El 12 de abril de 1952, a consecuencia de la desigualdad y maltrato que sufrían los niños en el mundo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de Estados Americanos (OEA) redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño. Posteriormente, en 1954 la Asamblea de las Naciones Unidas recomendó que cada país fijara una fecha para festejar el Día del Niño, con el propósito de que esta fecha fuera dedicada a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y niñas del mundo, y destinada a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de la niñez. Siguiendo esta recomendación, en 1955 Bolivia estableció el 12 de abril como Día del Niño Boliviano. Desde entonces, se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la niñez en todas partes del mundo. Los gobiernos de América Latina no han sido ajenos a estos propósitos, y emprendieron importantes esfuerzos legislativos para establecer leyes en favor de la niñez.

Uno de los avances más relevantes ha sido que la totalidad de países de América Latina son firmantes de la Convención de los Derechos del Niño, que acaba de celebrar 25 años. Sin embargo, las reformas legislativas emprendidas en los últimos tiempos muestran con sorpresa que se están haciendo cambios legales que impactan en la vida de las niñas y niños. Un claro ejemplo es el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente en Bolivia, que incluye excepciones a la edad del trabajo infantil. De la misma manera países de la región como Brasil y Honduras analizan proyectos de ley que proponen reducir la edad de imputabilidad para los menores de 18 años, algo que durante años no se había discutido, ya que por debajo de esta edad los adolescentes se encuentran todavía protegidos por la Convención de los Derechos del Niño.

Unicef oportunamente ha comunicado y argumentado su preocupación respecto a estas reformas legales, y considera importante que en la labor periodística y el debate social se profundice en los aspectos relevantes para una discusión responsable y consciente de estos asuntos. La definición de “la edad mínima” es el detonante de una serie de normas y obligaciones de protección a la infancia, establecidas tanto por la Convención de los Derechos del Niño como por otros instrumentos de Naciones Unidas, que forman el corpus iuris (compendio) de protección de los derechos humanos de los niños.

Más allá de las incompatibilidades entre el interés superior del niño y estas reformas legales, también está la posición pragmática de algunos países latinoamericanos que pretenden transparentar la situación de la niñez tal y como es, y a partir de esa realidad iniciar un proceso de cambio más serio y objetivo.

En este sentido, surgen interrogantes como: ¿antes se firmaban convenios y se establecían leyes bajo el supuesto que nadie las cumpliría?, ¿o los niños y niñas de ahora ya no requieren ser tan protegidos cómo antes por las actuales leyes?, ¿o los Estados están evadiendo la responsabilidad de ser garantes de derechos para sus niñas, niños y adolescentes? A pesar de que no hay respuestas precisas a estas preguntas, lo que se muestra claramente es que las reformas legislativas equivalen a abrir una caja de Pandora, y lo que podría surgir de ella está llamando la atención del mundo entero, lo cual nos exhorta a la reflexión, al análisis y discusión sobre el proceso de legislación.

Mientras en este lado del continente se discute la pertinencia de juzgar o no a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos, en el país del norte avanza un proyecto para hacer justamente lo contrario: aumentar de 16 a 18 años la edad de imputabilidad penal. Quienes promueven dicha reforma legal, autoridades y organizaciones sociales principalmente, se basan en los hallazgos de la neurociencia y la hipótesis de que la privación de libertad de los adolescentes no contribuye a la seguridad pública. Argumento plenamente válido para todo tipo vulneración de derechos en niñas, niños y adolescentes.

En este mes que se recuerda el Día del Niño en Bolivia es primordial para el país comprender la realidad actual de nuestros niños, niñas y adolescentes, y analizar si todos los avances económicos logrados por el país han mejorado de alguna manera las condiciones de vida de esta población, particularmente de la niñez y adolescencia indígena. Es momento de repensar qué más se puede hacer para que la brecha entre una niña indígena de área rural y una niña de clase media de la ciudad no sea tan grande, y en cambio tengan iguales oportunidades y condiciones de desarrollo, que aseguren a las actuales generaciones de niñas y niños la posibilidad de disfrutar de un mundo más equitativo y un futuro más justo para todos y todas.

El 12 de abril de 1952, a consecuencia de la desigualdad y maltrato que sufrían los niños en el mundo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de Estados Americanos (OEA) redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño. Posteriormente, en 1954 la Asamblea de las Naciones Unidas recomendó que cada país fijara una fecha para festejar el Día del Niño, con el propósito de que esta fecha fuera dedicada a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y niñas del mundo, y destinada a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de la niñez. Siguiendo esta recomendación, en 1955 Bolivia estableció el 12 de abril como Día del Niño Boliviano. Desde entonces, se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la niñez en todas partes del mundo. Los gobiernos de América Latina no han sido ajenos a estos propósitos, y emprendieron importantes esfuerzos legislativos para establecer leyes en favor de la niñez.

Uno de los avances más relevantes ha sido que la totalidad de países de América Latina son firmantes de la Convención de los Derechos del Niño, que acaba de celebrar 25 años. Sin embargo, las reformas legislativas emprendidas en los últimos tiempos muestran con sorpresa que se están haciendo cambios legales que impactan en la vida de las niñas y niños. Un claro ejemplo es el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente en Bolivia, que incluye excepciones a la edad del trabajo infantil. De la misma manera países de la región como Brasil y Honduras analizan proyectos de ley que proponen reducir la edad de imputabilidad para los menores de 18 años, algo que durante años no se había discutido, ya que por debajo de esta edad los adolescentes se encuentran todavía protegidos por la Convención de los Derechos del Niño.

Unicef oportunamente ha comunicado y argumentado su preocupación respecto a estas reformas legales, y considera importante que en la labor periodística y el debate social se profundice en los aspectos relevantes para una discusión responsable y consciente de estos asuntos. La definición de “la edad mínima” es el detonante de una serie de normas y obligaciones de protección a la infancia, establecidas tanto por la Convención de los Derechos del Niño como por otros instrumentos de Naciones Unidas, que forman el corpus iuris (compendio) de protección de los derechos humanos de los niños.

Más allá de las incompatibilidades entre el interés superior del niño y estas reformas legales, también está la posición pragmática de algunos países latinoamericanos que pretenden transparentar la situación de la niñez tal y como es, y a partir de esa realidad iniciar un proceso de cambio más serio y objetivo.

En este sentido, surgen interrogantes como: ¿antes se firmaban convenios y se establecían leyes bajo el supuesto que nadie las cumpliría?, ¿o los niños y niñas de ahora ya no requieren ser tan protegidos cómo antes por las actuales leyes?, ¿o los Estados están evadiendo la responsabilidad de ser garantes de derechos para sus niñas, niños y adolescentes? A pesar de que no hay respuestas precisas a estas preguntas, lo que se muestra claramente es que las reformas legislativas equivalen a abrir una caja de Pandora, y lo que podría surgir de ella está llamando la atención del mundo entero, lo cual nos exhorta a la reflexión, al análisis y discusión sobre el proceso de legislación.

Mientras en este lado del continente se discute la pertinencia de juzgar o no a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos, en el país del norte avanza un proyecto para hacer justamente lo contrario: aumentar de 16 a 18 años la edad de imputabilidad penal. Quienes promueven dicha reforma legal, autoridades y organizaciones sociales principalmente, se basan en los hallazgos de la neurociencia y la hipótesis de que la privación de libertad de los adolescentes no contribuye a la seguridad pública. Argumento plenamente válido para todo tipo vulneración de derechos en niñas, niños y adolescentes.

En este mes que se recuerda el Día del Niño en Bolivia es primordial para el país comprender la realidad actual de nuestros niños, niñas y adolescentes, y analizar si todos los avances económicos logrados por el país han mejorado de alguna manera las condiciones de vida de esta población, particularmente de la niñez y adolescencia indígena. Es momento de repensar qué más se puede hacer para que la brecha entre una niña indígena de área rural y una niña de clase media de la ciudad no sea tan grande, y en cambio tengan iguales oportunidades y condiciones de desarrollo, que aseguren a las actuales generaciones de niñas y niños la posibilidad de disfrutar de un mundo más equitativo y un futuro más justo para todos y todas.

Hoy 20 de noviembre celebramos 24 años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este tiempo Bolivia ha reportado grandes progresos. La mortalidad infantil se ha reducido de 105 por 1.000 nacidos vivos en 1994 a 50 en 2008; la cobertura de acceso a fuentes de agua segura subió del 69% en 1990 al 88% en 2011; el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela alcanza al 83,45%; y la prevención de la transmisión vertical del VIH/sida está avanzando porque cada vez son más las mujeres embarazadas que acceden a las pruebas rápidas.

Sin embargo, los avances en materia de protección y participación aún son asignatura pendiente. Se dio un gran paso con la promulgación del Código Niño, Niña, Adolescente y la inclusión de toda una sección dedicada a los derechos del  niño en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, en el 80% de los hogares bolivianos los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia. La violencia hace mucho más que lastimar a un solo niño o niña, socava los cimientos de la sociedad, afecta la productividad, el bienestar y la prosperidad. Nuestra sociedad no puede continuar evitando afrontar la violencia contra su niñez.

En el transcurso de este tiempo, la Convención se ha convertido en el instrumento de derechos humanos con el mayor número de ratificaciones en la historia. Este hecho refleja el reconocimiento de los países y las comunidades del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de sobrevivir y desarrollarse; a vivir libres de violencia, abuso y explotación; a que sus puntos de vista sean respetados; y a que se tomen medidas que tengan plenamente en cuenta sus intereses.

Bolivia fue uno de los primeros países en ratificar la Convención el 26 de junio de 1990 mediante la Ley 1152 , y también lo hizo con sus tres protocolos facultativos: el primero relacionado con la venta de niños y la prostitución infantil, el segundo relativo a la participación de los niños en conflictos armados y el tercero relativo al proceso de comunicación con el Comité sobre los Derechos del Niño.

La vigilancia de la aplicación de la Convención está a cargo del Comité de los Derechos del Niño, conformado por especialistas de diferentes países. Desde 1990, Bolivia ha presentado cuatro informes sobre sus avances y desafíos hacia garantizar la plena vigencia de los derechos de la infancia, niñez y adolescencia boliviana.

El reto es consolidar los progresos que se han realizado hasta ahora, uniendo a la sociedad para trabajar por la niñez que aún no disfruta de su derecho a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación. La Convención sobre los Derechos del Niño es una norma universal para construir un mundo mejor. Un mundo en el cual el interés superior de los niños y niñas sea una preocupación fundamental para todos.

En medio de profundas transformaciones sociales, donde se busca garantizar el ejercicio de los derechos humanos como condición necesaria para el desarrollo de una sociedad que en el pasado ha vivido con grandes brechas de marginación, discriminación, abuso de poder e incluso sometimiento, el compromiso por dejar esa historia en el recuerdo y dar un giro a la realidad es inmensamente complicado, pero hay que reconocer que en gran medida el país y la sociedad boliviana están avanzando.

El crecimiento económico, gracias a políticas de inversión en productividad, muestra resultados positivos para la estabilidad. La reestructuración del país en relación a las autonomías y la redistribución de ingresos a los más desfavorecidos, el rescate cultural y la recuperación de la dignidad de los pueblos indígenas así como el respeto a la Madre Tierra son también aspectos para sentirse orgullosos en este proceso de cambio. Sin embargo, una asignatura pendiente siguen siendo los niños y niñas que sufren de violencia y maltrato. Cada día hay un nuevo suceso en la prensa que, a pesar de las buenas noticias en el país, nos desgarra al saber que un menor ha sufrido abuso sexual o está siendo sometido a trabajo infantil; sin mencionar el número de asesinatos de niños que cada vez son más frecuentes en los medios de comunicación.

La responsabilidad es de todos: la sociedad civil, las organizaciones sociales, la cooperación internacional y fundamentalmente el Gobierno. ¿Qué pasó con la equidad? Es una pregunta silenciosa que se escucha desde la mirada de los niños y niñas  en la calle, no importa el estrato social ni la condición económica, cada vez están cada vez más expuestos a los riesgos de esta sociedad en crecimiento. ¿Cómo puede ser posible que en un país que está a punto de lanzar un satélite al espacio la niñez esté cada vez más insegura?, ¿es que acaso no construimos nuestra sociedad por un futuro mejor para las nuevas generaciones?

Responder estas preguntas nos lleva a pensar que las prioridades son diferentes. Tener reservas energéticas, mejorar las exportaciones, incrementar la productividad agrícola y tener un tesoro nacional que garantice la estabilidad económica del país es importante, pero nunca puede ser más importante que el factor humano, y si ahora no ponemos atención en mejores condiciones de protección social a la infancia, niñez y adolescencia, estaremos construyendo un país sin capital humano.

El 26 diciembre de 2012, Bolivia fue el primer país de Latinoamérica en ratificar el tercer protocolo facultativo relativo a los procedimientos de comunicaciones, lo que demuestra que sí existe un serio compromiso por los derechos de la niñez en el país. Sin embargo, las leyes y normas no funcionan solas, se requiere del compromiso de los tomadores de decisión, los administradores de justicia y la sociedad en su conjunto para evitar que el interés superior del niño sea vulnerado.

En días pasados vimos que hasta los medios de comunicación se olvidan de la ética y exponen imágenes de niños de manera morbosa o lastimera. Es alarmante el crecimiento de denuncias de maltrato; llama la atención cómo ciertas organizaciones toman cada vez más a la ligera el tema del trabajo infantil; no se dan soluciones adecuadas a la permanencia de menores conviviendo en las cárceles con su padres, y la lista de vulneración de derechos de la niñez es inacabable.

Bolivia ha sido y es un país que se ha levantado ante las injusticias sociales, que ha luchado por una democracia y que siempre ha demostrado la solidaridad en los momentos de crisis o emergencia. Ahora es el momento de la reflexión y la unión de todos para hacer que el “cambio” sea con una niñez digna y con pleno ejercicio de sus derechos.

El 12 de abril se celebra el Día de la niñez, un momento oportuno para que la sociedad boliviana reflexione y evalué cuál es la situación que viven los niños y niñas en el país. Es un día propicio para preguntarse si sus derechos se están cumpliendo, si están siendo bien tratados, debidamente atendidos y protegidos frente a los enormes riesgos que genera la actual sociedad moderna. Un presente satisfactorio para los niños, que representan casi la mitad de los habitantes del país, constituye un futuro promisorio para esta sociedad.

Bolivia está alcanzando grandes progresos económicos y sociales, que le han valido su clasificación reciente como una nación de ingresos medios bajos. Ha venido realizando importantes esfuerzos para mejorar la atención social de los niños y niñas, que se ha expresado en una tendencia marcada hacia la extensión de la cobertura de la educación y el fortalecimiento de la atención a la salud. Asimismo, hay consenso en la sociedad para fortalecer el marco jurídico e institucional que garantice la protección de la niñez hacia lacras como el abuso, el maltrato y la trata y tráfico. No obstante, todavía queda mucho por hacer. Además, difícilmente se puede aspirar a un desarrollo integral si no va acompañado con el cumplimiento satisfactorio de los derechos de la niñez.

Este año, Unicef sugiere que la reflexión del 12 de abril ponga énfasis en la niña, aprovechando la voluntad del Estado de aprobar la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Es evidente que una niña que haya disfrutado de todos sus derechos se convertirá en una mujer plena, con autoestima y con todas las capacidades necesarias para defender sus derechos. También es una condición sine qua non que una niña con estas oportunidades constituirá una relación cualitativamente distinta con los niños en la escuela, la familia y la comunidad. Esto posibilitará una sociedad en la cual hombre y mujer crezcan y se formen desde la niñez como personas que tienen los mismos derechos, y en consecuencia serán ciudadanos que disfrutan de la igualdad. Para alcanzar esta aspiración, es necesario poner el énfasis en la equidad de género e invertir mayores esfuerzos en las niñas, de modo tal que el proceso de socialización se fundamente en este criterio básico de los derechos humanos.

En Bolivia existen aproximadamente 2,2 millones de niñas y adolescentes (0-17). Los datos disponibles revelan niñas con evidentes dificultades para acceder a los frutos del crecimiento económico y del desarrollo institucional. Ya en 2008, 1,1 millones de niñas no tenían acceso ni a agua ni saneamiento en sus hogares; situación que era aún más adversa para las 94 mil adolescentes de 15 y 19 años que ya eran madres o estaban a punto serlo, y para las 41 mil adolescentes (18-19) que vivían en pareja y fueron víctimas de violencia.  Adicionalmente, ser niña, indígena y habitante de las comunidades rurales significa enfrentar mayores vulnerabilidades y probabilidades de no acceder a los servicios de atención e ingresos suficientes para superar la pobreza.

Los especialistas sostienen que la educación es uno de los mecanismos que contribuye más significativamente a reducir las inequidades y desigualdades de la sociedad; pero en 2010, 655 mil (655.988) niñas y adolescentes (4-17) estaban fuera de la escuela, y cuatro de cada diez no concluyeron la educación secundaria. Peor aún, en una sociedad del conocimiento como la actual, según datos de 2008, 132 mil niñas entre 14 y 17 años no usaban la computadora y 167 mil ni siquiera conocían internet. Finalmente, quiero instar a la sociedad boliviana a redoblar sus esfuerzos dirigidos a visibilizar y orientar la inversión y los afanes privados e institucionales hacia la niña. Una niña suficientemente protegida en todos sus derechos será una mujer adulta, respetada, empoderada y capaz de luchar por su igualdad.