Mientras la atención de la sociedad civil y de los dirigentes políticos converge en torno a los potenciales resultados de la Conferencia Río+20, debemos reconocer que el desarrollo social todavía está rezagado en relación con el progreso económico, y que la forma en que evaluamos el desarrollo sostenible necesita avanzar más allá de lo cuantitativo. A pesar de que han habido avances e innovaciones desde Eco 92, generalmente las estructuras macropolíticas que apuntan al beneficio de los más pobres y vulnerables son aún una excepción a la regla.

Los dos temas principales de la conferencia (la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y la estructura institucional para el desarrollo sostenible) ofrecen un punto de entrada para introducir el concepto de inclusión en el debate sobre el desarrollo sostenible. Río+20 es una oportunidad única para (i) profundizar las discusiones iniciadas en la Cumbre de Revisión de los Objetivos del Milenio (ODM) de 2010; (ii) realizar una revisión crítica del campo del desarrollo sostenible en las últimas dos décadas; y (iii) fortalecer las bases para una agenda de desarrollo compartida e inclusiva que reconozca las diferentes responsabilidades y capacidades entre los países y organismos multilaterales.

Es necesario que la atención política se concentre en dirigir a los nuevos modelos de economía y crecimiento verde hacia el desafío de lograr un manejo más transparente, inclusivo y socialmente responsable de los recursos naturales, apuntando a los sectores más vulnerables de la población. Por esta razón consolidar los marcos institucionales es tan importante como la economía verde en sí.

Si no existen mecanismos de gobernabilidad fuertes y eficaces para negociar entre intereses y necesidades divergentes, los esfuerzos para conseguir una economía verde fallarán o enfrentarán obstáculos, particularmente en el actual contexto de crisis económicas.

Investigaciones realizadas por el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (CIP-CI), con sede en Brasilia, demuestran que una debilidad en las prácticas de desarrollo ha sido no integrar apropiadamente la dimensión social en el manejo de los recursos naturales. Esto es evidente en la tendencia que exhiben los sistemas financieros internacionales a destinar más recursos a los efectos de los desastres naturales, en las lagunas existentes en la planificación para la adaptación al cambio climático y en el abordaje inadecuado de los riesgos sociales que este conlleva, como por ejemplo el impacto de los desastres naturales sobre los sectores más vulnerables de la población. 

La prioridad de las políticas sociales siempre ha sido disminuir la dependencia de los más necesitados en los ecosistemas, sin tener en cuenta que la pobreza obliga a los pobres a depender casi exclusivamente de los escasos recursos naturales para su supervivencia.

Las políticas de crecimiento inclusivo son vistas como un resultado de la intensificación del consumo de los recursos naturales, pero el principal factor que realmente indica el crecimiento inclusivo es la reducción de la desigualdad. El aumento del consumo sin un cambio en las macroestructuras que perpetúan la desigualdad sólo estimula un círculo vicioso de pobreza y degradación ambiental. Según los indicadores de desarrollo del Banco Mundial (2008), más del 75% del consumo mundial de bienes es atribuido al 20% de los más ricos de la población, mientras que el 60% de la población de clase media sólo representa un 20% del consumo mundial.

Un abordaje socialmente sustentable es aquel que busca la reducción de la desigualdad, y la promoción de la inclusión productiva al mismo tiempo que produce oportunidades de empleo para los más pobres y vulnerables.

El crecimiento inclusivo, las cuestiones de género, la disminución de la pobreza y el medio ambiente no pueden ser tratados como componentes aislados del desarrollo sustentable. Reconocer que existe una interdependencia entre estos factores es central para lograr un desarrollo sustentable para las actuales y futuras generaciones de este planeta.

La reducción de la pobreza y de la desigualdad debe ocupar el centro de la agenda de desarrollo, partiendo de un enfoque social sustentable. Se necesita una perspectiva que combine oportunidades para innovación en las políticas sociales y que responda a los desafíos estructurales que contribuyen a incrementar la desigualdad.

El progreso en el desarrollo sostenible requerirá que también abordemos los factores estructurales que mantienen la exclusión y la marginalización. Como lo ha señalado la presidenta Dilma Roussef al inicio de este año en el Forum Social Mundial: “Nosotros creemos, así como también lo hizo el gobierno del presidente Lula, que es posible crecer e incluir, proteger y conservar. Río+20 discutirá un modelo de desarrollo capaz de unir crecimiento y creación de empleo; erradicación de la pobreza y reducción de las desigualdades; participación social y expansión de los derechos; educación e innovación tecnológica y un uso de los recursos naturales que sea sustentable pero que al mismo tiempo los preserve.

El éxito de Río+20 depende, por lo tanto, en discutir otras cuestiones más allá del concepto de “verde”. Río+20 debe apuntar hacia el aspecto “social” e “inclusivo” del desarrollo para así lograr alternativas que iluminen el futuro de la humanidad.