Mediante el Tratado de 1904, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral (art.2). A cambio recibió 300.000 libras esterlinas (art.4), que en valor actual equivalen a 27 millones de dólares estadounidenses (Fuente: conversor de dinero antiguo del Archivo Nacional Británico www.nationalarchives.gov.uk); un tramo del ferrocarril Arica–La Paz (art.3); un derecho de libre tránsito (art.6) y un permiso para construir agencias aduaneras en puertos chilenos (art.7). Adicionalmente, ambos países se comprometieron a darse el trato de la nación más favorecida (art.8).
De todos estos compromisos, lo único que verdaderamente se cumple es el dominio chileno sobre el litoral boliviano, pues el dinero por compensaciones ya fue cancelado, el ferrocarril no funciona, el derecho de libre tránsito está siendo vulnerado por las empresas privadas que operan los puertos de Arica y Antofagasta y, en cuanto a las agencias aduaneras que se supone que deben estar dentro de los puertos, Chile ya anunció que pretende exigir su relocalización obligatoria a “recintos extra-portuarios”, con lo cual el gobierno de Sebastián Piñera terminará por incumplir, por primera vez en la historia, todas las obligaciones que su país asumió en 1904. Por si fuera poco, Chile tampoco otorgó a Bolivia los mismos privilegios comerciales que concedió a terceros países. El caso más llamativo es Perú, que tiene un malecón, una oficina para su aduana y una estación de tren en Arica.
Y eso no es todo, también existen acuerdos complementarios y reglamentarios al Tratado de 1904 que Chile transgrede: la Convención de 1912 establece la gratuidad para el almacenaje de las mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año (art.12); sin embargo, la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta (ATI) ha estado cobrando a los comerciantes bolivianos por ese concepto; la Convención de 1937 obliga a Chile a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción” (art.1); empero, la interrupción de los servicios portuarios en Arica, Antofagasta e Iquique son cada vez más frecuentes, debido a las huelgas de los trabajadores de dichos puertos que exigen una mejor administración a las empresas privadas que los operan; la Convención de 1905 determina la obligación de “asegurar a perpetuidad el libre tráfico de ferrocarril” (art.12); no obstante, la línea se encuentra paralizada desde 2001 en el lado chileno; etc.
Todos estos hechos pueden hacer pensar a cualquiera que aplique el sentido común (no sólo al presidente Morales) que el Tratado de 1904 está muerto, y eso sencillamente porque no es válido que una de las partes ejerza ampliamente sus derechos e incumpla absolutamente todas sus obligaciones.