La corrupción en Bolivia es el cáncer que ha debilitado profundamente a una de las instituciones más importantes para el funcionamiento de un Estado: la justicia. Aunque los líderes y gobernantes se llenan la boca de promesas sobre su erradicación, la realidad es que el sistema judicial está quebrado, carcomido por una corrupción estructural que impide impartir una justicia imparcial y efectiva.

En Bolivia, es imposible hablar de justicia sin tocar el tema de la impunidad. La ciudadanía ha aprendido que la ley, lejos de ser un mecanismo de equidad, se ha convertido en un instrumento de poder al servicio de unos pocos. Los casos de corrupción dentro del sistema judicial no son excepciones aisladas, sino parte de un patrón en el que las leyes se aplican según el poder adquisitivo o la influencia política de los involucrados.

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Uno de los ejemplos más contundentes de este fracaso se encuentra en el sistema carcelario boliviano. Las cárceles del país están llenas de personas que no han recibido una sentencia justa; muchos de ellos han pasado años en prisión preventiva, esperando un juicio que nunca llega. Mientras tanto, los verdaderos culpables de crímenes graves a menudo evaden la cárcel gracias a sus conexiones políticas o financieras. Así, los inocentes se pudren tras las rejas, mientras los poderosos se pasean libres por las calles.

La cárcel de San Pedro, en La Paz, se ha convertido en el símbolo más visible de este problema. En este centro penitenciario, los reclusos no solo viven en condiciones inhumanas, sino que están obligados a pagar por su espacio dentro de la prisión. Aquellos con recursos pueden comprar celdas mejores, mientras que los pobres deben conformarse con dormir en los patios. Esto no es justicia, es la manifestación más cruda de la desigualdad y corrupción que reina en el sistema.

El colapso de la justicia en Bolivia no solo se refleja en las prisiones. Los casos de corrupción en los tribunales son igualmente alarmantes. Jueces que aceptan sobornos, fiscales que fabrican pruebas y policías que manipulan investigaciones son solo algunos de los ejemplos que ilustran cómo la corrupción ha minado la confianza del pueblo en sus instituciones. La justicia, que debería ser ciega e imparcial, se ha convertido en un lujo que solo unos pocos pueden permitirse.

La ausencia de un verdadero estado de derecho en Bolivia ha llevado a una crisis de confianza sin precedentes. Los ciudadanos no solo desconfían del sistema judicial, sino que temen ser víctimas de él. El principio de presunción de inocencia, un derecho fundamental, es continuamente vulnerado. En muchos casos, las personas deben probar su inocencia, en lugar de que el Estado pruebe su culpabilidad, algo que distorsiona completamente los principios básicos del derecho.

Es imposible imaginar un futuro próspero para Bolivia sin una reforma radical de su sistema judicial. La corrupción no puede seguir siendo el talón de Aquiles de nuestra democracia. La justicia debe ser recuperada y blindada contra los intereses corruptos que la han utilizado para sus propios fines. Sin una justicia verdadera, el país seguirá condenado a vivir en un ciclo interminable de impunidad, pobreza y desigualdad.

Bolivia merece un sistema judicial que funcione, que sea capaz de dar a cada quien lo que es suyo, y que castigue a los culpables sin importar su poder o influencia. La corrupción y la impunidad no pueden seguir dictando las reglas de un juego en el que todos perdemos. Ha llegado la hora de que el país exija, de manera decidida y unida, una justicia que sea realmente justa.

(*) Sergio J. Pérez Paredes es historiador

En una importante iniciativa que refleja el compromiso del Gobierno Nacional con el bienestar de los bolivianos, el pasado 2 de octubre de 2024 el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, aprobó el Decreto Supremo Nº 5241, que permitirá a todos los prestatarios solicitar, de forma expresa y voluntaria, la reprogramación y refinanciamiento de sus créditos, estableciendo procedimientos simplificados y ágiles para su evaluación por parte de las entidades financieras.

Se destaca que esta medida surge como respuesta a las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos, que fueron afectados económicamente por eventos climatológicos adversos, conflictos sociales y un entorno económico desafiante, percibiéndose que con esta medida, se daría respuesta a la solicitud de los microempresarios y gremiales, incluso a otros sectores que fueron afectados por los citados eventos, que ocasionó que sus flujos de ingresos hayan sido disminuidos y que no pudieron hacer frente a sus obligaciones bancarias de manera normal.

De dicha política financiera, se puede visualizar los siguientes aspectos relevantes a considerar:

Es una herramienta crucial para equilibrar la economía de los bolivianos al permitir la reprogramación y refinanciamiento de créditos, en consideración que se ofrece un alivio tangible a los prestatarios que han visto comprometida su capacidad de pago por circunstancias ajenas a su gestión financiera, esto no solo ayuda a los prestatarios a reorganizar sus obligaciones, sino que también fomenta un entorno de mayor estabilidad económica en el país ya que podrán refinanciarse, aspecto que fortalecería la actividad económica de los mismos.

Asimismo, la normativa emitida insta a que las entidades de intermediación financiera trabajen de la mano con los prestatarios, analizando sus situaciones económicas y estableciendo condiciones favorables que pueden incluir períodos de gracia y otras opciones que se adapten a las necesidades particulares. Este enfoque personalizado es una muestra clara de la intención de promover un sistema financiero inclusivo y accesible para toda la población.

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Por otra parte, considera un proceso ágil y transparente, siendo que el decreto también establece que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, deberá emitir la reglamentación correspondiente, garantizando que las entidades financieras incluyan políticas internas ágiles y oportunas para atender los requerimientos de los prestatarios, con el fin de asegurar que el proceso de reprogramación y refinanciamiento sea ágil y efectivo, como también de forma transparente y accesible, para lo cual, la ASFI elaborará y pondrá a disposición un formulario para el inicio de dicho trámite.

Asimismo, se ha instruido a las entidades financieras a que informen adecuadamente a sus clientes sobre esta nueva normativa, utilizando canales de educación financiera para socializar el contenido del decreto.

Por tanto, se puede visualizar un compromiso con el futuro, en razón que el Gobierno Nacional reafirma con esta medida su compromiso de apoyar a los bolivianos en tiempos difíciles, en el marco del mandato constitucional y las leyes referentes a las políticas financieras del país, protegiendo a aquellas personas que, debido a factores externos, no pueden cumplir con sus obligaciones crediticias, todo esto en el marco de los derechos de los consumidores financieros que se encuentran establecidos en la Ley de Servicios Financieros, resaltando que dicha reprogramación y/o refinanciamiento tiene un carácter netamente voluntario por parte del prestatario.

Finalmente, el Decreto Supremo Nº 5241, es una clara señal de que el gobierno está escuchando y actuando en favor de los bolivianos y bolivianas, creando un entorno en el que la solidaridad y el apoyo mutuo prevalezcan.

Franklin Tintaya Vela es auditor financiero y abogado.

Milei es ‘hijo’ del caos y, paradójicamente, en muy pocos meses, ha pasado a ser el ‘padre’ del nuevo orden de la política argentina.

¿Cómo lo ha logrado? De una manera muy sencilla: ha puesto de acuerdo a una gran mayoría en su contra. A día de hoy, el ‘antimileísmo’ emerge como la principal identidad política en el país.

Este es el nuevo eje ordenador: casi todos en contra de Milei, tanto por su estilo como por sus decisiones.

Por un lado, están las formas del presidente, que agotan y cansan. Los insultos molestan. Las excusas aburren. Sus cálculos no son creíbles. Y la consecuencia es inmediata: se le hunde el rating, se le cae la confianza, baja su imagen positiva.

La comunicación actual de Milei es más propia de un panelista-opositor en campaña que la del máximo mandatario de un país que tiene la responsabilidad de resolver problemas cotidianos. La comunicación que le resultó útil para llegar hasta aquí será la misma comunicación que lo va a sacar de aquí. Es decir, estas formas disruptivas no sirven para esta nueva etapa, salvo que tengas buena gestión y acertadas decisiones. Hoy en día, por su nueva función, su rol esperado es otro. Su manual de distracción ya no distrae. La ciudadanía argentina quiere soluciones cuanto antes y menos chamullo.

Por otro lado, está el fondo de lo que dice y hace. Y en este plano, el de las contenidos y propuestas, no sintoniza con la gran mayoría. Ni los recortes sobre los jubilados, ni el ataque contra la universidad pública, ni el cierre de hospitales. Ninguna de estas propuestas, por citar los tres ejemplos más recientes, se corresponde con el sentido común del pueblo argentino. Ni siquiera son avaladas por una buena porción de sus electores de la segunda vuelta, que no le votaron para esto.

Milei se va quedando solo porque ha decidido abandonar a todos, salvo a unos pocos; y también ha decidido darle la espalda a un corpus ideológico consensuado en el país. Milei opta, definitivamente, por abrazarse a su minoría intensa antes de llegar a su primer año como presidente.

Este fenómeno se observa en cualquier encuesta y en cualquier focus group. Y, además, se percibe en la fragmentada clase política argentina. Cada día es más habitual encontrar posturas comunes en un arco opositor altamente heterogéneo que se junta únicamente a través de un cordón umbilical: estar en desacuerdo con lo que hace Milei. Por ello, nos podemos topar en una marcha de manera sorpresiva a la izquierda tradicional, algún sector del PRO, radicales, peronistas K, peronistas no K, organizaciones sociales que llevaban tiempo sin hablarse, y mucha ciudadanía espontánea que votó a unos y a otros. Todos juntos por estar en contra de alguna medida tomada por Milei. El Frente Antimilei crece y se consolida.

El actual Gobierno está atravesando su propio punto de inflexión. Creyeron, equivocadamente, que tenían apoyo político para siempre. Se confundieron. Lo que verdaderamente tenían era un respaldo electoral momentáneo en medio de un gran estado de desorden y confusión, unido a una fuerte crisis de representatividad. Algo parecido le pasó a Macri en su Gobierno. Se sobrevaloró a sí mismo mucho más de lo que realmente valía. Y así le fue.

Como en la película Birdman, Milei sigue atrapado en su propio personaje. Continúa siendo aquel panelista forofo y gritón, capaz de decir cualquier cosa, sin más responsabilidad que la de criticar a diestra y siniestra, y sin necesidad de demostrar nada. Esta tarea se le daba bien. Pero no todo buen candidato es un buen presidente. Aún menos si persiste en su condición de candidato. 

En definitiva, cualquier persona que quiera constantemente bailar justo en el medio de la pista, se arriesga a que le pueda salir bien o mal. Lo seguro es que no pasa desapercibida. Estar en la centralidad de la agenda exige mucho. Exige hacerlo bien ante la mirada de todos. Y lo que va demostrando Milei es que los aplausos están llegando a su fin.

Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía y director ejecutivo de Celag Data.

Desde este espacio hemos venido señalando aspectos centrales para la transformación educativa, en el marco de la preparación al Congreso Plurinacional de Educación. Toca ahora abordar uno de los puntos más álgidos en todo sistema educativo: la formación de maestros.

Como afirma la UNESCO (2008) “excluidas las variables extraescolares como el origen socioeconómico de los alumnos, la calidad de los profesores y el ambiente que logran generar en la sala de clase son los factores más importantes que explican los resultados de aprendizaje de los alumnos”. Es importante contar con buenos currículos, condiciones materiales y tecnológicas, recursos suficientes, pero si no se tienen maestros solventes y comprometidos los resultados educativos serán bajos.

Las políticas educativas enmarcadas en la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” fueron una contundente apuesta por el fortalecimiento del magisterio; apuesta traducida en el respeto a la especificidad de la carrera docente (escalafón, exclusividad de maestros “normalistas” para cargos docentes y directivos), en la atención sin precedentes de las condiciones laborales del magisterio (incremento sostenido de salarios y de ítems, sobre cuya administración ya hemos hablado [La Razón, 3 de septiembre de 2024], dotación de laptops) y en la generación de una integral estructura de formación docente con su respectiva institucionalidad (formación inicial, ESFM, desconcentrada y con nivel de licenciatura; formación continua, UNEFCO, con una variada oferta; y formación postgradual, UP) y diversos programas transitorios que atendieron de forma contundente los acumulados problemas del sistema (el PPMI eliminó el interinato, el PROFOCOM tituló a más del 90% del magisterio con grado de Licenciatura, el PEAMS, el PROACED, sólo por nombrar algunos).

Pese a recurrentes improvisaciones en las últimas gestiones, esta estructura de formación de maestros está consolidada, pero también viene mostrado nuevos desafíos. A manera de ejemplo: Es necesario analizar la formación inicial del magisterio exclusivamente a cargo de los mismos maestros que, en criterio personal, ha alcanzado su techo. Hoy la formación inicial no logra garantizar “nuevos” maestros solventes en sus especialidades. “Nadie da lo que no tiene”; los futuros maestros formados exclusivamente por maestros normalistas repetirán sus virtudes didácticas, pero también sus limitaciones académicas; sólo la apertura a la interdisciplinariedad puede cambiar horizontes.

En este marco, el congreso podría analizar, continuando con el ejemplo, algunas alternativas para la formación inicial:

– Mantener la estructura de 5 años de formación, pero con planteles docentes mixtos: Maestros normalistas principalmente, complementados con otros profesionales especialistas en sus disciplinas.

– Cambiar la formación inicial a 2 años de carácter pedagógico y didáctico, recibiendo a postulantes al magisterio que ya cuenten con un título universitario vinculado a la especialidad a la que postulan.

Estos u otros lineamientos de política de profesión docente podrían generar un rápido y contundente proceso de mejora en la formación de maestros, con la consecuente mejora de los procesos y resultados educativos en los estudiantes. La apuesta por el magisterio para transformar la educación debe seguir en pie, pero toca dar los siguientes pasos para superar las limitaciones internas propias de toda profesión ensimismada. Habrá que esperar los documentos que emerjan del hasta ahora tímido congreso educativo para ver desde qué horizonte vienen planteándose estos temas, a qué intereses responden y, por tanto, qué se puede esperar para el futuro.

Luis Fernando Carrión Justiniano
es educador e investigador boliviano

Con bidones de agua al hombro, indígenas yagua de Colombia caminan por un desierto de tierra árida, antes cubierto por las aguas del Amazonas. Hasta que una severa sequía redujera un 90% el caudal del río más grande del mundo. 

Cerca de la ciudad de Leticia (sur), la más importante de la Amazonía colombiana, niños, adolescentes y mujeres, entre otros aborígenes, enfrentan un viacrucis para llevar víveres hasta su comunidad de poco menos de 600 habitantes.

Desde hace unos tres meses el río se secó y dejó su caserío aislado por una kilométrica playa de arena.

Sin sequía, el punto más cercano del afluente estaba a unos 15 minutos caminando. Ahora, el calvario bajo el sol dura más de dos horas.

«Este momento es bien difícil», dice a la AFP Víctor Fracelino, un indígena yagua de 52 años.

«Todas las cositas que se traen de Leticia nos toca cargarlas (….) la arena a veces no nos deja avanzar, no nos deja caminar, nos atrasa», añade mientras lleva un bidón de seis litros donado con fondos estatales, el único remedio que calma su sed en la mayor selva tropical del planeta.

Recientemente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el caudal del Amazonas se redujo hasta 90% ante la alarmante escasez de lluvias que afecta esta zona en de la triple frontera con Brasil y Perú, únicamente accesible por agua.

«Para muchas de estas comunidades su único medio de transporte es el río, al secarse estos afluentes pues se ven completamente incomunicados», apuntó el director de la entidad, Carlos Carrillo.

La sequía coincide con los peores incendios en la Amazonía en casi dos décadas, según el observatorio europeo Copernicus.

María Soria y otros miembros de su comunidad caminan para vender artesanías a los turistas en un sitio llamado Isla de los Micos. Los más jóvenes juegan fútbol donde antes estaba el río más caudaloso de la Tierra.

«El Amazonas es el ‘pulmón del mundo’ y es bonito, pero en este momento para nosotros no es bonito porque estamos caminando muy lejos», se queja la mujer de 55 años, vestida con trajes típicos yaguas.

La Gobernación de Amazonas calificó la sequía como «la peor crisis climática» que ha experimentado el departamento selvático de unos 109.000 kilómetros cuadrados.

Sin carreteras, el comercio depende del caudal del río que nace en Perú y muere 7.000 más lejos en la costa de Brasil, tras cruzar Colombia. 

Del lado peruano, pequeñas poblaciones reportaron escasez de alimentos. Del brasileño, autoridades decretaron una «situación crítica», especialmente por el bajo nivel de una hidroeléctrica que genera el 11% de la electricidad del país.

Sumado a la deforestación, expertos advierten que la Amazonía está en riesgo de convertirse en una extensa sabana.

David Salazar
es periodista de AFP