En sus peores extremos, la trata y tráfico de personas son delitos de lesa humanidad, pero en todos los casos se trata de crímenes horrendos, de ahí la importancia de penalizar su práctica. Días atrás, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Trata y Tráfico de Personas, que busca prevenir y sancionar estos delitos, así como proteger a las víctimas.
En efecto, el martes ha pasado a la Cámara de Senadores para su revisión el mencionado proyecto, que establece como sus fines implantar medidas de prevención de estos delitos; la implementación de políticas públicas de protección, atención y reintegración para las víctimas; fortalecer la respuesta del sistema judicial penal en el combate a este delito, y promover la cooperación nacional e internacional en esta materia.
El todavía Proyecto de Ley contempla, además de modificaciones al Código Penal y nuevos tipos penales, diversas medidas para el tratamiento integral de la persecución de la trata y tráfico y los delitos relacionados. Comenzando por la creación de un Consejo Plurinacional dedicado a esta materia, cuya principal atribución será formular y aprobar la Política Plurinacional y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas.
Los mecanismos de prevención serán plasmados en los ámbitos educativo, comunicacional, laboral y de seguridad ciudadana. En el primer ámbito se propone ejecutar programas y campañas, investigaciones, enseñanza de la temática y formación especializada para jueces.
En materia de comunicación se dispone informar, sensibilizar y concienciar sobre la trata y tráfico. A los medios se les impone “franjas horarias obligatorias de prevención y difusión” de la ley. Asimismo, se establece que “todos los avisos de oferta sexual que hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas para el comercio sexual por cualquier medio, deberán ser regulados precautelando la dignidad de las personas, prohibiendo el uso de imágenes de desnudos parciales o totales de mujeres u hombres, con la utilización de mensajes que den referencia del origen regional, local o nacional de las personas y garantizando que en ningún caso se trate de niños, niñas y adolescentes. Lo cual no significa prohibición de publicarlos, pero sí hacerlo observando límites imprescindibles, tal y como este periódico viene haciéndolo desde hace meses en su sección respectiva de avisos clasificados, donde además se ha creado un espacio para el debate de opiniones sobre este fenómeno.
En momentos de particular sensibilidad sobre este tema, debido a la desaparición de varias adolescentes en La Paz y El Alto, la aprobación de este proyecto parece urgente, pero más urgente será ejecutar la norma en todos sus alcances, pues quienes trafican con cuerpos y vidas humanas no se detienen ante anuncios o amenazas, pero quizá si ante sanciones efectivas.