Hay opiniones. Unas, si acaso, están blindadas; otras, en cambio, se revelan condenables. La diferencia no es irrelevante. Y es que al parecer algunas personas tienen licencia plena para opinar cualquier cosa, mientras las demás debieran callar o, al menos, “medirse”. Es la gran hipocresía de la libertad mediática de expresión: distingue a los privilegiados, con fuero, de los excluidos, sin remedio. Ay, opiniones.
Exploremos esta dualidad de la opinión a propósito del affaire Milena-fetidez-Oruro. “Reclamamos por las palabras de una persona particular. Si se hubieran dicho en su programa (Brújula), sería diferente”. Qué tal. La precisión corresponde al abogado de la Alcaldía de Oruro. Es decir: si Milena Fernández, periodista, hubiese dado cuenta de hedores carnavalescos en su programa televisivo, nada que hacer (a llorarle a la Ley de Imprenta); pero como declaró en otro set, en calidad de ciudadana, es un delito.
Esta diferencia entre quienes pueden opinar libremente y quienes deben abstenerse y cuidarse tiene relación con otra hipocresía, esta vez gremial, respecto a “la defensa de las libertades democráticas”. Y es que una cosa es opinar como periodista bajo el cobijo de un “medio independiente” (sic) y otra distinta hacerlo sin la protección del gremio y sus asociaciones. ¿Significa esto que unos periodistas son más o menos intocables que otros? A lo Sabines: no lo sé de cierto, lo supongo.
Lo evidente, en todo caso, es que unos operadores mediáticos resultan más (in)defendibles que otros. Que yo sepa, el enjuiciamiento de la comunicadora Fernández (que ya tiene mandamiento de aprehensión por no presentarse a declarar) no generó ningún comunicado o pronunciamiento gremial de condena por este “nuevo atentado contra la libertad de expresión”. Esta vez, por ejemplo, la siempre vigilante ANP se declaró sin posición, limitándose a “sugerir a ambas partes que tengan flexibilidad y tolerancia”.
La misma lógica (tercera hipocresía) tiene relación con quiénes enjuician. Sospecho que si la demanda penal contra Milena “por incitación a la discriminación” y “en defensa de la dignidad lastimada” hubiese provenido de alguna autoridad del “Gobierno totalitario de Evo”, hoy tendríamos un surtido alarido de voces opositoras denunciando ante la comunidad internacional este “terrible atropello contra los medios” y la muerte de la democracia en Bolivia, etcétera.
Peor todavía: la denuncia ante la Fiscalía presentada por la alcaldesa de Oruro, en respuesta a los “términos grotescos” expresados por la presentadora de televisión, sería la clara demostración —ahí está, lo advertimos— de que la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación fue concebida e impuesta para cerrar medios y encarcelar periodistas. Y habría renovada declaración de duelo y campaña, con barbijo y firmas, para derogar los artículos 16º y 23º…
Pero veamos la opinión en discordia. ¿Es para tanto? ¿Qué tan “funesto” y “humillante” puede ser que una desubicada periodista-ciudadana opine (otra vez: o-pi-ne) de manera torpe y hasta arrogante sobre una ciudad? ¿Dejará de ir gente al gran Carnaval de Oruro sólo porque Milena, políticamente incorrecta, sin brújula, diga que por falta de políticas de Estado, hoteles y cloacas, la ciudad se pone “fétida”? ¿Qué harán los guardianes de los olores fuertes y desagradables para desmentirla? ¿Qué fiscal o juez calificará esa verdad/mentira? ¿En serio se está incitando a la discriminación?
Y aquí viene la cuarta hipocresía, de las “fuerzas vivas” de la sociedad (ni pensemos en la reacción de las “fuerzas zombies”), a propósito de la opinión mediática. Tengo enorme/especial aprecio por Oruro, pero no creo que el linchamiento de la ofensora Milena (“que pida disculpas de rodillas por pisotearnos con sus mentiras”/ “¿cómo se atreve si no es orureña?”) contribuya mucho al bienestar colectivo ni, menos, a lograr mejores condiciones para habitantes y turistas. Quizás sea más saludable apuntar dardos y narices en otra dirección, más allá de la televisión basura y sus cielos e infiernos.