Voces

martes 3 ago 2021 | Actualizado a 20:00

Comida chatarra

/ 5 de agosto de 2012 / 04:04

Uno de los aspectos más evidentes de la identidad de un pueblo es su comida. Pues, tradicionalmente, los alimentos han estado ligados a las características del entorno. No obstante, con la globalización (que empezó con la llegada de Colón a América) las costumbres, los gustos culinarios y la oferta de alimentos cambiaron gradualmente. Sin duda para bien. Por ejemplo, mientras los españoles importaron de América delicias como el chocolate, el maíz o la papa; por estos lados se conocieron el trigo, el arroz y el ganado vacuno.

Sin embargo, en las últimas décadas, esta influencia está resultando más bien dañina, como consecuencia del consumo masivo de alimentos industrializados, que además de no ser frescos, contienen una serie de elementos químicos que atentan contra la salud. Influencia de la que Bolivia no está exenta.

En efecto, según advierte la presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Bolivia, los nuevos hábitos alimenticios están provocando el aumento de enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidad, insuficiencia renal e hipertensión arterial. Como la facilidad de preparar o bien comprar comida “chatarra” es muy grande, toca a cada hogar velar por la salud de sus miembros, y proponerse consumir bebidas y alimentos frescos y naturales.

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De angas y de mangas

/ 3 de agosto de 2021 / 01:47

Me tomaré un poco de licencias y no seguiré a la docta Martha Hildebrandt en su explicación de «por angas o por mangas» en “de todas formas”. Me quedaré, monda y lironda, en mi neodefinición “de una y de otra”.

Primero Perú. La asunción de Pedro Castillo Terrones tuvo cinco viabilizadores: el rechazo de los gobiernos fujimoristas, que con su autoritarismo, corrupción y violación de DDHH opacó que acabara con la hiperinflación y con el terrorismo del guevarista MRTA y del sanguinario maoísmo de Sendero Luminoso, luego realimentado por el revanchismo de la mayoría absoluta congresal del fujimorismo en 2016. Otro fue la corrupción enraizada en los gobiernos pos-Fujimori, salvados los dos gobiernos de transición: Valentín Paniagua Corazao (2000-2001) y Francisco Sagasti Hochhausler (2020-2021), fenómeno que —más su inoperancia en soluciones sociales, a pesar del ejemplar desempeño macroeconómico del periodo— llevó al descrédito de la clase política —tercer viabilizador— como Venezuela 1999, Argentina 2001 y Bolivia 2020. Un cuarto era la voluntad frustrada de poder de la izquierda legalista peruana desde el periodo militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), celebrado por Castillo Terrones durante la campaña pero descalabrado en la economía (a pesar de su reforma agraria necesaria); izquierda continuamente fragmentada que, junto con la gauche caviar local, creyó que podía contemporizar al candidato casi desconocido y que ha llevado ya a La República —grupo vocero de la izquierda intelectual— a un mea culpa profundo y sincero.

Un quinto: la necesidad de respiro para el Grupo de Puebla y para el débil liderazgo de Andrés Manuel López Obrador ahora que Cuba está en crisis, en Ecuador ganaron los conservadores y el sueño de un Chile socialista del siglo XXI se esfuma (Colombia por el mismo camino), sumado a unas Argentina y Bolivia bordeando crisis, Venezuela en agonía permanente y Brasil de rumbo indefinido.

(Dato curioso es que Castillo Terrones — rondero campesino antisenderista, que ahora planteó resucitar a modo de milicias populares—, como su vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra, antes habían perdido elecciones de alcaldías distritales y congresal.)

Poco más de Perú: un discurso inaugural indigenista casi bucólico (habría que preguntar a los pueblos sometidos por el Inca y a Huáscar) y antiespañol del nuevo presidente (que no es indígena sino mestizo), sus propuestas (estilo socialismo del siglo XXI) de cambiar la Constitución, el complejo demagógico de no ocupar el Palacio Presidencial conocido como Palacio Pizarro (aunque pudo llamarlo Casa del Curaca Taulichusco, que vivió en el solar) y sus ideas económicas confusas. El partido que le prestó su sigla, Perú Libre, se autodefine marxista-leninista, mariateguista y antimperialista y su líder, Vladimir Cerrón Rojas, está con prisión suspendida por casos de corrupción. Su primer ministro, Guido Bellido Ugarte, es investigado por apología del terrorismo por su abierta defensa de las acciones criminales de Sendero Luminoso, además de declarado homófobo, misógino y transfóbico; con solo dos mujeres en el gabinete (la vicepresidenta una de ambas), el nuevo canciller Héctor Béjar Rivera (86 años) fue exguerrillero castrista ( fundador del Ejército de Liberación Nacional en los años 60). Faltará ver las primeras medidas, incluido el abordaje del bicentenario, un hecho netamente criollo.

El presidente, admirador de Morales Ayma (de quien, como nuevo arbiter elegantiarum, copia sus trajes de Canedo Patiño aparte de su caro sombrero chotano), durante los actos de posesión dio preeminencia al expresidente y desplazó al actual a un lugar secundario.

De Cuba, la crisis late —pandemia de generales incluida—, mientras México y Bolivia envían apresurados suministros al régimen tratando de calmar los descontentos por la miseria. La pandemia traza entre 8.000 y casi 10.000 casos día.

Y tocando pandemia, en Bolivia la vacunación avanza firme recién, reduciendo la morbilidad y confirmando la adecuada estrategia de prevención. El fracaso total de la ideologizada apuesta rusa ha dejado la vacunación entre los suministros chinos —mayoritariamente pagados—, los COVAX —en stand by por la crisis sanitaria en India— y, de salvación, las donaciones de vacunas norteamericanas —más suministros médicos, poco difundidos, por $us 6 millones— que han permitido el sprint inmunizante ¿imperialista?

José Rafael Vilar es analista y consultor político.

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Elitistas frustrados

/ 3 de agosto de 2021 / 01:44

Recuerdo las palabras de un analista que comentaba los resultados preliminares la noche de las elecciones del 20 de octubre de 2019: “Bolivia es un país urbano”. Confiaba, seguramente, que con esas palabras reforzaría la convicción de amplios sectores de las clases medias entonces descontentas con el MAS, de que la impronta nacional popular de Bolivia comenzaba a superarse, reduciendo particularmente la influencia de las áreas rurales sobre el destino del país. A unos meses de consumado el golpe, adicionalmente, algunos analistas comenzarían a cuestionar, sin respaldo alguno, “la desproporcionada representación electoral del área rural”. La intención no declarada de estas personas era restituir un modelo de representación política particularmente excluyente con indígenas y campesinos que añoraban nostálgicamente desde el primer día en que Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia.

Pero la realidad es terca, y aún sin la participación del dirigente cocalero, el MAS-IPSP se impuso en las elecciones de octubre del año siguiente, con árbitro elegido por las propias clases medias y acomodadas después de que un grupo de empresarios y políticos fracasados eligieran a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia. La victoria del partido esencialmente campesino demostró que las áreas rurales todavía son determinantes dentro de las reglas impuestas por un régimen político democrático liberal. Excluir a dicho sector de la población de toda forma de participación política era la única forma a través de la cual podrían imponer clases medias y empresarios su proyecto de país, quienes en un solo año desfalcaron las arcas del Estado con desesperación propia de un drogadicto bajo los efectos de la abstinencia. Llevaban tanto tiempo sin tocar los privilegios del Estado… ¡pero tendrán que esperar todavía más!

Así, aun cuando insistan en presentarse como demócratas convencidos, en realidad su comportamiento revela que las clases acomodadas en Bolivia, y las clases medias que las siguen, son portadoras de un espíritu esencialmente antidemocrático, quizá por su carácter minoritario, pero sobre todo por su desprecio a las mayorías, a lo que llaman “populismo”. ¡Ay, la plebe! La indiferencia, en el mejor de los casos, y satisfacción, en el peor, frente a las masacres de Senkata y Sacaba, y la sistemática violación de los derechos humanos de indígenas y campesinos, a quienes se estigmatizó como “vándalos” y “terroristas” después del Estado de excepción impuesto a partir del 12 de noviembre de 2019, los desenmascaran: falsos liberales; elitistas frustrados y ensimismados en Achumani, Sopocachi y Equipetrol, a cuyos márgenes les gustaría reducir al resto del país.

Ahora, una nueva investigación demuestra que no hubo tal “fraude monumental”, sino un manejo negligente del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que, por favor recuerden, ¡no tenía validez legal alguna! Mucho antes, otro trabajo a partir de datos recolectados por el New York Times (no castrocomunista), y elaborado por académicos de renombradas universidades, titulado Do shifts in late-counted votes signal fraud? Evidence from Bolivia (que puede traducirse a ¿Señalan fraude los cambios de votos contados tarde? Evidencia de Bolivia), demuestra que dos variables, región y ruralidad, fueron determinantes para explicar el aumento de votos a favor de Morales al finalizar el conteo de la votación en octubre de 2019. En otras palabras, los votos del campo llegan tarde, ¡y cuentan pues! ¿Qué fraude?

Las élites bolivianas, y sus clases a medias, harían bien en admitir, como lo hizo Sócrates, que no les gusta la democracia, que no confían en el criterio de las mayorías, pero aun así tendrían que someterse: ¡Mayoría manda!

¡No desesperen! Todavía pueden arrodillarse en las puertas de los cuarteles, fundar su propio país o simplemente migrar. Siempre hay opciones en la vida… Salvo ganar una elección, no creo que puedan. ¡Suerte!

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Trump y el control del Partido Republicano

/ 3 de agosto de 2021 / 01:42

Fue una semana de reveses para Donald Trump en su intento por mantener control sobre el Partido Republicano hasta 2024 e incluso después. En Texas, uno de sus candidatos perdió una segunda vuelta especial contra su rival republicano. Casi al mismo tiempo, se manifestó contra el proyecto de ley bipartidista sobre la infraestructura que está en revisión en el Senado y, al parecer, a casi nadie le importó: no había una sensación de que los republicanos temieran su ira ni que se esperara que sus partidarios se amontonaran a manifestarse en los edificios municipales.

Los conservadores que preferirían que el Partido Republicano no estuviera controlado por Trump por el resto de su vida recibieron estos indicadores con cierto optimismo. Me gusta imaginarlo, pero me temo que no es tan simple. La debilidad que demostró Trump la semana pasada es real, pero no es nueva. Su poder sobre el Partido Republicano siempre ha sido limitado.

Desde luego, dentro del Partido Republicano nunca ha fraguado una facción trumpista clara. Sin embargo, no es lo mismo los límites a su poder que los límites a su apoyo. La regla en la era de Trump es que puedes contradecirlo de manera indirecta o ganar sin su respaldo, pero a excepción de unos cuantos casos, no puedes desafiarlo de manera personal y esperar tener a los electores republicanos de tu lado. No obstante, hay dos cosas que pueden ser verdad al mismo tiempo: Trump posee un cierto tipo de ingenio político y un fuerte vínculo personal con las bases republicanas, y la influencia de Trump decae cuanto más nos alejamos del mundo de la retórica y la identificación personal.

Trump podría promover una creencia de que fue víctima de un fraude electoral masivo e inspirar a sus seguidores a asaltar el Capitolio, pero no podría hacer que ni las legislaturas estatales republicanas ni los jueces designados por los republicanos ni su propio Departamento de Justicia comenzaran a adherirse a sus intentos de anular las elecciones. Esto indica que si nos preocupa que el 2020 se repita en 2024 con un resurgimiento de Trump, pero que esta vez las legislaturas estatales republicanas en verdad actúen para anular los resultados, deberíamos estar buscando señales de que Trump ha encontrado un modo de juntar el apoyo hacia él con el apoyo hacia esa acción. A fin de superar sus múltiples debilidades como jugador dentro del juego, no solo necesitaría el respaldo a sus afirmaciones de fraude electoral, sino también una regla conocida, entre los dirigentes de la sede del gobierno estatal de Míchigan, Pensilvania o Arizona y sus electores, de que secundar a Trump es favorecer que las legislaturas elijan a los presidentes, lo cual está muy relacionado.

Creo que será muy difícil imponer esa regla. Pero el análisis del poder de Trump sugiere que la nominación en sí seguirá a su alcance (y un análisis de su carácter sugiere que la querrá), sin importar cuántos proyectos de ley bipartidistas se aprueben por encima de sus objeciones ni cuánto apoyo pierda. Eso se da porque nadie se imagina que unas votaciones para la infraestructura o unas elecciones aleatorias a la Cámara Baja sean un referéndum sobre Trump. Pero ¿cómo puede un candidato a la presidencia en las primarias convencer a los republicanos de que un voto para ellos no es un voto contra Trump, aunque él aparezca en la boleta? Eso requeriría un tipo de ingenio político en verdad especial que no podemos esperar ni siquiera de Ron DeSantis.

Ross Douthat es columnista de The New York Times.

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Banco en la mira por Pinochet

/ 3 de agosto de 2021 / 01:39

Casi 15 años después de la muerte del exdictador chileno Augusto Pinochet, las víctimas de su brutal régimen siguen intentando que él y sus colaboradores rindan cuentas. Y ahora las víctimas parecen estar un paso más cerca de la justicia, aunque el tribunal esté al otro lado del mundo.

En julio, la Corte Suprema de Justicia de Chile fue notificada por la Audiencia Nacional de España de que se había reabierto una investigación en Madrid sobre si un banco, el Banco de Chile, ayudó a Pinochet y a sus socios a lavar millones de dólares en el extranjero, según documentos judiciales enviados a los abogados que llevan el caso.

Los demandantes están encabezados por la Fundación Presidente Allende y representan a más de 20.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. El esfuerzo jurídico se concentra en los fondos que se cree que fueron expropiados por Pinochet y sus allegados y transferidos a cuentas personales en el extranjero, en lo que los demandantes dicen que fueron también actos de evasión fiscal y lavado de dinero.

Aunque Pinochet murió bajo arresto domiciliario en Chile en 2006 sin llegar a ser juzgado, fue detenido en el Reino Unido en 1998 por orden de Baltasar Garzón, un juez español, que luego no logró convencer al Gobierno británico de que lo extraditara a Madrid. En cambio, el Reino Unido le permitió regresar a su país debido a su mala salud. En 2011, una comisión chilena que investigó las torturas, los secuestros, los asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos durante la dictadura del general identificó a más de 40.000 víctimas.

Durante años, el Banco de Chile había argumentado con éxito que era Chile y no España el que tenía la jurisdicción para investigar sus operaciones relacionadas con Pinochet. Pero, en Chile, la Justicia cerró en 2013 una investigación por lavado de dinero sin imputar al general ni a nadie. Según un estudio comisionado por la Corte Suprema de Chile, solo $us 2 millones de los 21 millones identificados como fortuna personal de Pinochet pudieron ser contabilizados como dinero limpio.

Al final, en 2018, la Corte Suprema de Chile ordenó la restitución de $us 1,6 millones de los bienes de Pinochet, además de condenar a tres de sus generales por fraude vinculado con fondos públicos. El Banco de Chile nunca fue acusado en Chile por lavado de dinero, pero pagó $us 3,1 millones a las autoridades chilenas en 2009 por irregularidades administrativas relacionadas con el dinero de Pinochet.

En el informe en el que explica porque reabriría la causa, la Corte española dijo que el Banco de Chile debía reservar $us 103 millones para cubrir el posible pago que las víctimas del régimen de Pinochet están reclamando. Sin embargo, el juez español que conoce la causa aún no ha ordenado al banco que deposite esta fianza. La cantidad se basa en las conclusiones de la Fiscalía española en 2009 tras investigar el presunto lavado de dinero de Pinochet.

El Banco de Chile es propiedad mayoritaria de Quiñenco, la sociedad controladora de la familia Luksic, que figura entre las más ricas de Chile. El presidente del banco, Pablo Granifo Lavín, es uno de los acusados en el caso. El Banco de Chile cerró su filial en Nueva York tras verse envuelto en la investigación del Riggs.

La decisión del tribunal es en sí misma una victoria para los demandantes contra el Banco de Chile, ya que el banco había estado “intentando durante años engañar a los jueces españoles para convencerlos de que sus actividades podían ser investigadas de manera apropiada en Chile”, dijo Juan Garcés, un abogado español que representa a los demandantes. “Tenemos pruebas muy sólidas que nos hacen confiar en que finalmente podremos condenar a quienes ayudaron al dictador a lavar su dinero”.

Raphael Minder es columnista de The New York Times.

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Un millón de niños sin cuidadores

/ 2 de agosto de 2021 / 00:53

A causa del COVID-19, desde marzo de 2020 hasta este pasado mes de abril, más de un millón de niños en todo el mundo perdieron a una madre, un padre, un abuelo u otro adulto de quien dependían como su tutor o cuidador principal. En Sudáfrica, 1 de cada 200 niños perdió a su cuidador principal. En Perú, fue 1 de cada 100.

Dadas las brechas internacionales en las pruebas de coronavirus y los informes de casos, es probable que estas cifras sean una subestimación. Pero nuestro equipo de investigadores, que incluye a expertos de organizaciones de salud pública y universidades de todo el mundo, usó modelos matemáticos, así como datos de letalidad y fertilidad de 21 países con el 76% de muertes globales por COVID- 19 para calcular el número de niños que perdieron un cuidador (algunos perdieron a uno de sus padres, o ambos. Otros perdieron a abuelos que cuidaban de ellos). Creamos una calculadora en línea que muestra estimados mínimos para cada país en el mundo.

Lo que descubrimos fue una pérdida de familiares a una escala que no se había visto desde que el sida devastó por primera vez el África subsahariana. “¿Recuerdan la situación de África en 2002, cuando nos dimos cuenta de que todos los adultos muertos equivalían a niños huérfanos?”, preguntó la autora principal de nuestro estudio, Susan Hillis, asesora técnica superior para COVID-19 en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Ahora, se está viendo una situación similar con el COVID-19. Nuestros cálculos sugieren que, cada 12 segundos, un niño pierde a un cuidador importante a manos del coronavirus. Aunque se han administrado miles de millones de vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, más del 75% se ha usado para inocular a los residentes de los países más ricos a nivel mundial.

En vista de que la cobertura de vacunación generalizada podría tardar años, el número de niños afligidos podría aumentar de manera exponencial en todo el mundo. El sufrimiento y el futuro de estos niños son responsabilidad de la comunidad internacional. Otros brotes causantes de muertes masivas, como el VIH y el virus del Ébola, podrían mostrarnos el camino para salir adelante.

En 2003, Estados Unidos asumió un compromiso revolucionario con los niños de todo el planeta afectados por la epidemia del sida. Decretó que el 10% del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, también conocido como PEPFAR por su sigla en inglés, se destinaría al apoyo de niños cuyos cuidadores principales hubiesen fallecido o estuvieran contagiados. Este programa sigue apoyando a las familias que se ocupan de niños que perdieron a sus cuidadores, lo cual ayuda a impedir que los niños sean llevados a instituciones.

También proporciona fondos a hogares para cubrir gastos de alimentos y otras necesidades básicas de los niños. Existen programas de paternidad que ayudan a prevenir la violencia, mejorar las relaciones y la salud mental, así como subsidios para que los niños, y sobre todo las niñas, puedan ir a la escuela. Dieciocho años después, esta orden judicial sigue manteniendo el apoyo de ambos partidos, y el programa aún invierte cientos de millones de dólares en cuidados seguros, estables y cálidos basados en una estructura familiar. La evidencia sugiere que programas como éste ayudan a los niños a avanzar en la escuela y a mejorar su salud física y mental.

El mundo necesita una iniciativa parecida al PEPFAR que pueda ofrecer la misma clase de apoyo a los niños afectados por el COVID- 19. El aumento de la vacunación en todo el mundo impedirá que los cuidadores mueran. Cuando los niños pierden a un padre debido al COVID-19, lo ideal es que reciban el apoyo de una trabajadora social o una organización comunitaria. Los hermanos deben permanecer juntos, y se les debe preguntar a los niños con quién quieren vivir. También se requieren inversiones para brindar servicios de cuidado seguros basados en una estructura familiar y ofrecer programas de paternidad a los nuevos cuidadores, así como dinero para comprar alimentos y pagar la escuela.

Los programas así son viables y pueden ser asequibles. Los programas de apoyo a padres vía telefónica, que ayudan a los cuidadores a manejar el estrés, les sugieren estrategias para fomentar la disciplina sin violencia y les muestran maneras de mantener a los niños a salvo de la violencia sexual, pueden costar tan solo $us 8 por niño. En Kenia, una subvención de apoyo infantil para las familias con niños huérfanos o vulnerables cuesta alrededor de $us 18 al mes, y las investigaciones muestran que las familiares que lo usan dan prioridad al pago de alimentos y educación.

La comunidad internacional necesita considerar opciones como ésta. El hecho de que los niños pierdan a sus padres y a sus cuidadores por el COVID-19 es una pandemia derivada.

Lucie Cluver es profesora de asistencia social para niños y familias en la Universidad de Oxford y la Universidad de Ciudad del Cabo; es columnista de The New York Times.

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