El título de este comentario no corresponde a la realidad. Los pasajeros del transporte público urbano somos “el último mono”, con el perdón de los simios. Los choferes, sindicalizados o no, nos han tenido dos días seguidos cercados por un brutal bloqueo. Y el Gobierno, tan campante. La Policía sólo se ha hecho sentir por sus ensordecedoras sirenas que anuncian el paso veloz de los gobernantes.
Hecha la justa protesta, en nombre de todos los sufridos ciudadanos de a pie (nunca mejor aplicada la expresión), vayan algunas consideraciones sobre un problema que las autoridades competentes no han podido resolver. Ante todo, los dirigentes sindicales deben admitir que no pueden sacrificar a la población a cambio de ventajas personales, siendo así que nadie ignora los privilegios y patrimonios personales de los que gozan esos dirigentes. En segundo lugar, el tráfico vehicular no es competencia natural del Gobierno, sino del municipio. En este sentido, la Alcaldía paceña dispuso unas normas precisas destinadas a la regulación del tránsito rodado. Normas que no han sido un capricho personal ni una apresurada improvisación, sino fruto de un estudio serio del problema, apoyado con la rica experiencia de otras ciudades del mundo. Pero a la mayor parte de los ilustrados choferes no les da la gana de aceptar. Así y todo, el Alcalde paceño trató, sin resultados positivos, de dialogar con los dirigentes.
Es archisabido que nuestras ciudades, y en particular la sede del gobierno, están viviendo un ritmo de crecimiento acelerado, tanto en el número absoluto de vecinos como las distancias que van alejando un bario del otro. La conclusión elemental es que el transporte público debe atender a los requerimientos de ese crecimiento y a precios asequibles para el común de los usuarios. De donde se deduce la necesidad de establecer una red municipal de conexiones vehiculares en todo el perímetro urbano y su consiguiente empalme con los transportes de cercanías. Es también imprescindible que los conductores estén provistos de un carnet obtenido tras las correspondientes pruebas de aptitud y no al precio de las coimas a los burócratas de turno. Es de sentido común que los vehículos estén en perfecto estado de funcionamiento. Otros requisitos exigibles deben constar explícitamente en la Ley del Transporte Público, en la que deben incluirse las correspondientes sanciones a quienes las infrinjan.
Hecha esta breve referencia a la normativa municipal, creo ineludible volver al paro de los transportes de esta semana y a la actitud del Gobierno central que se hizo el que ignoraba las molestias que soportó el vecindario. Hay quien opina que fue una ignorancia culpable, incluso un apoyo bajo mano del Gobierno que utilizó al sindicato automotor para dañar la reputación del Alcalde paceño, por el grave delito de no haber sido elegido por los votos masistas, sino por los sufragios incontrolados por el partido de gobierno. Pues bien, si esto fue así, al Ejecutivo le salió el tiro por la culata, ya que la ruin maniobra le ganó más antipatía de la que ya ha venido acumulando en los últimos meses.
Ojalá que los choferes, sindicalizados o no, entren en razón y se convenzan de que el pasajero es el rey. Sólo así merecerán el respeto del vecindario.