Tenemos condicionantes históricas en salud que explican el desarrollo del sector sanitario y el nivel de salud. Ya dijimos que una de ellas son las seis horas en la prestación de servicios en este sector, y sin lugar a dudas hay una condicionante historia más reciente: “la descentralización de la salud por factores”. Lo contrario de este tipo de descentralización es la descentralización por régimen; es decir, todos los factores son responsabilidad de un estamento de gobierno descentralizado.

La evaluación sobre la salud emergente del Jubileo 2000 y las mesas de diálogo desarrolladas con el propósito de contribuir a la orientación del uso de los recursos de  condonación de la deuda externa (HIPC) identificaron a la salud como un “monstruo de dos cabezas”, porque la administración de los recursos físicos y financieros pasó a los gobiernos municipales, por la Ley de Participación Popular (que les dio el 20% de los recursos por coparticipación, entre otros, para este sector), y estableció un mecanismo de control popular (el Comité de Vigilancia). Mientras que la administración de los recursos humanos quedó en el Gobierno central, mediatizado por las prefecturas de entonces y controlado por el Consejo Departamental.

La solución de la población del conjunto organizado y consultado en esa oportunidad fue: “municipalizar los servicios de la salud ya”. Hoy, con relación a la condicionante histórica, fue: “trabajen ocho horas”; y al igual que ayer, actualmente se vinieron los paros y huelgas, las cosas quedaron en statu quo o como estaban.

¿Ahora, volveremos a repetir esta historia, o daremos un salto cualitativo en beneficio de la salud? El estamento que presta servicios de salud, “médicos, enfermeras y todo el equipo de salud”, es decir colegios de profesionales en salud y trabajadores, manifiesta que la solución de la problemática de salud no pasa únicamente por trabajar ocho horas, sino por un enfoque que integre los aspectos relacionados no sólo con los recursos humanos, sino también el capital físico (infraestructura, equipamiento, reactivos, insumos, suministros médicos, medicamentos, micronutrientes, vacunas y otros); y el capital financiero. Respecto a este último, la nueva Constitución en su artículo 37 señala: “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera”.

Pero tal cual dice el lenguaje popular “cómo le hacemos hoy”, el Gobierno tuvo la oportunidad de corregir la problemática de la descentralización al promulgar la Ley Marco de Autonomías, pero no lo hizo. Es más, sin proporcionar recursos financieros específicos al gobierno departamental le endosó o traspasó la administración de los hospitales de tercer nivel; sin pensar en el “sistema único” atomizó la estructura de prestación de servicios una vez más.

La solución inmediata debe ser un cuarto intermedio (con el tiempo que sea necesario y éste es prolongado) para  suspender la huelga y la imposición del decreto a rajatabla. En este cuarto intermedio se debe solucionar las deficiencias en el sistema de salud que no se reducen a lo expresado, sino también a la descentralización a ultranza establecida a nivel de los servicios de la “administración financiera de este sector”. El personal médico no estudió para manejar recursos financieros, sino para dar salud.

Seleccionemos, pues, a los mejores hombres para implementar la nueva CPE, gobernantes y gobernados, todos depongamos nuestras posiciones, démosle un “hombro” a nuestra amada Bolivia; dejemos nuestras actitudes y acciones negativas que no nos hacen bien.