Días atrás, autoridades de Bolivia y Perú declararon a la cuenca del río Suches, afluente del lago Titicaca, como “zona crítica de daño ambiental de prioridad binacional”. La determinación surgió luego de una evaluación elaborada por una comisión binacional, que confirmó los graves daños que la minería informal de ambos países está causando en esa región fronteriza.
La comitiva, conformada por funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países y de otras carteras relacionadas con el cuidado del medio ambiente, recogió muestras de agua y sedimentos superficiales en el lugar. Los resultados corroboraron la presencia de metales pesados en este río, como hierro y mercurio; así como elevados niveles de nitratos en los alrededores que exceden los límites permitidos.
Esta contaminación está causando serios problemas a la actividad ganadera de alpacas, principal fuente de subsistencia de la región. Además, constituye un serio riesgo para la salud de las poblaciones aledañas, que emplean las aguas de ese río para el riego y el consumo doméstico; en tanto los agentes tóxicos son arrastrados hacia otras zonas del entorno, por efecto de los vientos y de las lluvias. Por otra parte, los desechos minerales afectan la fertilidad de los suelos, pastizales y cultivos; y promueven el deterioro de la biodiversidad acuática y de los ecosistemas terrestres.
Entre las diferentes actividades mineras que se realiza en la región, la explotación ilegal de oro es particularmente dañina. Pues para obtener una pequeña cantidad de ese cotizado elemento se necesita excavar, remover y procesar (empleando cianuro, uno de los venenos más potentes que existe en la naturaleza) toneladas de tierra y miles de litros de agua.
Por todas estas consecuencias y riesgos a la salud (si bien las secuelas se manifiestan después de varios años, la constante exposición de la piel y el consumo de agua y de alimentos contaminados da lugar a malformaciones congénitas, disfunciones renales, hepáticas e inmunológicas que provocan cuadros de morbilidad crónica), la comisión resolvió establecer una “zona de amortiguamiento” en la laguna Suches, entre los hitos 20 y 21. De igual manera, se tiene planeado crear un grupo técnico de trabajo para que elabore un plan de gestión de riesgos.
Es de esperar que este plan de contingencia prospere, y sobre todo que funcione. Pero para ello se necesita el compromiso y la coordinación de ambos países. Por ejemplo, en enero pasado, luego de que las autoridades peruanas anunciaran la determinación de reducir la actividad minera informal en los alrededores de Puno (a orillas del lago Titicaca), los mineros trasladaron sus maquinarias hacia el territorio boliviano. Traslado que impidió el control de la contaminación. De allí la necesidad de conformar una comisión binacional que asuma y enfrente este problema.