencias. La pandemia y sus secuelas han solamente exacerbado esas incertidumbres.

Estos procesos de cansancio afectaron primero a varios de los modelos de la izquierda progresista que gobernaron a grandes países latinoamericanos desde inicios del siglo. El Brasil lulista, la Venezuela bolivariana, el kirchnerismo argentino y el correísmo ecuatoriano entraron en crisis y/o fueron alejados del poder. Algún apresurado habló del fin de un ciclo y de una automática predominancia de un neoliberalismo de derecha como nuevo eje ideológico de la región.

Sin embargo, la historia da vueltas inesperadas. Desde hace dos años, las bases de los regímenes neoliberales más sólidos en la región están crujiendo. Su agotamiento se reveló primero con sendos estallidos sociales que cambiaron totalmente la agenda política en principio en Chile y luego en Colombia.

En el primer caso, las calles desencadenaron la pérdida de confianza y la capacidad de gobierno no solo de las élites políticas, sino incluso del poder empresarial, militar y religioso. Entre grandes movilizaciones y resultados en urnas que reflejaron el rechazo al establishment, hoy Chile está a las puertas de una Constituyente que parece que modificará la orientación de las políticas socioeconómicas que prevalecieron en ese país desde el fin de la dictadura.

Mientras tanto, Colombia se ha empantanado en una aguda oleada de protestas sociales, severamente reprimidas, que desestabilizaron a los herederos del uribismo y que auguran una elección futura apasionante y polarizada en la que la izquierda tiene una oportunidad de imponerse. Por si esto no fuera poco, la emergencia de Pedro Castillo en la segunda vuelta presidencial peruana y su estrecha victoria, rudamente cuestionada por las élites limeñas, suena un fin de etapa para los tres principales experimentos de política neoliberal de la región.

Son pues varias cosas las que parecen estar agonizando sin que haya tampoco mucha claridad sobre las nuevas orientaciones, políticas públicas y liderazgos que las reemplazarán. En eso, tanto las izquierdas como las derechas latinoamericanas aparecen más bien absortas ante la velocidad del cambio que preocupadas en buscar respuestas. Son tiempos interesantes pero que se pueden volver peligrosos si no hay liderazgos e ideas que reencaucen esta formidable demanda de transformación.

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Política a golpes

Es deseable que la vergüenza producida por la sesión del martes 8 induzca a la reflexión.

Por La Razón

/ 11 de junio de 2021 / 01:39

La interpelación al Ministro de Gobierno el martes último se convirtió en una discusión de cantina cuando un diputado del oficialismo se trenzó a golpes con un senador de la oposición. Las imágenes de la trifulca circularon rápidamente y sirvieron, nuevamente, para reforzar prejuicios de uno y otro lado. En los hechos, el bochorno del martes simplemente da cuenta del estado de la política.

 Asimismo, las reacciones, muchas y de todos los tonos posibles, hicieron más énfasis en las posibles justificaciones, cuando no elogios, a las habilidades pugilísticas de quienes se vieron envueltos (y envueltas, porque los golpes también salieron de manos femeninas) en la trifulca, que en reflexiones acerca de lo que esa pelea significa para la política y el presente del país. Puede decirse que el diputado Colque y el senador Montero representan el sentir de una parte de la población, y eso es peligroso.

Desde el día mismo de la posesión del nuevo Presidente electo, en noviembre de 2020, fue evidente que la oposición, carente de proyecto, y sobre todo de liderazgo, convertiría a la Asamblea Legislativa Plurinacional en una tribuna en la que los gritos y las descalificaciones se impondrían sobre cualquier intento de diálogo. El oficialismo no demostró mejor actitud, con un discurso altamente ideologizado que impide acercamientos efectivos.

Se trata, pues, de actitudes mutuamente excluyentes que tienen grandes dosis de racismo y clasismo, como se pudo apreciar en las declaraciones posteriores a la trifulca. En ese contexto es difícil señalar quién comenzó la pelea, pues es posible imaginar la tensión y frustración acumuladas en unos y otros. Lo peligroso es que al preferir los gritos, los insultos y hasta los golpes, las y los asambleístas están olvidando que su tarea es hacer política y no imponer sus puntos de vista a como dé lugar.

Por lo pronto, el Presidente de la Cámara de Diputados pidió disculpas por el desaguisado y en la bancada oficialista se ha considerado la necesidad de enviar a todos los involucrados a la Comisión de Ética; no se ha escuchado reflexiones semejantes de parte de quienes dirigen las bancadas de CC y Creemos. Llama la atención, sin embargo, el silencio del Presidente Nato de la Asamblea y Vicepresidente del Estado, y de otros jerarcas del partido gobernante.

Así, daría la impresión de que no hay posibilidad de encontrar un terreno común, lo cual solo puede ser malo para el futuro inmediato, pues poco a poco se van cerrando las posibilidades de legislar más allá de la razón instrumental, que desde hace tiempo produce e impone normas pensadas en el corto plazo y las necesidades de una parte de la sociedad. Es, pues, deseable que la vergüenza producida por la sesión del martes 8 de junio induzca a la reflexión y al cambio de actitud, tarea probablemente difícil dada la polarización ideológica y discursiva, pero urgente para resolver los problemas del país.

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Juicios en agenda

De las diferentes proposiciones acusatorias contra la expresidenta, tres casos ya fueron remitidos al Órgano Legislativo.

Por La Razón

/ 9 de junio de 2021 / 02:52

El Órgano Legislativo tiene en agenda más de una veintena de trámites de juicios de responsabilidades contra diferentes exautoridades. Algunos se remontan al periodo 1999-2000. Entre los más recientes están tres procesos, por diferentes motivos, contra Jeanine Áñez, expresidenta del régimen provisorio. Son decisivos los dos tercios requeridos para viabilizar estos juicios.

Más allá de cómo avancen los trámites de juicios de responsabilidades engavetados desde hace más de dos décadas tanto en el ex Congreso Nacional como en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, sin duda los procesos de mayor atención y relevancia tienen como protagonista a la señora Áñez y el régimen que presidió tras el derrocamiento del expresidente Morales. Son juicios complicados debido a que todavía están marcados por la disputa política en torno a diferentes relatos sobre la crisis de 2019.

De las diferentes proposiciones acusatorias contra la expresidenta, hoy en prisión preventiva, tres casos ya fueron remitidos al Órgano Legislativo para su consideración. Se trata de las denuncias por el crédito de $us 327 millones del FMI aprobado por el gobierno provisorio sin el aval de la Asamblea, la ampliación del contrato con Fundempresa y la vulneración de derechos de libertad de expresión. Los tres tienen que ver con decisiones de gestión y no con la polarización “fraude” versus “golpe”.

Según la normativa vigente, para que un juicio de responsabilidades contra un expresidente prospere en Bolivia, se requiere la autorización de las cámaras reunidas en Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicha autorización, previo informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, requiere el voto de al menos dos tercios de los asambleístas presentes. En caso de no existir dicha mayoría especial en dos votaciones, se procede al archivo de obrados.

Al respecto, el jefe de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anticipó que su bancada en la Asamblea viabilizará los juicios que estén “adecuadamente fundamentados”. No respaldará, en cambio, procesos que “tengan como sustento la mentira de un inexistente golpe de Estado”. No se conoce una posición oficial del jefe y bancada de la alianza Creemos sobre el tema. La cuestión es relevante dado que hoy la oposición minoritaria tiene poder para viabilizar o vetar un juicio de responsabilidades.

Dada la persistente disputa entre los relatos que buscan explicar la crisis de 2019, no existe ninguna posibilidad cierta de lograr acuerdos políticos para tramitar un juicio contra el régimen provisorio con base en dichos relatos. La bochornosa sesión de interpelación el día de ayer lo demuestra. ¿Pero qué dirán las bancadas de Creemos y de CC cuando deban decidir sobre la autorización de un juicio contra Áñez y los suyos por las masacres de Sacaba y Senkata? El país lo sabrá más temprano que tarde.

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