Voces

Friday 9 Dec 2022 | Actualizado a 19:16 PM

Rasgos de una consulta indígena

No se trata de convencer desde arriba a los indígenas sobre algo que el Estado ya tiene bien decidido

/ 29 de abril de 2012 / 04:05

En los talleres y charlas con los expertos de Naciones Unidas que nos visitaron hace dos semanas y los documentos de trabajo preparados para ese evento, describiendo algunos casos recientes en otras partes de América Latina, resaltan aspectos como los siguientes:

1. Es clave que una consulta sea previa, libre, informada, de buena fe y realizada a través de las instituciones y organizaciones de los propios pueblos indígenas. Mucho cabría decir sobre cada uno de esos conceptos. En mi anterior entrega (LR 15-04-2012), ya enfaticé los efectos que han ocurrido en varias partes por haberse pasado por alto lo de ser “previa”. ¡Cuánto podríamos añadir sobre los otros tres! No se trata de convencer desde arriba a los indígenas sobre algo que el Estado ya tiene bien decidido y posiblemente financiado. Ambos lados tienen mucho que enseñar pero también que aprender.

2. El fin de estas consultas es llegar a concertar consensos, y éstos son los que deben ser de carácter obligatorio; no sólo la opinión o en “veto” de una de las partes. Mientras éstos no se logren, el Estado debe suspender acciones que vayan contra los indígenas.

3. Lograr tales acuerdos y consensos, de una manera realmente digerida, lleva inevitablemente su tiempo, tomando en cuenta usos y costumbres para informar, deliberar, negociar, etc. Este tipo de procesos es muy distinto de esas otras “consultas” a que ya nos tienen acostumbrados los gobiernos, como los referéndums, en que sólo cabe responder SÍ/NO o abstenerse. La meta no es que gane el SÍ o el NO, aunque sea por sólo un voto, lo que a su vez puede provocar polarizaciones y fragmentaciones de las propias instituciones indígenas.

4. Concertar acuerdos más cualitativos implica permanentes concesiones y reflexiones en una y otra dirección. Son más importantes los cómo, cuándo, en qué casos sí y en qué casos no… Queda claro por qué el alto comisionado de NNUU en Bolivia, Denis Racicot, ya ha expresado reiteradamente la necesidad de no imponer plazos cortos y perentorios.

5. Por lo mismo, más allá de decisiones muy concretas, por ejemplo, sobre una carretera o una represa, los procesos de consulta son algo en permanente construcción. No son simples trámites administrativos y burocráticos. Es un intercambio de saberes para beneficio de ambas partes.

6. La institucionalidad, tanto del Estado como de los pueblos indígenas y sus organizaciones, tiene que jugar un rol clave en ello, más allá de caudillismos, populismos, prebendalismo o simples recuentos de votos. Y otros varios etc., en que ya no puedo entrar por falta de espacio.

El Gobierno, las organizaciones indígenas y la sociedad en general deberían ver hasta qué punto esos criterios encajan con lo que ha venido ocurriendo. Por ejemplo en la Ley 222 y su Protocolo, recientemente aprobado, no sé con cuánta participación indígena contaron. O en las diversas marchas y antimarchas de los últimos meses. Para poner algunos ejemplos entre tantos: ¿Se ha ceñido a este espíritu el tema de la “intangibilidad” o no del TIPNIS? ¿O esos tan frecuentes negocios mercantiles y prebendalismos de las consultas, en que se compra y vende el SÍ o el NO: “Te apoyo si me das tanto”?

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Modernización de la administración pública

/ 9 de diciembre de 2022 / 01:15

Del 22 al 25 de noviembre se desarrolló el XXVII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en Sucre-Bolivia, coorganizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), con el objetivo de presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública en los países de Iberoamérica y el Caribe, así como analizar las innovaciones tecnológicas en la administración pública.

El CLAD es un organismo público internacional creado en 1972, con sede en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene por objeto propiciar el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones sobre las principales dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y de modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica y el Caribe, para ello lleva adelante un encuentro anual con representantes de los países que forman parte del Congreso.

Dicho evento ha fortalecido las nuevas tecnologías en la administración pública, los programas de lucha contra la corrupción y mejorar las relaciones de los servidores públicos con los ciudadanos; conferencistas como Patria de Lancer Julnes y Christian Asinelli expresaron que se avecina nuevos retos para la región, en la que se debe fortalecer la nueva organización del trabajo, a través de la inteligencia artificial, fortalecimiento de los gobiernos locales, participación ciudadana, impulsar una gobernanza colaborativa, espacios de formación para líderes y jóvenes de la región, y transparencia de gobiernos nacionales y subnacionales en favor de la integridad pública.

La modernización de la administración pública en Bolivia denota en la capacidad de administrar y gestionar los recursos del Estado a través de una estrecha relación entre gobierno y el pueblo, orientado al vivir bien, en tal sentido el MEFP expuso en dicho evento la eficiencia con la que se garantizó la resiliencia ante las crisis política, económica, sanitaria y social, emergentes del COVID-19, los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, y sobre todo la herencia de la mala administración del gobierno transitorio, esto gracias a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), como una política acertada que permite una importante presencia estatal en la economía para hacer más eficiente la asignación de los recursos, promover el crecimiento, lograr cambios estructurales en la economía, controlar el mercado y redistribuir la riqueza, fortaleciendo el sector productivo y la industrialización con sustitución de importaciones, articulada a la planificación nacional, sectorial e institucional, con mecanismos de participación y control social (Ley 777 SPIE).

Bolivia, desde la implementación del MESCP, destacó grandes resultados a través de medidas de reconstrucción de la economía, entre los principales resaltó el promedio del Producto Interno Bruto de 2006 a 2019, que alcanzó al 4,7%, y al segundo trimestre de 2022 registró un aumento del 4,1%, y para 2023 se proyecta un crecimiento económico del 4,86%. Otra variable de suma importancia es la inflación, que a octubre de 2022 registró un 2,5%, constituyéndose en una de las más bajas a nivel mundial. Por otra parte, los créditos productivos incrementaron en 10,3% (a septiembre de 2022) respecto a 2021, la reducción de la tasa de desempleo urbano abierto de 11,6% (julio de 2020) a 4,2% (a septiembre de 2022), la reducción de la pobreza extrema de 13,7% (2020) a 11,1% (2021), la cobertura de servicios financieros alcanzó de 81 municipios (2007) a 285 municipios (2022), que representa el 84% del total del país y 11,6 millones (98%) de habitantes cuentan con acceso a los servicios financieros.

Estas medidas, entre otras, fueron expuestas como experiencias sobre el trabajo que realiza el Gobierno, haciendo notar claramente la buena gestión que se realiza.

Las experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones entre los miembros del CLAD permiten un mayor fortalecimiento de las instituciones públicas y la mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas, entre las cuales, el Gobierno ha demostrado tener políticas de gestión sólidas, superando los modestos resultados del modelo neoliberal y preservando, como patrimonio de los bolivianos, la estabilidad económica y social.

Limber Flores Quispe es contador público.

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Pensando Iberoamérica

/ 9 de diciembre de 2022 / 01:10

El pasado 25 de noviembre, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, se realizó la XIV Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Siendo la OEI una entidad de carácter gubernamental para la cooperación que cuenta con 23 Estados miembros, en este evento participaron ministras, ministros, jefes de delegaciones y autoridades de América Latina, el Caribe, España y Portugal, directivos de la OEI e invitados especiales. Bolivia participó en su calidad de miembro pleno de la OEI.

El evento internacional, si bien tuvo carácter institucional, permitió evaluar la situación de Iberoamericana, por demás crítica a causa de la pandemia del COVID-19, y a pensar los programas y estrategias a implementar en la región a partir de estas constataciones, proyecciones que serán aprobadas en el próximo Consejo Directivo. Como se ha verificado en distintos estudios, “Junto con la salud y la economía, la educación ha sido una de las áreas sociales que más ha sufrido. Según la Unesco, 160 millones de niños y jóvenes iberoamericanos quedaron confinados en sus hogares: todos ellos sufrieron consecuencias sociales, psicológicas y educativas por ese aislamiento, pero más aún los 60 millones que no tuvieron conectividad alguna que les asegurara una mínima atención educativa virtual. Para los que tuvieron el privilegio de poder acceder a tutorías y plataformas digitales, la atención educativa no pasó de ser, en la mayoría de los casos, una educación remota de emergencia. Iberoamérica ha sido la región del mundo con más días de actividad lectiva presencial perdidos, lamentable récord que, junto con lo expuesto, pone en evidencia la catástrofe generacional que estamos sufriendo. Esto se añade a la precariedad que arrastrábamos en nuestros sistemas educativos, cuyos logros más importantes habían sido el cuantitativo de asegurar acceso y cobertura, y la inscripción de más de 30 millones de estudiantes en instituciones de educación superior; todo ello sin cumplir, en la mayoría de los casos, los requisitos mínimos de calidad, equidad e inclusión.” (Memoria 2019-2022, OEI) No obstante los esfuerzos de gobiernos, sociedad civil y organismos multilaterales demostraron capacidad de reacción y compromiso con la resolución de esta problemática.

Ante esa situación se planteó que la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible representa el mayor referente para estructurar la acción cooperadora de la OEI en Iberoamérica. Desde el Programa de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad se propuso que se fortalezca la democracia, promueva la participación ciudadana y defiendan los derechos humanos y la equidad de género. Que las acciones prioritarias en el eje educación podrían ser: Primera infancia y educación infantil (Etapa vital), Inclusión educativa y atención a la diversidad, Transformación educativa digital (eje global de trabajo), Formación técnico profesional para contribuir a su consolidación como política pública que incentiva la productividad y empleabilidad, Fortalecimiento de la calidad de la educación para el desarrollo de la ciencia, entre otras estrategias. Además de la consolidación de la participación de la OEI en el Comité Global del ODS 4 de la Agenda 2030 en diálogo con las organizaciones representativas de la región.

En el eje de Cultura se propuso el impulso de la Cultura para el desarrollo sostenible y el Fomento de la cultura iberoamericana. Mientras que en el eje de Lenguas se planteó la Promoción de las lenguas portuguesa, española e indígenas, el desarrollo de la Educación intercultural y plurilingüe, y la Diversidad lingüística. También se ratificó el funcionamiento del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad para contribuir a mejorar la productividad de la región en diálogo con gremios, empresarios y gobiernos y del Instituto Iberoamericano para la Formación y Aprendizaje para la Cooperación en las áreas de educación, cultura, ciencia, bilingüismo y difusión de la lengua portuguesa.

Pensando en Iberoamérica, la OEI va camino a consolidarse en un bien público para la región realizando políticas públicas a favor de los más necesitados y necesitadas, haciendo que la cooperación realmente suceda por el bien de todos y todas. Esos son retos que también debemos construir desde las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y desde nuestro rol de miembros de la OEI.

Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.

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Eclipse a la cultura

/ 9 de diciembre de 2022 / 01:06

En el último tiempo la ciudad de La Paz fue testigo de expresiones urbanas que crecieron en dimensión y número; sin embargo, algunas de ellas fueron sobredimensionadas, olvidando que esta urbe escribió su historia con hechos sociales y culturales trascendentales, los cuales son capaces de describirla sin necesidad de inventar otros.

Cuando ocurre aquello pareciera que está forzando el hecho de dar identidad a una ciudad que tiene por demás la suya propia y no requiere del sobredimensionamiento de costumbres o hechos que parecieran mostrarse hasta artificiales y engañosos. Es más, se debiera recordar que La Paz tiene un prestigio simbólico adquirido en el tiempo, lo que no tiene discusión alguna.

Además, desde su origen esta ciudad ha demostrado su condición territorial de lugar de manifestaciones culturales, donde lo simbólico subyace a cualquier otro tipo de expresiones que pretendan ser popularizadas, como es el caso de la “entrada” de los comerciantes navideños disfrazados de papanoeles al Parque Urbano Central. Una actividad que pareciera manipular el sentido espiritual de la Navidad hacia lo comercial.

De igual manera, no faltan otras entradas barriales que olvidan el valor y prestigio cultural de ciertas expresiones propias de La Paz, como es la entrada del Gran Poder. Todo ello hace necesario recordar que el patrimonio cultural es resistente a cualquier proceso de imitación. Una realidad que muestra, sin equivocación alguna, cómo “una actuación social puesta en escena, simulacro, espejo de espejos, es un modelo sin origen real”, como afirman ciertos escritos.

Volviendo al tema de la feria, no se debe olvidar que los mercados navideños existen en la mayoría de las ciudades del mundo y que se caracterizan por ser pequeños lugares amables, pensados para el disfrute de la población y no solo para el comercio. Es cierto que la gente necesita trabajar y vender, pero precisamente por eso la feria navideña de La Paz debe mostrarse como tal: un mercado de venta de productos navideños que no requiere de papanoeles que invadan la ciudad antes de su instalación en el sector mencionado.

En cuanto a otras manifestaciones urbanas, se debe remarcar que La Paz siempre ha contado con sorprendentes expresiones que no requieren incrementarse con aportes adicionales, pues poseen la suficiente fuerza cultural, por lo que el sobredimensionamiento de otras actividades como la mencionada parece innecesario. Esto por la esencia cultural, que se ha convertido en evidencia histórica.

Asimismo, es importante indagar el significado de ciertos espacios públicos y respetar sus límites porque corren el riesgo de perder el valor que aún tienen. Es el caso de la plaza del estadio, hoy utilizada para ferias dominicales, pese a ser un espacio rememorativo (copia del templete de Tiwanaku) que invita al paseo turístico y de la población.

En ese sentido, una actuación social puesta en escena no debiera tener lugar en una ciudad como La Paz, que tiene una identidad consolidada, propia y singular. Sobra pues el sobredimensionamiento o imposición de manifestaciones que solo confunden las expresiones propias, que además ya consolidaron a los lugares más destacados de la urbe.

Para terminar, toda teatralización del patrimonio es un esfuerzo, por similar y olvidar que existe un origen, una sustancia fundante con bienes simbólicos propios, los cuales pueden convertirse en claves para deconstruir hasta los vínculos entre cultura y sociedad.

Patricia Vargas es arquitecta.

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Composición del PGE 2023

/ 9 de diciembre de 2022 / 01:02

En las últimas semanas, a raíz de la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, en medios de comunicación se entretejieron una serie de comentarios, críticas y opiniones políticas respecto a los datos que el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa.

Ante esta serie de opiniones vertidas por asambleístas, analistas políticos, etc., me gustaría desarrollar alguna de las temáticas debatidas: cuál es la razón por la que el presupuesto de Bolivia representa uno de los porcentajes más altos respecto al Producto Interno Bruto (PIB) comparado con otros países, lo cual implicaría un importante gasto corriente estatal y que se concentra en el pago de sueldos y salarios de un aparato estatal grande.

Se dice que es un despropósito que el PGE 2023 represente el 78% del PIB, incluso analistas señalan que éste alcanzaría al 83%, muy por encima si se compara este porcentaje con el de otros países como Estados Unidos con 30%, Chile con 25% y Paraguay, 40%. Sin embargo, para realizar esta comparación, debemos conocer las particularidades del presupuesto de Bolivia.

A diferencia de lo mencionado respecto a otros países, Bolivia incorpora en su presupuesto a todas las entidades que administran recursos públicos, es decir, órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades descentralizadas y de seguridad social, empresas y universidades públicas, gobiernos departamentales, municipales, entre otros, lo que impide efectuar una comparación directa con otros presupuestos.

Entonces, si al presupuesto le quitamos las instituciones que otros países no contemplan dentro de sus presupuestos, como empresas públicas, universidades y entidades territoriales autónomas, el porcentaje respecto al PIB se encuentra alrededor del 40%, cifra ahora útil para un análisis comparativo.

Un segundo aspecto también cuestionado está relacionado a la composición del presupuesto de gasto corriente, que para 2023 se proyecta con Bs 144.485 millones, lo cual implica un 59,2% del total, una cifra elevada para algunos analistas.

Pero si vamos descomponiendo este dato comprenderemos que Bs 62.799 millones se destinan a la compra de bienes y servicios, donde se concentra principalmente los gastos que YPFB realiza por la importación y comercialización de gasolina y diésel; otro componente importante es aquel vinculado a los gastos de operación de las empresas públicas.

Un tercer elemento de este análisis que forma parte de los gastos corrientes son aquellos destinados a sueldos y salarios, los cuales se cuestionan enfáticamente al señalar que la razón es porque se tiene un aparato estatal demasiado grande, aseveración que nuevamente puede refutarse si nos interiorizamos y entendemos qué es lo que implica este pago.

Para 2023, el Gobierno destinará Bs 47.253 millones a sueldos de los más de 188.000 ítems de maestros y administrativos del magisterio fiscal y de las direcciones departamentales de Educación, más de 70.000 ítems que se encuentran en los servicios departamentales de Salud, programas de salud, entidades de seguridad social y aquel personal de salud con el que cuentan las gobernaciones y municipios, y los 61.700 efectivos policiales y militares.

Solamente el gasto en sueldos de los cuatro sectores mencionados representa el 58,1%, es decir Bs 27.472 millones, entre las entidades territoriales autónomas y las universidades se suma Bs 8.302 millones, las cajas de salud con Bs 3.526 millones, las empresas públicas tienen Bs 3.177 millones y en el resto de entidades públicas se concentran Bs 4.776 millones.

Como se pudo apreciar, es sumamente importante profundizar el análisis respecto a la composición del PGE que se encuentra en tratamiento y debate en la Asamblea Legislativa, lo que permite comprender el destino de la política fiscal que el Gobierno plantea en el marco del Modelo Económico Social Productivo.

Rodolfo Perales Arce es economista.

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China y la política de ‘cero COVID’

/ 8 de diciembre de 2022 / 02:48

Los líderes de China están ante un dilema peligroso. Su obsesión por eliminar el coronavirus ha evitado que el país tenga las tasas pandémicas de mortalidad sufridas por otros países grandes, pero a un costo muy alto: el grave daño social y económico que condujo el pasado fin de semana a las protestas más grandes contra el Gobierno en varias décadas.

La severa política de tolerancia cero contra el COVID impulsada por el presidente Xi Jinping ya no es sostenible, y éste se enfrenta a la difícil disyuntiva entre suavizar las restricciones, lo que podría provocar muertes en masa, y mantener un enfoque impopular que está llevando a la sociedad china al límite. Pero cercar a la población china solo aumenta su vulnerabilidad e inhibe la inmunidad que se adquiere con el contacto con el virus.

Desde el principio, el propio Xi se vinculó al éxito de la política de “cero COVID”, que ensalzó como prueba de la superioridad del autoritario sistema chino. Sin ir más lejos, en octubre lo calificó de “guerra sin cuartel del pueblo”. Cuestionar a un líder todopoderoso era un tabú político, en especial en vísperas del congreso del Partido Comunista de octubre, donde Xi se aseguró un tercer mandato. Por lo mismo, no se hizo ningún intento serio de preparar un plan de transición de la política de “cero COVID”. Sencillamente, China no puede erradicar variantes como la Ómicron. La contención del COVID-19 ha dependido en gran medida de que la población china aceptara el relato oficial, pero, como han demostrado las manifestaciones, el apoyo popular se está disipando con rapidez a medida que se agota la paciencia.

En vez de destinar más dinero a la estrategia de “cero COVID”, los dirigentes chinos deben cambiar con urgencia su enfoque. Deberían ampliar rápidamente el acceso a unas vacunas más eficaces —incluidas las extranjeras— que apunten a la variante Ómicron y a los fármacos antivirales; lanzar una campaña de vacunación a nivel nacional (las autoridades dijeron el mes pasado que en breve se le dará un nuevo impulso); limitar la hospitalización a los casos más graves para reducir el estrés del sistema sanitario; y prescindir de la retórica alarmista de la “guerra del pueblo” y emplear en su lugar un discurso que refleje la realidad de que el COVID-19 puede ser poco más que una infección del sistema respiratorio para muchas personas sanas y vacunadas. Habría que hacer todos estos cambios con delicadeza, dada la profunda inversión política de Xi en la estrategia de “cero COVID”.

Las próximas semanas serán cruciales. La presión pública y económica para relajar las medidas se está acumulando sobre las autoridades locales que están en la primera línea de la crisis. La falta de unas directrices claras de Pekín podría llevar a una reapertura apresurada y caótica y a un aumento de los contagios. Esto es lo que sucedió el mes pasado cuando la suavización de ciertas restricciones sembró la confusión y contribuyó al reciente repunte de los casos.

China ha declarado oficialmente solo 5.233 casos de muertes por COVID-19, frente a más de 1 millón en Estados Unidos, las casi 690.000 en Brasil y las más de 530.000 en India. Aun así, un brote a nivel nacional, en este momento, podría ser nefasto. Tres dolorosos años de lucha contra el coronavirus podrían haber resultado en vano, y poner a China en la peor de las situaciones, que con tanto esfuerzo había tratado de evitar.

Yanzhong Huang es columnista de The New York Times.

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