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Acoso diplomático

La calificación de  los supuestos delitos comunes, políticos o conexos la decide el país receptor

/ 22 de julio de 2012 / 05:44

La negación de un salvoconducto para el asilado político y senador Róger Pinto ha inflado un globo a punto de explosionar, y que podría crear perturbaciones en la atmósfera diplomática entre Bolivia y Brasil. Veamos. En primer lugar definamos en qué consiste el derecho de asilo político, según acreditados tratadistas del Derecho Internacional Público: “Es la protección que un Estado dispensa a una persona no nacional que es objeto de persecución en virtud de motivos políticos o ideológicos por las autoridades de otro Estado”.

La República Federativa del Brasil (remarcó su embajador en Bolivia) sigue la tradición humanitaria de ser acogedora para con los perseguidos políticos de otros países. Éste es pues el caso. Ante la resistencia de la Cancillería boliviana de expedir el salvoconducto a Róger Pinto, el embajador brasileño, Marcel Biato, advirtió que, a pesar del buen entendimiento que ha prevalecido hasta ahora entre ambas cancillerías, el caso al que nos referimos “podría enrarecerse”. No es difícil prever cuál sería el Estado perdedor.

No son necesarias muchas luces como para no advertir las ventajas de la buena vecindad, muy en especial entre países con muchos miles de kilómetros de frontera y muchos más millones de intereses recíprocos. No olvidemos, además, que ese país es la séptima potencia económica del mundo. Mostrarse intolerantes con el Gobierno vecino es lo menos conveniente, sobre todo para Bolivia.

Asimismo, conviene recordar que la vera doctrina del Derecho Internacional enseña que la calificación de los supuestos delitos comunes, políticos o conexos que se achacan al refugiado la decide el país receptor. En este caso Brasil; y no el país que lo persigue, en este caso el Gobierno de Bolivia. Por otro lado, el mismo diplomático aprovechó la oportunidad para recordar a los desmemoriados que el espíritu de acogida a los perseguidos políticos es una tradición humanitaria del Derecho Internacional de los países de América Latina, practicada por el Brasil en muy frecuentes oportunidades.

Es más, la misma Organización de las Naciones Unidas es uno de los más firmes apoyos a esta doctrina. Copio: “La concesión de asilo es un acto humanitario y pacífico, y en tanto que tal, no puede considerarse por otro Estado como inamistoso.” Y, por sobre todo, el asilo político y, consiguientemente, la concesión o negación del salvoconducto al asilado político “Es una decisión de un Estado en el ejercicio de su soberanía”. Este precepto del Derecho Internacional incluye “el principio del llamado non refoulement, según el cual ninguna persona podrá ser rechazada en la frontera, expulsada, o devuelta al país en el que es objeto de persecución”. (Resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, 2312, 14 de dic de 1967).

Así las cosas, el embajador brasileño, Marcel Biato, fue muy claro: deploró que el Gobierno boliviano haya demorado la concesión del citado salvoconducto. Lo dijo cuando el Gobierno aún no había declarado públicamente su rotunda negativa a otorgarlo. Pero, al mismo tiempo, advirtió —siempre con el mismo lenguaje diplomático— que “si bien nuestras relaciones son muy sólidas… pero trataremos de evitar que se creen problemas que pueden volverse delicados”. La pregunta final es: ¿cuáles problemas?

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El pasajero es el rey

Los dirigentes no pueden sacrificar a la población a cambio de ventajas personales

/ 13 de mayo de 2012 / 03:45

El título de este comentario no corresponde a la realidad. Los pasajeros del transporte público urbano somos “el último mono”, con el perdón de los simios. Los choferes, sindicalizados o no, nos han tenido dos días seguidos cercados por un brutal bloqueo. Y el Gobierno, tan campante. La Policía sólo se ha hecho sentir por sus ensordecedoras sirenas que anuncian el paso veloz de los gobernantes.

Hecha la justa protesta, en nombre de todos los sufridos ciudadanos de a pie (nunca mejor aplicada la expresión), vayan algunas consideraciones sobre un problema que las autoridades competentes no han podido resolver. Ante todo, los dirigentes sindicales deben admitir que no pueden sacrificar a la población a cambio de ventajas personales, siendo así que nadie ignora los privilegios y patrimonios personales de los que gozan esos dirigentes. En segundo lugar, el tráfico vehicular no es competencia natural del Gobierno, sino del municipio. En este sentido, la Alcaldía paceña dispuso unas normas precisas destinadas a la regulación del tránsito rodado. Normas que no han sido un capricho personal ni una apresurada improvisación, sino fruto de un estudio serio del problema, apoyado con la rica experiencia de otras ciudades del mundo. Pero a la mayor parte de los ilustrados choferes no les da la gana de aceptar. Así y todo, el Alcalde paceño trató, sin resultados positivos, de dialogar con los dirigentes.

Es archisabido que nuestras ciudades, y en particular la sede del gobierno, están viviendo un ritmo de crecimiento acelerado, tanto en el número absoluto de vecinos como las distancias que van alejando un bario del otro. La conclusión elemental es que el transporte público debe atender a los requerimientos de ese crecimiento y a precios asequibles para el común de los usuarios. De donde se deduce la necesidad de establecer una red municipal de conexiones vehiculares en todo el perímetro urbano y su consiguiente empalme con los transportes de cercanías. Es también imprescindible que los conductores estén provistos de un carnet obtenido tras las correspondientes pruebas de aptitud y no al precio de las coimas a los burócratas de turno. Es de sentido común que los vehículos estén en perfecto estado de funcionamiento. Otros requisitos exigibles deben constar explícitamente en la Ley del Transporte Público, en la que deben incluirse las correspondientes sanciones a quienes las infrinjan.

Hecha esta breve referencia a la normativa municipal, creo ineludible volver al paro de los transportes de esta semana y a la actitud del Gobierno central que se hizo el que ignoraba las molestias que soportó el vecindario. Hay quien opina que fue una ignorancia culpable, incluso un apoyo bajo mano del Gobierno que utilizó al sindicato automotor para dañar la reputación del Alcalde paceño, por el grave delito de no haber sido elegido por los votos masistas, sino por los sufragios incontrolados por el partido de gobierno. Pues bien, si esto fue así, al Ejecutivo le salió el tiro por la culata, ya que la ruin maniobra le ganó más antipatía de la que ya ha venido acumulando en los últimos meses.

Ojalá que los choferes, sindicalizados o no, entren en razón y se convenzan de que el pasajero es el rey. Sólo así merecerán el respeto del vecindario.

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