Para nadie es desconocido que la vida en las cárceles del país está plagada de sufrimientos, derivados de la pérdida de libertad y el particular contexto que genera la vida en común de las y los reclusos. Sin embargo, esta evidencia no debe ser motivo para que las autoridades responsables omitan su obligación de proteger los derechos de las y los privados de libertad.
Episódicamente, los medios de comunicación realizan y publican reportajes sobre la vida en los centros de reclusión del país; a veces en tono de elogio por el ingenio de reclusas o reclusos, pero generalmente para denunciar irregularidades o injusticias. Es el caso de una reciente investigación periodística de La Razón publicada días atrás, que da cuenta de un lucrativo negocio “inmobiliario” dentro de los penales más importantes del país.
Se trata de un intenso negocio de compra y venta de celdas, cuyos costos, dependiendo del penal y la ‘zona’ dentro de éste, pueden llegar hasta los $us 10.000 o más. A ello hay que añadir otro pago por el “derecho de ingreso”, cuyo monto determina a qué sección de la cárcel será enviada la persona. La explicación que brindan las autoridades consultadas es que se trata de arreglos, cuando no la construcción de las celdas, realizadas por los propios internos, que cuando recobran la libertad buscan “recuperar su inversión”. Asimismo, el pago de ingreso, dicen, es administrado por los delegados de las o los reclusos, que usan ese dinero para hacer arreglos.
Esos pocos datos muestran hasta dónde lo que ocurre dentro de los muros de las cárceles es un asunto en el que el Estado tiene poco que ver o, peor, del que se desentiende.
Así se explica que las personas privadas de libertad sean, además, privadas de la mayoría de sus derechos apenas cruzan la puerta de los penales. En el caso que se comenta, además de la dignidad, pierden hasta el derecho a tener una cama y un techo, a menos que puedan pagar por ellos.
Previsiblemente, un delegado de los reos afirma que la realidad no es como la muestran los medios, y añade, con razón, que los cobros permiten hacer mejoras en los penales, trabajos que la Dirección General de Régimen Penitenciario no ejecuta, a sabiendas que la situación de infraestructura es, con un par de excepciones, dramática en todo el país, incluso con el aporte privado de quienes lucran con el alquiler o venta de celdas.
Hay, pues, la sensación de que el Estado es más que insensible en lo que respecta a las prisiones del país y sus habitantes, pues a pesar de conocer éstos y otros dramas, como el de la carencia de alimentación o el tráfico de sustancias ilícitas, se muestra incapaz de hacer algo al respecto, olvidando, como ya se dijo antes en este mismo espacio, que en la cárcel se pierde la libertad, pero no el resto de los derechos humanos.