Voces

sábado 24 jul 2021 | Actualizado a 14:30

Isla con ansias de continente

/ 6 de mayo de 2012 / 06:27

El dilema de elegir entre el portazo o la aceptación sigue dividiendo a los gobiernos latinoamericanos en relación con Cuba. Legitimar o no legitimar al inquilino de la plaza de la Revolución se erige como una disyuntiva que enciende los debates y azuza las desavenencias. Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros, han optado por otorgarle legitimidad a Raúl Castro, en parte porque de esa manera creen que el acercamiento puede provocar más avances en materia de derechos humanos dentro de la isla. Mientras, Estados Unidos y en los últimos días Canadá consideran inadmisible la connivencia entre mandatarios que han pasado por las urnas y un general que heredó el poder por vía sanguínea. Ninguna de las dos estrategias, el acercamiento para convencer y la ofensiva para hacer claudicar, han dado muchos resultados hasta el momento. El Gobierno cubano tiende a sacar partido tanto del abrazo como de la hostilidad. A uno lo muestra como gesto de validación de su sistema político, a la otra como razón para mantener la falta de libertades hacia el interior del país. No en balde en varios muros de la capital habanera ha quedado delineada la frase de Ignacio de Loyola “en una plaza sitiada, disentir es traicionar”.

Ante los llamados a democratizar el país, la administración de La Habana se comporta como el acosado que debe protegerse de exigencias exteriores. El discurso político se refuerza y se vuelve más intransigente a medida que crece el enfrentamiento con el de afuera. La improductividad de la tierra pasa a un segundo plano, la inconformidad ciudadana queda relegada; hasta los cortes eléctricos dejan de ser un tema en las calles, cuando las arengas nacionalistas copan todo el espacio televisivo.

Los días de la Cumbre de Cartagena fueron una muestra casi modélica de esa táctica. Una vez pasada la resaca informativa por la visita de Benedicto XVI, nuestros noticiarios encontraron un suculento bocado en los tropiezos de la magna cita americana. El desplante de Rafael Correa, la ausencia de Hugo Chávez y de Daniel Ortega, la partida intempestiva de Cristina Fernández alimentaron las páginas del periódico Granma en detrimento de otras informaciones. Apenas si quedó espacio informativo para la importantísima discusión sobre la despenalización de la droga, o para narrar los detalles del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. “El reclamo generalizado de integrar a Cuba en estos foros hemisféricos” —en palabras de Evo Morales— sepultó otros debates urgentes en el plano social y económico que tanto urgen al continente.

Y por esta vez las islas volvieron a marcarle la pauta a todo un continente: las Malvinas por un lado y Cuba por el otro. Unas en medio de un conflicto de pertenencia y la otra en el centro de un debate sobre pertinencia. No debería extrañarnos esa desproporción entre los kilómetros cuadrados de un territorio y la cantidad de controversias que genera en una cumbre presidencial. No tendría que sorprendernos tal desmesura porque, durante 53 años, esa ha sido la diplomacia cultivada por Fidel Castro y ahora continuada por su hermano. Estar sin estar, boicotear sin asistir, tirar la puerta sin antes hacer el intento de tocar en ella. En el palacio de gobierno habanero de seguro se esbozaron varias sonrisas al ver la falta de consenso y de declaración final en Cartagena de Indias.

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La insuficiencia comprensiva

/ 24 de julio de 2021 / 01:46

En relación a los últimos pronunciamientos referidos a temas de índole tributario, es importante efectuar algunas precisiones a fin de aclarar concepciones erróneas que de manera equívoca han sido vertidas.

Es sabido que Bolivia es un país complejo cuando se habla de la contribución de la gente mediante el pago de sus impuestos, debido a distintos factores, entre ellos la propia idiosincrasia, los resultados alcanzados en la generación de cultura tributaria constituyen un significativo logro, pero a pesar de este avance aún resulta bastante común referirse al sistema tributario boliviano con el calificativo de “infierno fiscal”.

Esta referencia usualmente conlleva dos errores típicos, el primero está relacionado a que las comparaciones se efectúan considerando parámetros que distan mucho de la realidad boliviana, pues están basados en el análisis de una “empresa tipo” que no es representativa de la realidad en la que se desenvuelven la mayoría de los emprendimientos en el país, tal es el caso del documento Paying Taxes 2020; en segundo lugar se confunden tres conceptos fundamentales: presión fiscal, presión tributaria y carga tributaria, que al no ser utilizados correctamente derivan en resultados erróneos e interpretaciones alejadas de la realidad.

El estudio Paying Taxes 2020 señala que Bolivia presenta una tasa total de impuestos y contribuciones de 83,7% (que erróneamente es asumida como la presión fiscal), el dato es fácilmente objetable debido a la forma en que se calcula, equivocadamente se suman las alícuotas establecidas por norma de cada impuesto vigente en el país, sin considerar que los tributos se calculan en función de bases imponibles distintas, por lo que la suma de las alícuotas de varios impuestos es imprecisa y en el límite no tiene relación alguna.

En este escenario debe señalarse que no todos los contribuyentes llegan a estar obligados a la totalidad de los impuestos que existen en el sistema tributario boliviano, la mayor parte de ellos se encuentra sujeto al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), dependiendo del rubro de su actividad; por otro lado, es menester considerar que la normativa de cada tributo prevé ciertos beneficios y deducciones para los contribuyentes, por lo que muchas veces la declaración no viene acompañada de un pago.

En el caso del IVA, además de ser un impuesto indirecto que es pagado por el consumidor final y no así por el contribuyente, un buen porcentaje de los sujetos pasivos se benefician con la compensación del crédito fiscal acumulado por sus compras respecto al débito que puedan generar; por ello, para ser objetivos en la evaluación de la tributación en Bolivia deben considerarse las tasas efectivas de cada impuesto, que para el IVA oscilan desde un 2,6% de las ventas en promedio, considerando el pago final.

Respecto al IUE, si bien este es un impuesto directo, la normativa permite deducciones sobre los distintos niveles de utilidad (contable, neta e imponible) que en la determinación final pueden conducir a una situación de pérdida, en la que no se produce ningún pago para el Estado. Por otra parte, cuando existe un pago, este monto puede ser utilizado como un pago a cuenta del IT; en términos de tasa efectiva el IUE presenta en promedio un 2,3% sobre los ingresos.

En el IT es posible que una parte de los contribuyentes obligados compensen el pago de este impuesto con los pagos de IUE hasta que estos se agoten o se alcance el cierre de una nueva gestión fiscal; en términos de tasa efectiva ésta alcanza en promedio a 1,8% de los ingresos.

Asimismo resulta importante mencionar que la presión tributaria es un parámetro interesante de comparación cuando es adecuadamente empleada, entendiendo que este indicador se refiere a los ingresos porcentuales que los particulares y empresas aportan al Estado por impuestos con relación al Producto Interno Bruto (PIB); concepto que es deliberadamente omitido por los opinadores siendo que este indicador no hace más que medir la capacidad que tiene un régimen impositivo para generar ingresos fiscales de las diversas actividades de la economía. Si se realiza un análisis histórico imparcial y objetivo se puede constatar que nuestro país entre 2005 y 2019 ha mantenido un nivel de presión tributaria estable, de 19,2% en promedio. 

Álvaro Nina y Lilian Loayza son economistas.

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Un capitalista espacial

/ 24 de julio de 2021 / 01:42

El planeta Tierra le quedó chico a quien ya impera con su base financiera como la persona más rica del mundo ($us 200.000 millones en su haber). Entonces, juzgó llegado el momento de explorar y explotar el espacio sideral y bajo esa aspiración Jeff Bezos (57) se lanzó el 20 de julio al cielo ignoto para contemplar la redondez terrestre desde su propia nave, aventura pionera de su empresa Blue Origen que organiza turismo espacial al módico precio de $us 250.000 por una vista privilegiada que dura menos de cinco minutos.

Jeff nació en 1964 en Alburquerque, Nuevo México, registrado Jeffrey Preston Jorgensen, fruto del amor de colegiales adolescentes cuyo padre lo abandonó al nomás nacer. Fue el cubanoamericano Miguel Bezos quien asumió la paternidad y lo crió esmeradamente como hijo suyo. Jeff desde la tierna infancia, reveló prematuramente su talento reconocido de niño superdotado. Prontamente, después de graduarse con un bachillerato en informática, creó su propia empresa, escalando peldaños cada vez más altos. En 1994, funda Amazon, nombre por analogía con aquel río caudaloso de enorme horizonte que, como esa multinacional, desde su concepción, no solo llega a ser la campeona indiscutible de las ventas a domicilio, sino que adquiere otros rubros como el prestigioso Washington Post o la hollywoodiana MGM. La dramática irrupción de la pandemia del COVID-19 que significó la quiebra de muchos negocios, se convirtió para Amazon en dorada oportunidad para crecer aún más, pues sus ventas en 2020 subieron a $us 386.000 millones, doblando sus beneficios a $us 21.000 millones. Y, mientras el desempleo cundía por doquier, Amazon contrató en ese año a 500.000 nuevos empleados, o sea 1.369 por día. Esas cifras que producen vértigo me indujeron a comparar mutatis mutandis con algunos datos de Bolivia, donde el capitalismo es vilipendiado como el siniestro sistema de explotación, ofreciendo en cambio recetas abstractas y confusas.

Mientras Amazon crea por sí misma 1.369 empleos por día, en el Estado plurinacional se cerraron 3.032 empresas en 2020, lo que significó la baja de ocho fuentes de empleo cada 24 horas, causando la desocupación consiguiente. Cotejar los 1.298.000 de sus asalariados con toda la fuerza de trabajo de Bolivia, resulta deprimente. Mas aún si se confronta sus $us 21.300.000.000 de beneficios en 2020 con el magro PIB boliviano en igual periodo. Todo ese parangón es útil para constatar la dimensión del país y apreciar el rendimiento del capitalismo contemporáneo, así sea en la versión china o vietnamita de capitalismo de Estado versus el sonoro fracaso del remedo de socialismo impuesto a algunos países latinoamericanos. La proyectada tasa impositiva a las multinacionales de 15% anual sobre sus beneficios, podría de alguna forma compensar la asimetría social que causa la concentración de la riqueza en pocas manos.

Sin embargo, Jeff Bezos es el mejor ejemplo para evaluar la igualdad de oportunidades que se abren para las personas de talento superior en el marco del sistema capitalista frente al modelo socialista, o a las autocracias que acuden a la represión y la corrupción para mantenerse en el poder, cerrando el paso al talento y a la creatividad.

Personalmente, mi asociación con Amazon no pudo ser más feliz. Su sección libros, publica y difunde ampliamente desde hace cinco años, cinco obras mías, en inglés, español y francés, tanto en formato digital como impresas en papel. Ese pequeño detalle, dentro de la modalidad de venta a distancia, es parte de la respuesta al desafío de “crear una librería en línea con millones de títulos, algo inconcebible en el mundo físico”. Todas esas innovaciones de Amazon son el futuro que ya llegó.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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El dilema de los militares brasileños

/ 24 de julio de 2021 / 01:39

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está estimulando una ruptura institucional en la segunda democracia más grande del continente americano, de manera similar a la que intentó Donald Trump en Estados Unidos. Bolsonaro no solo promueve la quiebra de disciplina en el ejército sino que amenaza con impedir la organización de las elecciones del próximo año. Y el problema es que en Brasil, a diferencia de Estados Unidos, la cúpula de las Fuerzas Armadas ha jugado un papel central en este objetivo, muchas veces respaldando las embestidas autoritarias del capitán retirado.

Brasil vive un proceso acelerado de degradación institucional. En asuntos tan relevantes como el medioambiente, la justicia, las relaciones exteriores, la educación o la cultura, el Estado brasileño ha sido progresivamente carcomido por el bolsonarismo. Sin embargo, pocos sectores han sido tan duramente impactados como el del ejército y la defensa nacional.

Tras la llegada de Bolsonaro al poder, en 2019, según reportes periodísticos, no menos de 6.000 oficiales han ocupado cargos gubernamentales que deberían ser desempeñados por civiles. Durante su mandato, las fuerzas castrenses han salido de los cuarteles para ocupar cada vez más poder. Y para algunos de ellos también ha sido la ocasión de enriquecerse. El sector salud es un buen ejemplo.

Gracias a una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) y al trabajo de la prensa, se está conociendo la naturaleza corrupta de estas nuevas políticas: desvío de recursos destinados a la compra de vacunas en favor del presupuesto de mantenimiento de aviones del ejército, así como fuertes indicios de participación de militares activos y en retiro en la compra de vacunas a sobreprecio, incluyendo al exministro de Salud de Bolsonaro, el general Eduardo Pazuello. Las altas autoridades castrenses han exigido públicamente la impunidad para los suyos. Al hacerlo, el ejército dobla su apuesta a favor de los anhelos golpistas de Bolsonaro, y en contra de la democracia brasileña.

Antes de adherirse a una aventura antidemocrática, los militares deben ponderar que Bolsonaro es cada día más impopular. El respaldo público de diversos integrantes del ejército a un líder que, ante un escenario electoral cada vez más adverso, sueña con eternizarse en la presidencia, podría ayudar a ponerle fin a la democracia.

Los congresistas brasileños deberían aprobar el proyecto de ley que prohíbe la contratación de militares activos para cargos civiles y que recibió el apoyo de numerosos ex ministros de Defensa, y no ceder a los chantajes de Bolsonaro y de sus operadores castrenses. Cualquier iniciativa que intente poner en duda la realización de las elecciones presidenciales de 2022, la modificación del sistema electoral o el régimen político (como la adopción del voto impreso o del régimen semipresidencial) debería ser repudiada por el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil.

Al respaldar ciegamente a un gobierno que lleva a cabo uno de los procesos más extremos de destrucción de la democracia en el mundo, las Fuerzas Armadas corren el riesgo de quedar asociadas a él de manera indeleble. Y, al ponerse al servicio de una familia en vez de trabajar para el Estado brasileño, podrían propiciar una ruptura generalizada de la cadena de mando estimulada por el propio Bolsonaro, en particular si es derrotado en las urnas el próximo año.

Los altos mandos militares, por su lado, tendrían que entender que es la hora de defender la democracia. La experiencia traumática de la dictadura militar es un recordatorio de lo que nunca más debe suceder. Las Fuerzas Armadas, en particular, no deberían olvidarlo.

Gaspard Estrada es director del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) y columnista de The New York Times.

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La exploración en Bolivia debe continuar

/ 23 de julio de 2021 / 01:42

Después de un largo periodo en el que los precios del petróleo crudo WTI se mantuvieron estables entre $us 80 y 100 por barril, a partir de 2015 se desmoronaron de manera preocupante hasta llegar a sus niveles más bajos en 2016, cuando el precio del gas boliviano de exportación cayó por debajo de los $us 3 por millón de BTU. El impacto de la caída de precios del WTI y del gas natural boliviano tiene fundamentalmente dos efectos: la reducción de la renta petrolera y la contracción de las inversiones en exploración y explotación (E&E), avizorándose la paralización del sector hidrocarburos.

En este contexto, con la finalidad de contrarrestar la inminente paralización de la actividad exploratoria, el gobierno tuvo el reto de plantear una fórmula que permita impulsar y despertar nuevamente el interés de los inversores en E&E, es así que se materializó la Ley 767 con el objetivo fundamental de reactivar las inversiones en la exploración de nuevos campos.

Bajo la política de incentivos a E&E, en 2015 se autorizaron y aprobaron en la Asamblea Legislativa los contratos de servicios petroleros (CSP) Carohuaicho 8A, 8B, 8D y Oriental; en 2016, Carohuaicho 8C; en 2017, Aguaragüe Centro, Itacaray, Charagua y Abapo; en 2018, San Telmo Norte y Astillero; y en 2019, Iniguazu por el Consorcio Repsol, PAE, Shell y YPFB Chaco. La suscripción de estos CSP representó un compromiso de inversión en el orden de $us 6.900 millones.

Asimismo, se gestionaron y aprobaron en la Asamblea cuatro adendas: Caipipendi, bloque operado por Repsol, PAE y Shell; Campo Camiri; Campo Guairuy, operado por YPFB Andina; y Huacareta, operado por Shell. Las inversiones comprometidas por estas adendas estuvieron en el orden de $us 993 millones.

Por otro lado, el Legislativo aprobó cuatro cesiones de CSP: Ipati y Aquio con la empresa Total; campo Tatarenda por Matpetrol; Colpa y Caranda por Petrobras. Con inversiones comprometidas de $us 442 millones.

En cinco años se comprometió una inversión en E&E de aproximadamente $us 8.335 millones, por las empresas petroleras que operan y llegaron a Bolivia.

Asimismo, en el quinquenio 2015-2019 se realizaron 22 “convenios de estudios” (CE) que se constituyen en la fase inicial a los CSP, los cuales son: Cupecito (2015); La Ceiba, Vitacua y Madidi (2016); Río Salado (2017). Durante 2017 se realizó en Bolivia el evento más importante del gas en el ámbito mundial, denominado Foro de Países Exportadores de Gas, donde se suscribieron 19 expresiones de interés para realizar convenios de estudios y posteriormente suscribir contratos de servicios petroleros. En 2018 se realizaron los CE para las áreas Carandaiti, Sayurenda, Yuarenda, Sauce Mayu, Monte Verde, San Telmo Sur, Río Salado e Ingre; en 2019, Algarrobilla, Ovai, Miraflores, Irenda, Cedro, La Guardia, El Rodeo, Florida Oeste y Florida Este. Los convenios fueron suscritos por Pluspetrol, Gazprom, Petrobras, Vintage, GTLI, Camcabria, YPFB Chaco, Andina y otros. 

Por lo tanto, entre 2015 y 2019 se logró suscribir 12 CSP y 22 CE, cuatro adendas y cuatro cesiones, lo que implica que, en promedio, se firmaron entre dos y tres CSP por año; entre cuatro y cinco CE por año, y una adenda y una cesión por año. Esta actividad atrajo un promedio de $us 1.600 a 1.700 millones por año, generando un escenario resiliente en una coyuntura de precios bajos del WTI. Estas gestiones hasta la fecha siguen reportando resultados positivos, tales como los pozos perforados en Boicobo, Los Monos, Caigua, Yarara, Sipotindi, entre otros.

Ahora bien, para mantener el ritmo en la actividad exploratoria, mínimamente se debería suscribir entre dos y tres CSP y al menos cuatro y cinco convenios de estudio por año, con la finalidad de hacer sostenible la producción de hidrocarburos a través de las actividades de exploración y explotación en Bolivia.

Ante este nuevo escenario, una visión integral del sector y una presencia más activa permitirían aprovechar las oportunidades actuales, que se generan a partir de los precios altos del gas que se gozan actualmente y la gran competitividad de nuestro gas con relación a los precios del GNL, además que las proyecciones de los precios del gas son muy alentadoras para el futuro. Es el momento de la negociación de nuevos CSP y la consolidación de más mercados de exportación de gas, a través de la firma de nuevos contratos de “venta de gas en firme”, sin intermediarios (venta directa), con precios mayores a los actuales contratos; son las acciones que reactivarán el sector del gas, y consiguientemente la reactivación económica del Estado a corto plazo.

Luis Alberto Sánchez es ingeniero, consultor y exministro de Hidrocarburos.

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Plan nacional de desarrollo para Vivir Bien

/ 23 de julio de 2021 / 01:37

Hace más de 15 años (10-06-2006), Evo Morales y Álvaro García, presidente y vicepresidente constitucionales de Bolivia, recibían la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” de manos del equipo del Ministerio de Planificación del Desarrollo encabezado por su máxima autoridad, Carlos Villegas. Este plan de grandes realizaciones marcó los lineamientos estratégicos de nuestra patria en el periodo 2006- 2011 y en la actualidad orienta acciones estatales y privadas vinculadas a desarrollo, además dejó muchos aprendizajes que a la luz de la realidad presente tienen que ser leídos y comprendidos.

Aprendizaje 1: Los planes de desarrollo deben formularse participativamente y tienen que partir de los programas de gobierno presentados por los partidos en los procesos eleccionarios. El PND tiene sus orígenes en un “ampliado” realizado en 2005 con las organizaciones sociales y comunitarias, donde Evo Morales solicitó la presentación de propuestas. La respuesta fue expresión de la alta capacidad propositiva de las organizaciones, cientos de hojas y archivadores materializaron la voluntad y compromiso de importantes sectores del pueblo. Gracias a un trabajo ampliamente participativo el resultado fue en principio un “decálogo” y luego el programa de gobierno del MAS elaborado para participar de las elecciones generales de diciembre de 2005. Luego, en febrero de 2006, una vez que asumió la presidencia, Morales encargó al ministro de Planificación la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo a partir del programa de gobierno. Fueron casi cuatro meses de intenso debate, talleres y generación de políticas y estrategias nacionales para concebir el desarrollo de Bolivia. Hoy, 2021, a gobiernos municipales, departamentales y nacional relativamente recién constituidos habría que preguntarles, ¿elaborarán planes de desarrollo del ámbito territorial de su competencia con base en sus programas de gobierno electorales?, ¿cuándo se serán debatidos?

Aprendizaje 2: Un plan de desarrollo supone generar una concepción de desarrollo pertinente a la realidad del país. El PND es un ejemplo de este postulado, es una abierta interpelación a modelos civilizatorios y de desarrollo vigentes bajo supuesto “progreso” indefinido y una búsqueda de alternativas a las múltiples crisis imperantes en nuestra sociedad. Desde el PND se contribuye a: transformar el país; desmontar el modelo de desarrollo concebido desde el colonialismo y neoliberalismo; desarrollar un nuevo paradigma de desarrollo sustentado en la concepción del Vivir Bien; contribuir a la construcción de un nuevo Estado plurinacional, promotor y protagonista del desarrollo, social comunitario, que redistribuye equitativamente la riqueza, ingresos y oportunidades; desarrollar la convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad de la economía estatal, economía comunitaria, economía mixta y economía privada; y promover el desarrollo integral a través de la construcción de un nuevo patrón de desarrollo diversificado e integrado y la erradicación de la pobreza, desigualdad social y exclusión. Gobiernos subnacionales y nacional, ¿qué concepción de desarrollo propondrán en sus nuevos planes de desarrollo?, ¿los elaborarán?

Aprendizaje 3. Un plan de desarrollo es una propuesta de país, departamento o municipio, según corresponda. El PND concibió la Bolivia digna, soberana, productiva y democrática. Digna porque al erradicar o reducir la pobreza y desigualdad devolvía la dignidad de los excluidos. Productiva, orientada a la transformación y diversificación de la matriz productiva, generando excedentes, ingresos y empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente. Democrática, construcción de una sociedad y Estado plurinacional y socio-comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social y comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país. Soberana, constitución del Estado en un actor internacional, soberano, auto-determinado, con identidad propia. ¿Cuál será la concepción de departamento o municipio de los gobiernos subnacionales y de país para el Gobierno nacional?, ¿será un conjunto de tecnicismos o de veras una concepción de municipio, departamento o país?

Queda mucho por consolidar y re-crear, pero las experiencias como la historia no se olvidan, se esperan las respuestas.

Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.

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