Dicen que la Revolución del siglo XXI no será televisada. Puede ser. En los telediarios, más bien (tengan o no las imágenes), habrá de agendarse la contrarevolución. Como sea, lo evidente es que las revueltas ya son contadas con celeridad en Twitter y, al mismo tiempo, ampliamente comentadas en Facebook. Las redes sociales y otras navegaciones, comunidad virtual, cotizantes en Bolsa, llegaron para quedarse.
Pero más allá de que las nuevas batallas (reales) tengan más o menos activa presencia/cobertura noticiosa (virtual), una cuestión relevante para los andamios de la comunicación e información tiene que ver con la red como escenario, ora declarado, ora encubierto, de disputa política y de movilización social. ¿Se pueden impulsar acciones colectivas, no sólo de afinidad, desde los medios interactivos?
Hay amplio análisis sobre el papel de las nuevas tecnologías en recientes movimientos de protesta global, en especial como eficaz instrumento de articulación y de convocatoria. Así se constató en la Primavera Árabe, los “indignados” en España y las diferentes acciones de los Occupy. Y así ocurrió en la movilización callejera, en miles de ciudades del mundo, de la semana pasada (#12M #15M).
Allende diferencias, Bolivia no es la excepción. Algunos estudios de monitoreo muestran que redes sociales como Twitter y Facebook se han convertido en robustos, a veces virulentos, espacios de posicionamiento político. Se sabe además que dichas plataformas expresan hoy un claro predominio de activistas y voces opositoras al Gobierno, cuestionando todo lo vinculado con el proceso de cambio.
Que la debilitada/dispersa oposición boliviana impulse campañas y mensajes virtuales en contra de Evo y los suyos no debería llamar la atención. Lo propio ocurre todos los días, con sincronía, en la mayoría de los “medios de referencia” (en especial diarios y redes de televisión). Parece claro que, pese a la propaganda y sus medios oficiales, el Gobierno lleva la peor parte en las arenas de la mediatización.
En tal escenario, nada más desatinado que plantear el control de los contenidos en las redes sociales. Primero porque es técnicamente imposible; segundo porque resulta democráticamente deplorable; y tercero porque es claramente inútil. Ya suficiente disputa existe con los operadores mediáticos y sus asociaciones como para intentar una fallida “vigilancia” de feisbuquer@s y twitters.
Pero habremos de convenir, libres de ingenuidad, en que una cosa —enhorabuena— es utilizar las redes y otras plataformas interactivas para hacer activismo político y otra, muy distinta, es aprovechar el espacio virtual, muchas veces desde el anonimato, para la difusión sistemática de agresiones racistas y discriminatorias. Con racismo, bien se sabe, no hay democracia. Por más que se encubra de libertad de expresión.
¿Qué hacer? Aseguran que, desde siempre, la mejor venganza es ser feliz. Pero eso no aplica en la función pública. ¿Habrá entonces que elaborar una norma que permita sancionar el “desacato” en Twitter y en Facebook? Para nada. Sospecho que en estos territorios, además del estratégico desdén, la única respuesta de veras fructífera es “más comunicación, mejor gobierno”. Lo demás, está visto, es silencio.
¿Y será necesaria alguna regulación específica contra las agresiones e insultos, que los hay en abundancia en las redes sociales, por motivos racistas y discriminatorios? Esa ley ya existe. Y tipifica como “delitos contra la dignidad humana” la incitación al odio, violencia o persecución del “otro” en razón a su condición o naturaleza. Por cualquier medio, incluidos los interactivos. En ello, por principio, no hay concesión posible.
Las redes sociales, entonces, llegaron para quedarse. Están ahí, cotidianas, pese a las brechas digitales, la baja conectividad y el elevado costo. Se agitan y dicen. Convocan. ¿Podrán desplazar e incluso sustituir con legitimidad y eficacia la comunic/acción directa? Tengo serias dudas. Vean sino a los vecinos en asamblea de Pasankeri con los autoconvocados “Me gusta” de San Miguel. Huelgan comparaciones.