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martes 20 abr 2021 | Actualizado a 02:52

Turismo interno

Subeditorial

/ 1 de julio de 2012 / 05:07

Se sabe que Bolivia carece de políticas públicas de fomento del turismo interno. Si bien se han realizado algunos esfuerzos por promover la imagen turística del país en el extranjero, incluyendo el reciente lanzamiento de la “marca país”, cuyo lema es “Bolivia, donde lo fantástico es real”, hasta ahora no se habían desarrollado planes y programas para que la población boliviana viaje y conozca lugares que, aparentemente, sólo atraen a extranjeros.

La respuesta a esta situación la ha dado el Viceministerio de Turismo semanas atrás, lanzando el programa “Unidos por el turismo”, que consiste en promover los viajes dentro del país, por medio de una alianza entre esa cartera, operadores turísticos y gobiernos municipales. De inicio, seis destinos han sido priorizados, y uno de ellos es Coroico, a donde viajó un numeroso grupo el 16 de junio en el marco de la primera experiencia. Uno de los principales atractivos del plan está en que el transporte es gratuito para quienes se inscriban en un sitio de internet habilitado para el efecto.

Se trata de una iniciativa que merece ser difundida y en lo posible ampliada a todos los lugares posibles en la extensa geografía nacional, pues la mejor manera de desarrollar el amor por un país es conocerlo visitando sus atractivos.

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Crisis sin Fondo

/ 19 de abril de 2021 / 02:03

El 17 de febrero de 2021 el Banco Central de Bolivia informó que el Gobierno había decidido devolver $us 346,7 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Según su explicación, se trataba de un préstamo irregular y oneroso, que generó costos económicos millonarios al Estado e imponía condiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI. Se dijo también que tal préstamo transgredía la Constitución Política.

Recordemos que el gobierno anterior tuvo un entredicho con la Asamblea Legislativa por este tema, pues no obtuvo su aprobación. Por su deseo de concertar, el gobierno de Áñez había pedido aprobar esa operación que, en realidad, no necesitaba de aval parlamentario, pues no implicaba la contratación de un crédito. En ese caso, Bolivia ejercía un derecho como “accionista” del FMI, no como clienta.

Se trataba, en realidad, de una operación relativamente novedosa mediante la cual un país miembro ejerce su derecho de utilizar por un tiempo un monto equivalente a su propio aporte de capital, retirando su participación en Derechos Especiales de Giro (DEG) a cambio de un modesto interés. Esto se denomina Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y fue creado en 2011 mediante una enmienda al Convenio constitutivo del FMI, que ya estaba aprobada por Bolivia (DS 946 del 05/08/2011).

El IFR por lo tanto permite a los países miembros utilizar una parte o el total de su aporte de capital al Fondo por un periodo limitado. La manera en que lo hace es vendiendo al Fondo sus Derechos Especiales de Giro, con el compromiso de comprarlos de vuelta en un plazo de 5 años (con lo que repondría su aporte de capital). Durante ese periodo el país pagaría un interés del 1,066% al año además de una comisión del 0,5% por una sola vez. Estos costos son mucho más bajos que los créditos con la China (que cobra 2,6% al año) o con la CAF (que cobra anualmente 3,6%).

El instrumento IFR se creó para atender necesidades de emergencia de los países miembros. Eso es lo que sucedió. Bolivia se encontró que tenía un déficit muy grande cuando llegó la pandemia del COVID en marzo de 2020 y, al igual que varios otros países, pidió al Fondo acceder a esos recursos. El Directorio del Fondo, como lo hizo con otros casos en similar emergencia, autorizó la operación en una semana.

Como se trataba de acceder a un derecho como socio del Fondo, esos siete días solamente sirvieron para verificar cifras y documentos. El procedimiento es diferente en el caso de créditos, pues ahí un país acude al Fondo en calidad de cliente que, por tanto, debe demostrar que el uso que hará del préstamo le permitirá pagarlo o, al menos, no comprometerá su capacidad de hacerlo. La obligación de demostrar todo eso es lo que suele molestar a algunos gobiernos que acusan al FMI de imponer condiciones, programas económicos, políticas tributarias y de manejo fiscal, etc. Tal molestia, muchas veces traducida como protesta política, ignora que el FMI es una especie de banco que trabaja con dinero ajeno, y que está obligado a cuidar ese dinero, recuperarlo cuando lo presta y rendir cuentas a los socios, entre los cuales también está Bolivia desde la fundación misma del FMI, en 1945.

Lo que Bolivia hizo el 10 de abril de 2020 fue, por lo tanto, actuar como socio accionista del FMI, logrando que se le “devolviera” temporalmente la totalidad de su aporte para enfrentar la emergencia. Lo hizo a través del Ministerio de Economía y con la participación del Banco Central como agente financiero, en los mismos términos pactados para otros miembros del FMI como Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Paraguay, entre otros. Otros países, como Chile y Colombia, pidieron créditos rápidos porque querían disponer de sumas mayores.

Aunque no habían condiciones contractuales para el uso de esos recursos, el gobierno se había propuesto dedicarlos a la contratación de personal de salud y la adquisición de pruebas y medicamentos para controlar el COVID, o las vacunas cuando ellas estuvieran disponibles, o por último a pagar con esos recursos los bonos de apoyo a la población en el periodo de cuarentena.

No está claro si con la devolución decidida por el Gobierno actual el FMI “perdonará” la comisión del 0,5% que se cobra al iniciar la operación, que representa $us 1,7 millones, y el interés de los 10 meses (algo más de 3 millones). Lo que sí debe lamentarse es que al devolver los $us 346,7 millones del IFR, Bolivia pierde la oportunidad y el derecho de utilizar su propio aporte. Obtener una suma similar de otra fuente costará bastante más en tiempo y dinero, lo que en un periodo de pandemia como el que vivimos se traduce también en vidas truncadas y familias afectadas.

 Roberto Laserna es economista.

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Socialismo de próxima generación

/ 19 de abril de 2021 / 01:55

Las redes sociales, los medios de comunicación y las columnas de algunos respetables académicos (y otros no tanto) abundan con argumentos y ejemplos del fracaso del socialismo, tanto del socialismo “real” de los países de la cortina de hierro durante el siglo XX, como del así llamado “socialismo del siglo XXI”, que tiene su origen en el caribe venezolano.

El argumento —simplificado a su mínima expresión, para que quepa en esta columna— es muy simple: el socialismo es malo porque es un sistema mediante el cual el Estado dilapida los recursos que son fruto del esfuerzo de toda la sociedad, regalándolos a grupos corporativos que se benefician de esos recursos para sus intereses particulares. Los voceros de este argumento señalan que la intervención estatal malgasta los dineros públicos, que es ineficiente y que es mejor dejar espacio a la iniciativa privada para que ofrezca mejores y más eficientes soluciones. Las visiones más equilibradas reconocen la gran importancia del rol de la empresa privada, proponen que el Estado debe intervenir en áreas clave y que es innecesario tener entidades estatales operando en todos y cada uno de los rincones de la economía.

Por otro lado, existe un alto nivel de consenso acerca de que los recursos públicos deberían destinarse a la solución de los problemas públicos, como mínimo, salud y educación. Y justamente el mundo enfrenta un megaproblema de salud ahora con la pandemia.

Como seguramente usted que me sigue en esta columna sabe, el mundo está urgido de vacunas anti COVID; la inmunización masiva a través de las vacunas es la única solución estructural que en este momento tenemos a mano como humanidad, de la misma manera que — en su momento— la vacuna contra la polio era esa solución estructural, igual que la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla, por mencionar solo algunos de los males que están prácticamente erradicados. Es en este contexto en el que empieza a funcionar un curioso modelo de socialismo que, a falta de mayor dicción literaria, podemos bautizar con el marketero nombre de socialismo de próxima generación.

Todas las empresas privadas que han desarrollado vacunas contra el COVID han recibido financiamiento estatal (además de donaciones de entidades sin fines de lucro). Un reportaje de la BBC (https://bbc.in/32lym79 ) da cuenta de que casi la totalidad de la financiación de la vacuna de Moderna ha sido estatal; para la vacuna de Jhonson & Jhonson, el porcentaje es cercano al 50%, para Pfizer 15%. Por su lado, The Guardian (https://bit.ly/3ebVjiz) recientemente ha anunciado que hasta el 97% del desarrollo de la vacuna de Astra/Zeneca/Oxford ha recibido financiamiento estatal y de donaciones.

Si bien las empresas han indicado que debido a que la financiación no ha sido completamente privada, están vendiendo las vacunas prácticamente a precio de costo. Pero de todos modos, las patentes siguen siendo privadas. Este dato no es menor, pues las patentes forman el grueso del ingreso por concepto de vacunas y, mientras las patentes sigan siendo privadas y no se liberen, son las empresas las que tienen el control de la producción de las vacunas.

Otro dato aún más importante es que la valuación de mercado de las farmacéuticas ha fluctuado intensamente en los últimos meses, y los anuncios de producción de las vacunas han influido poderosamente en los precios de las acciones. ¿Por qué es importante este dato? Porque los principales ejecutivos de las empresas usualmente se benefician de esquemas de compensación por rendimiento que incluyen pagos en acciones. Entonces, su riqueza personal se incrementa si las acciones suben.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso de Albert Bourla, el principal ejecutivo de Pfizer, que según CNBS vendió un equivalente de $us 5,6 millones en acciones a un promedio de $us 41,94 por acción, en una ola ascendente de precios de la compañía, que fueron impulsados por las noticias acerca de la aprobación de la vacuna hacia noviembre de 2020 (https://cnb.cx/3ghVwUk). De acuerdo con la nota, Bourla tenía más de 25 años en la compañía. Si tomamos como referencia el punto más bajo de cotización de Pfizer en lo que va de esta década ($us 31,68 en febrero de 2020), Bourla ha logrado una rentabilidad del 30% en menos de un año. Sería injusto decir que lo logró sin hacer nada, pero es correcto decir que lo logró con ayuda del dinero del gobierno.

 Pablo Rossell Arce es economista.

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La máquina del tiempo

/ 19 de abril de 2021 / 01:48

La profesora Tamar Herzog, en las primeras páginas de su Breve historia del Derecho Europeo, nos cuenta sobre el asombro que una estudiante le expresó cuando en un museo vio una copia de la Carta Magna de 1215. Para la estudiante, estar delante de la carta de las libertades, que en su entender configuró el mundo moderno fue una experiencia muy importante que le confirmó su decisión de estudiar Derecho. Sin embargo, Herzog se pregunta ¿cómo explicar a esta estudiante que ese documento feudal no tuvo la importancia que ella creía? Es decir, ¿cómo poder lograr emprender un viaje en el tiempo para que la estudiante pueda apreciar que ese documento era solo una estrategia de los poderosos para proteger su jurisdicción y propiedades frente a una monarquía en expansión? Muchas veces lo que hoy significa un evento o un documento histórico dista de lo que en verdad pudo haber significado en su época. Muchos pueden ver una conquista en lo que fue solo una estrategia para conservar privilegios y ventajas.

En las primeras páginas de la obra La máquina del tiempo de H. G. Wells, el protagonista, el anónimo viajero en el tiempo, reúne en su casa a varios amigos para mostrarles un aparato que es capaz de transportar a sus ocupantes a otras épocas, una máquina que es capaz de llevar a sus pasajeros en un viaje por el tiempo. Mientras relata a sus invitados las características de la máquina, el más joven de los escuchas medita en voz alta que se podría aprender el griego directamente de los propios labios de Platón, incluso del mismo Homero, a lo que el anónimo viajero responde que, si eso sucediere, el joven amigo reprobaría la clase de gramática de ingreso a la universidad, pues los sabios alemanes ¡han mejorado mucho el griego! Tanto que hoy ni se parece al griego.

Una máquina del tiempo, como la de Wells nos pondría delante de la preocupación que nos relata la profesora Tamar Herzog. Posiblemente nuestra imagen del pasado esté tan distorsionada por el presente, que no se parezca en nada a lo que suponemos y creemos que pasó. Arthur Danto denomina a este fenómeno «asimetría cognitiva», que podemos resumirla de la siguiente manera: accedemos al conocimiento de eventos sucedidos después y a veces mucho después de que hayan sucedido, resignificando su importancia. En este sentido, si bien es muy importante conocer la historia para comprender el presente, no deja de ser igual de importante conocer el presente para saber desde dónde se narra la historia. Todo historiador partiría de una aporía: no puede tener experiencia del pasado, entonces solo significa e interpreta una versión posible del pasado, la más cercana al presente. Como decía Eric Hobsbawm: Ahora sé que la historia puede ocasionar o detener una guerra, depende de cómo contarla.

 Farit Rojas T. es abogado y filósofo.

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Votar sin innovación ni recursos tecnológicos

/ 18 de abril de 2021 / 01:00

Entre marzo y abril, caminamos por una elección subnacional para elegir a gobernadores y asambleístas, a alcaldes y concejales, además de autoridades de la autonomía regional del Chaco. Hubo la segunda vuelta en cuatro departamentos del país (La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando) para elegir a sus gobernadores.

En la ciudad de La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se realizó también la elección para rector y vicerrector, incluida la segunda vuelta. Desde una lógica simple, uno piensa que el ente pensante del país, las universidades, deberían dar la propuesta de cómo hacer una mejor estrategia tecnológica e incluso una forma más democrática de elección de autoridades, eliminado cualquier recelo de fraude; pero paradójicamente el ente pensante piensa muy poco, con relación al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Plurinacional. Lamentablemente, el comité electoral para el rectorado de la UMSA se copió nomás el cómo votar en dos turnos, según terminación de las cédulas de identidad, iniciando el sufragio con mucho retraso de la hora indicada y con una tardanza desmedida en el conteo final de votos para saber quién ganó las elecciones, en fin.

Si algo interesante nos ha traído el COVID-19 es recapacitar. Particularmente sobre la carrera de Informática, que se podría convertir en el pivote para generar una nueva forma de ejercicio mediante el voto electrónico. ¿Es tan complicado proponer una forma técnica del ejercicio de votación en tiempos en que todos/as nos ufanamos que estamos tecnologizados? Sabemos que esta iniciativa tiene que ver con la voluntad de las principales autoridades del ente rector de la UMSA e incluso del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para proponer al país nuevas maneras tecnológicas, ágiles, transparentes y seguras del ejercicio democrático mediante la votación electrónica. ¿Qué hace falta para plasmar estas nuevas formas de sufragio? Ganas de aportar, de trabajar, no solo pensando en la UMSA sino en el país. ¿O nos falta realmente la tecnología o personal capacitado para emprender estas nuevas formas de plebiscito? Seguir contando los votos uno por uno, anotando en la pizarra voto a voto, esperar días para que arriben los votos de lugares lejanos, es totalmente vetusto. La inmediatez de la tecnología nos exige ser súper creativos y dar respuestas de esta naturaleza.

No escuché a los/as ecologistas ni ambientalistas gritar al cielo de cuánto papel se gasta en estas elecciones. En términos más sencillos, ¿cuántos árboles se han tumbado para que se conviertan en papel y sirvan para las elecciones citadas y sus segundas vueltas? Imagínense cuánto de ecologistas seríamos si decidiéramos eliminar los usos del papel como documento votante a futuro. A propósito, ¿qué se hace con las papeletas usadas en pasadas elecciones? ¿Se reciclan, se venden, se archivan, se echan al basurero, se regalan…? Por la gran cantidad utilizada es preciso que el TSE y los tribunales departamentales informen al respecto.

En el caso de los candidatos a rector en la UMSA, casi todos han propuesto excelencia académica, pero ¿qué es excelencia académica en estos tiempos? Seguir imitando a las universidades decimonónicas occidentales? Las universidades, y particularmente la UMSA, tienen que pensar también en el país y sobre todo en proponer innovaciones de sufragio para estos tiempos. En cada gestión debería haber creaciones desde la elección de los directores de carreras, pasando por los decanos y la elección de representación estudiantil para el co-gobierno. Si llegáramos a nuevas propuestas de elección con la máxima seguridad y su respectiva transparencia, la sociedad nacional estaría muy agradecida; lamentablemente hoy no ocurre eso, somos simples imitadores de todo.

Jach’a utan apnaqirinakaxa janiw lup’ipkiti, kunjamasa mayxt’ayataspa machaq p’iqichirinak chhixllañataki. Ukhan amtawinpixa janiw suma thakhiruxa sarktanti ¿ janicha ukhamaxa?

Esteban Ticona es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo.

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La derrota del progresismo en Ecuador

/ 18 de abril de 2021 / 00:50

Luego de una derrota, siempre se suscita un gran interés por la búsqueda de culpables. Sin embargo, más que nombres y apellidos, lo que realmente sirve es entender las múltiples aristas de un proceso político tan complejo como el ecuatoriano. He aquí algunas variables para comprender por qué Andrés Arauz perdió contra Guillermo Lasso.

1. Las movilizaciones de octubre de 2019 (en contra de las medidas FMI del gobierno de Lenín Moreno) siguen dejando una huella en el tablero político en Ecuador: lo ha reordenado con consecuencias electorales. El movimiento indígena se constituye como sujeto, relevante en lo político y competitivo en lo electoral. Hoy en día es la segunda fuerza en la Asamblea y su candidato presidencial, Yaku Pérez, se quedó a 30.000 votos de pasar a segunda vuelta. Esto también ha tenido su correlato en el ballotage: llamaron al voto blanco/nulo y lo lograron (casi 2 millones de votos blancos/nulos).

2. La campaña importó. Y el debate presidencial también. El “Andrés, no mientas otra vez”, que Lasso le espetara a Arauz en pleno debate fue efectivo en clave de meme drop simpático y pegadizo, que detrás de su aparente frivolidad escondía una acertada estrategia: cercenar la credibilidad de Arauz. Además de ese eje, Lasso logró mostrarse como lo que no es. Apenas dedicó tiempo a sus propuestas. Evitó cualquier posibilidad de dispersión en sus mensajes y la dotó de cierta épica. Y esto contrastó con la campaña de Andrés, más plana, y que tuvo dos defectos: por un lado, creyó que la línea de meta se alcanzaba después de superar todos los obstáculos para llegar a inscribir la candidatura (por todo lo sufrido hasta entonces) en vez de haberla considerado como punto de partida; y, por otro lado, el inesperado resultado de primera vuelta los tuvo más de un mes paralizados. Un tiempo perdido que nunca es fácil de recuperar en una campaña electoral tan competitiva.

3. Un frente es únicamente un frente real cuando está compuesto por diferentes partes; no se puede formar pareja con uno mismo. El correísmo lo intentó, pero en ningún momento lo pudo materializar. Desde primera hora esta idea, la necesidad de ampliar, no fue del todo genuina y sincera. La resaca de la traición de Lenín supuso un freno para la consecución de este objetivo. La desconfianza es siempre adversa al deseo de sumar a nuevos actores. El correísmo acabó siendo el correísmo en su esencia, y eso alcanzó para ser primera fuerza en primera vuelta pero no para ganar en la segunda.

4. El relevo es una partida no saldada. La sucesión no es una cuestión baladí, ni en la vida, ni en la política. Es un asunto que al interior del progresismo latinoamericano en este siglo XXI aún cuenta con poca muestra como para extraer conclusiones robustas. Cada proceso lo hizo a su manera: Cristina con Alberto, Evo con Arce, y en el caso ecuatoriano estábamos en el segundo round, Correa con Arauz. Este es un estadio lleno de complejidades porque no está exento de dialéctica; es pseudogramsciano porque convive un liderazgo consolidado con otro que está en fase de nacer.

5. El doble filo del lawfare. Lo hubo. El correísmo lo sufrió hasta el extremo. Correa no pudo presentarse como candidato y le han abierto muchas causas judiciales con y sin sentencia, pero todas ellas sin base alguna. Todo eso ocurrió (y mucho más), aunque no todo puede ser explicado en base a ese proceso. Si un asunto (en este caso, el lawfare) funge como argumento monopólico, entonces se corre el riesgo de sobredimensionarlo, creyendo que todo, absolutamente todo, puede ser interpretado desde esa óptica. El lawfare existe, sí, es un asunto de gran transcendencia, pero considerado en modo monotema puede llegar a atrofiar la capacidad para advertir lo poliédrico de un fenómeno. (Y, por cierto, un detalle: la ciudadanía, en general, no desayuna lawfare).

6. El efecto Lenín. Por muy paradójico que parezca, un notable porcentaje de la ciudadanía aún le achaca a Correa la responsabilidad del nefasto gobierno de Lenín. Es paradójico porque el presidente Lenín cogobernó con Lasso y persiguió sin cesar al correísmo. Sin embargo, hubo una mayoría de electores que asumió que Lenín es, en parte, la “continuidad” del correísmo.

7. ¿Conocemos a la clase empobrecida? El término “clase media” puede ser útil en un enclave geográfico y momento histórico. Pero no siempre sirve. Si se usa en exceso, es muy probable que se cometa un gran error: no sintonizar con la lógica aspiracional de las mayorías, con sus sentidos comunes, con su lenguaje y sus códigos dominantes. Es probable que algo de esto haya sucedido en Ecuador: Arauz estaba preocupado por esa población pero, en cambio, no logró una conexión con ellos como para permitirle ganar la elección.

Son muchas más variables las que se necesitan para entender por qué la ciudadanía ecuatoriana optó por elegir como presidente a un banquero (medios de comunicación, asimetría en el gasto en pauta publicitaria, etc.). Todas serán determinantes en lo que venga a partir de ahora. Lasso ganó la elección en esta segunda vuelta, pero su futuro estará en gran medida condicionado por si acaba padeciendo “la enfermedad de Macri”, esto es, creerse que su fuerza política es proporcional a los votos obtenidos en segunda vuelta. Confundir votos propios con votos prestados conlleva a una sobreestimación de sí mismo, que hace que se quiera gobernar como si tuviera mayoría. Y no. Lasso es la quinta fuerza en número de escaños en la Asamblea Legislativa, y casi 9 de cada 10 no le votó en primera vuelta (obtuvo solo el 15 % de votos totales) seguramente porque no quieren un plan de gobierno neoliberal al uso. 

Alfredo Serrano Mancilla y Sergio Pascual son del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

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