Por donde se mire, la piratería, entendida como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, es un delito con múltiples implicaciones, pues va más allá de la falsificación de obras y bienes, afectando la economía y la imagen del país. Sin embargo, también está relacionada con la pobreza de quienes aspiran a esos bienes.
La última edición del Informe La Razón ha abordado esta problemática, investigando tanto el comercio como la producción de bienes falsificados en Bolivia, revelando la existencia de una extensa industria informal dedicada a reproducir desde prendas de vestir de marcas internacionales hasta libros, programas de computación, y obras musicales y cinematográficas. Según cálculos del Intendente Municipal, sólo en La Paz unos 10 mil gremiales viven de este comercio.
Respecto de la falsificación de prendas de vestir, se constató que los confeccionistas nacionales acceden a los patrones de confección de los últimos gritos de la moda, a las telas que imitan la original y hasta a las etiquetas, también falsificadas, que se producen en imprentas y talleres de bordado nacionales. En el caso del software para computadoras, las películas, los discos de música y los libros, se ha evidenciado que si bien antes éstos eran importados, vía contrabando, hoy se producen en el país, pues basta con tener acceso a una imprenta, para el caso de los libros, o a una computadora con capacidad de reproducir y copiar discos compactos.
Para combatir esta práctica, que afecta a importadores y distribuidores de los bienes originales, y a las editoriales y casas discográficas nacionales, el Código Penal tipifica en su artículo 362 los delitos contra la propiedad intelectual, que se complementa con la Ley de Derechos de Autor. Sin embargo, ninguna de estas normas se cumple a cabalidad, tanto por la ineficaz acción de las autoridades responsables de aplicarlas, como por lo extendido de este comercio.
Así, es evidente que el combate contra la piratería es un asunto que va más allá de la interdicción, pues, por una parte, existe una enorme población dedicada a esta ilícita actividad en condiciones a menudo precarias cuando no de simple sobrevivencia, lo que dificulta la tarea de perseguir y sancionar a los falsificadores. Por otra parte, a menudo el precio de los bienes originales es prohibitivo para la mayoría de la población, que probablemente se fije menos en la marca que en el precio y calidad de las prendas de vestir. Lo mismo puede decirse de libros, discos y videos.
Hay, pues, una problemática de gran complejidad detrás del comercio pirata, que sólo podrá ser revertida mediante planes para incentivar el uso de marcas y diseños propios, así como estímulos a la producción y comercio de bienes culturales originales, tales como la eliminación de impuestos a los libros.