Como consecuencia de la recesión y el alto nivel de desempleo que enfrenta España, su sector bancario viene registrando importantes incrementos en los niveles de mora e impago en los créditos otorgados, principalmente para la adquisición de inmuebles, cuyos precios han caído en hasta un 50%. Esta situación ha deteriorado significativamente la solidez de varios bancos y generado desconfianza en el público ahorrista, que ha comenzado a retirar sus ahorros, lo que ha obligado al Gobierno español ha nacionalizar uno de los bancos y a considerar medidas que podrían implicar destinar alrededor de 100 mil millones de euros para recuperar a los restantes.
La desconfianza ha llegado también a los inversionistas que ven con preocupación que el costo de recuperar el sistema bancario impedirá a España cumplir con las metas de déficit fiscal y endeudamiento público establecidas para el presente y próximos años, por lo que han llegado a solicitar tasas cercanas al 7% para adquirir bonos públicos españoles a diez años plazo. Asimismo, las calificadoras Fitch y Stándar & Poors han reducido la calificación de riesgo de España de A a BBB.
España tiene la imperiosa necesidad de continuar levantando fondos de los mercados para hacer frente a los próximos vencimientos de bonos públicos, financiar su déficit fiscal y ahora también para recuperar a su sistema bancario; pero hacerlo a un costo demasiado elevado como el que viene asumiendo, podría hacer insostenible su situación y desembocar en una mayor crisis que tendría efectos importantes en la Eurozona y en otras regiones, y consiguientemente en los precios de diversos activos financieros y materias primas.
En la semana que termina diversas autoridades de la Eurozona y políticos españoles han manifestado opiniones favorables en el sentido de que el actual Gobierno español debiera solicitar un paquete de ayuda destinado a rescatar a su sistema bancario, pero no al país para no tener que someterse a un estricto programa de reformas impuesto desde el exterior, como el que tuvieron que aceptar Grecia, Portugal e Irlanda.