El cierre de la empresa Ametex y la creación de una empresa estatal “sustituta” (Enatex) fueron anunciadas conjuntamente por las autoridades gubernamentales. Esto no es casual. Además del intento de suavizar la perdida de alrededor de 1.900 fuentes de empleo formal, también está el hecho de puntualizar la toma por el Estado de la empresa que simbolizó el desarrollo tecnológico del sector manufacturero boliviano, la conquista de mercados internacionales y la generación de empleos de calidad.
Propongo algunas preguntas sobre la “sustitución” de Ametex por Enatex. La primera es: ¿qué nos haría creer que el Gobierno central podrá encarar más eficientemente los problemas que resultaron en el cierre de la empresa? No creo que tengamos ninguna razón para creer que le irá mejor al Gobierno central en el rol de empresario, considerando, por un lado, las limitaciones institucionales y de recursos humanos de las instancias responsables por las políticas de desarrollo productivo y, por el otro, la existencia de un numero ya considerable de nuevas empresas públicas que todavía enfrentan problemas básicos para una gestión mínimamente eficiente.
La segunda es: ¿no deberíamos emplear los siempre escasos recursos financieros y humanos en otros instrumentos alternativos a la creación de una empresa pública para lograr el objetivo de promoción de la producción nacional y empleos de calidad?, ¿no deberíamos por lo menos exigir análisis comparativos sobre factibilidad, costos, efectos multiplicadores entre la empresa pública que se quiere crear y otros instrumentos de política de apoyo al sector privado?
La tercera pregunta es: ¿en lugar de seguir creando empresas públicas en sectores tan diversos, no debería el Gobierno centrarse en la consolidación de las empresas estatales ya existentes (principalmente YFPB), y no dispersar esfuerzos con nuevas empresas públicas con dudosa posibilidad de éxito?
La cuarta pregunta es: ¿qué podemos aprender de la experiencia de Venezuela que siguió una política de expansión de las empresas públicas? La política de sustitución de empresas privadas por empresas públicas tuvo como resultado la sustitución de la producción venezolana por la importación de productos extranjeros. Venezuela es un país cada vez más dependiente de productos importados.
La política de nacionalización de las empresas del gobierno de Hugo Chávez tenía el objetivo de aumentar la producción. Esto no funcionó: la producción de cemento disminuyó significativamente y hoy Venezuela importa cemento de Cuba. La siderúrgica Sidor produce al 50% de su capacidad y las fábricas de aluminio al 40%. Se comenta que el presidente de una de estas fábricas nacionalizadas preguntó por las minas de aluminio al ser posesionado.
Para evitar que la falta de producción nacional presione todavía más la inflación, el Gobierno venezolano importa todo: leche, carne, pollo, mantequilla, enlatados, masas, aceites, pescado. ¿No es terrible que un país con una costa tan extensa como Venezuela no pueda autoabastecerse de pescado? Quién más se beneficia de este proceso de desindustrialización es Brasil, de donde viene la mayoría de estos productos de primera necesidad.
Estas lecciones muestran que no es sencillo transformar el Estado en empresario, y que es importante tener una actitud de mucha cautela a la hora de crear empresas públicas si los objetivos mayores son preservar y fortalecer la capacidad productiva nacional y generar empleos de calidad.