La precaria situación de los recintos penitenciarios en Bolivia fue y sigue siendo una preocupación que no encuentra un de-senlace racional. Particular atención merece el vetusto “panóptico” de San Pedro, construido hace más de 100 años en una ubicación que hoy es parte del corazón mismo de la ciudad de La Paz.
Cuando me incorporé a la Corte Suprema de Justicia en 1999, la Judicatura exploraba alternativas para expandir sus insuficientes instalaciones en la sede de gobierno, entonces se aproximó la idea de construir un complejo judicial en los predios de la cárcel de San Pedro. Ni el Ejecutivo ni el Gobierno Municipal se entusiasmaron por el traslado, y el Consejo de la Judicatura optó por adquirir inmuebles dispersos y poco funcionales para expandir el servicio judicial y de Derechos Reales.
Posteriormente, en 2005 cuando ocupé la presidencia de la República como titular del Poder Judicial, asumí el desafío personal de trasladar la cárcel de San Pedro para atender su insostenible escenario de hacinamiento; carente de condiciones adecuadas; de ambientes no clasificados, en los que algunos reclusos comparten con menores y familias, un espacio ajeno al elemental respeto por la dignidad humana. Las deficiencias del sistema de justicia penal comenzaban a revelar un incremento de los presos sin condena, entonces cercano al 70%; y preocupantes índices de retardación en la tramitación y conclusión de las causas.
Desde la Presidencia, el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Régimen Penitenciario se planteó al Gobierno Municipal de La Paz la voluntad política para encarar el traslado de San Pedro. Era necesario coordinar determinaciones para ubicar un espacio alternativo, definir el destino de los predios, procurar los recursos necesarios y las condiciones para proceder. El entonces alcalde de la ciudad Juan del Granado compartió la iniciativa y celebramos innumerables sesiones de trabajo que encaminaron las gestiones: El Poder Ejecutivo acordó la transferencia de los predios del penal a favor de la ciudad a condición de que éstos extiendan el área verde del parque San Pedro; a su vez, la Alcaldía transfería propiedad municipal ubicada en el exfundo Següencoma para la construcción del nuevo recinto penitenciario. En diciembre de 2005, se promulgó el Decreto Supremo 28491 para consolidar la disponibilidad de los terrenos y se asignaron recursos a la partida presupuestaria.
Transcurridos siete años desde la instalación del gobierno de Evo Morales, la iniciativa ha sido encarpetada sin conocerse, de parte de mi sucesor, del entonces alcalde o de las autoridades concernidas, explicación alguna o bien alternativas tangibles para trasladar San Pedro. A menos de 100 metros de su ingreso, las regias oficinas del Defensor del Pueblo marcan un contraste de indolencia.
Un reciente estudio realizado por varias instituciones sobre la detención preventiva y el sistema procesal penal da cuenta que en este tiempo la población penitenciaria del país se ha duplicado, el índice de presos sin condena está próximo al 90%, y las condiciones de hacinamiento se han deteriorado. Si bien la nueva Constitución ha introducido las bases para la transformación de la justicia, subsisten graves distorsiones como la excesiva criminalización y la ausencia de una política criminal bien informada, que oriente las reformas del sistema. Entre tanto, insistiré en abrir la reflexión sobre una amnistía judicial y la pronta atención sobre los recintos penitenciarios en todo el país.