Según algunos reportes de prensa, actualmente habría “entre 300 a 600” personas bolivianas refugiadas en varios lugares del mundo. Semejante cifra debiera preocuparnos, como país, a reserva del debate acerca de las causas por las cuales tales compatriotas optaron por asumir tan difícil e incierto camino. ¿Por qué pedir refugio, dejar casa y familia, partir? ¿Era algo (in)evitable?
En los últimos días, a raíz del pedido de refugio del senador Pinto (con carta de denuncia y montaje mediático incluidos), se renovó la disputa acerca de los políticos, dirigentes y otros ciudadanos que, en los últimos años, solicitaron asilo externo. Mientras para la oposición todos ellos son “perseguidos políticos”, el Gobierno sostiene que se trata, sin excepción, de “acusados por corrupción y delitos penales”.
Sin pretensión de exhaustividad ni de generalización, pues carezco de datos ciertos sobre todos y cada uno de los “300 a 600” casos, es posible identificar al menos cuatro grupos de personajes que, cercados, acudieron al siempre dudoso expediente de “ponerse a buen recaudo”. Fuga con refugio (y también viceversa), en la mayor parte de los casos; arraigo con/sin resistencia, en otros pocos. Veamos.
Sin duda el grupo más conocido tiene relación con la llamada “Masacre de Octubre” (2003), por la cual más de medio centenar de bolivianos fueron asesinados con armas de fuego en aquellas negras jornadas en defensa del gas. Son los “refugiados-helicóptero”, a la cabeza del expresidente Goni y su exministro Sánchez Berzaín, hoy cómodamente acogidos en los EEUU.
Otros que dejaron el territorio patrio huyendo de la justicia son los “refugiados-separatismo”, esto es, aquellos varios protagonistas que, en el periodo del “punto de bifurcación” (en especial en 2008 que vivimos en peligro), alentaron, financiaron y/o ejecutaron acciones ilegales e inconstitucionales desde la trinchera regional con base en la hoy alicaída “media luna” y sus brazos (des)armados.
Están también, y no son pocos aunque hay algunos emblemáticos, los “refugiados-revocatorio”, que optaron por la fuga precoz (aunque bien planificada), dejando cargo y cuentas pendientes ante la inminencia de su enjuiciamiento y detención. Son exautoridades (ah, la Manfredumbre), en especial departamentales, que coincidentemente tienen varios procesos por daño económico al Estado.
Tenemos por último el heterogéneo grupo de (auto)asilados, algunos en la clandestinidad, que podríamos identificar como “refugiados-neoliberalismo”, es decir, aquellos ciudadanos que estuvieron vinculados al Estado durante los gobiernos previos al Evismo y están siendo enjuiciados por lo que (no) hicieron en aquellos años de democracia pactada, gastos reservados, capitalización, Estado-mínimo…
Ahora bien, ¿cuántos y cuáles de estos refugiados/arraigados son “perseguidos políticos”? ¿O “perseguidos penales”? ¿Cuántos y cuáles tienen ambas condiciones? ¿Hay duda de que Sánchez de Lozada, por ejemplo, deba enfrentar un juicio de responsabilidades? ¿Alguien cree que Cossío no tiene cuentas con la Justicia? ¿El respetable profesor Juan Antonio Morales merece algún juicio? ¿El empresario Roca, de AeroSur, es un “perseguido del régimen”? ¿Por qué Pinto huye de sus 20 procesos? ¿Admisión de culpa? ¿(In)sensatez? ¿Juntos/justos pagan por pecadores?
Defenderse y demostrar mentiras/verdades en la justicia. Vale. ¿Pero cómo hacerlo cuando, como en los tiempos de la hegemonía neoliberal, muchos abogados, fiscales y jueces obra más con arreglo a intereses económicos y presiones políticas que con apego a principios y normas? ¿Se ha desmontado, en serio (o reconvertido), el “escandaloso loteamiento del Órgano Judicial entre partidos, familias y apellidos”? ¿Qué hacer, en fin, ante la persistente “politización de la justicia” y, está dicho, la “judicialización de la política”?
Hay refugiados. Ay, refugiados. Sean 600, sean 300, sea uno, que ninguno sea injustamente perseguido por actuar-pensar diferente; que ninguno, también, quede en la impunidad o en el diplomático asilo si cometió delito. Ni amnesia ni amnistía es la consigna.