Uno de los más importantes fines del censo nacional es el proporcionar información que sea útil. En este sentido se hace bien en prescindir del credo religioso, ya que esta información no tiene ninguna aplicación práctica al momento de planificar acciones de parte del Estado o de quienes deseen involucrarse en el desarrollo nacional. Lo mismo debería hacerse con las condiciones raciales, que se supone no tienen ninguna relevancia en el desarrollo, ya que todos somos bolivianos, a no ser que se pretenda direccionar la inversión por el credo racial (nada raro).
Las instituciones que operan de manera más directa con el desarrollo nacional son los municipios; sin embargo, entre el INE y los concejos municipales no existen precisamente compuertas abiertas. Quienes tienen que marcar las zonas censales son los municipios, y los gobiernos departamentales, ya que la información que se recoge debe mantener la cartografía de las ciudades, que son las que tienen necesidad de planificar su accionar. La ciudad de La Paz, por ejemplo, adolece de información verídica, sólo se tienen proyecciones a ojo de buen cubero, pero no se tiene información del gravísimo problema de la densificación a la que está inducido por el famoso reglamento de construcciones USPA, que alienta la concentración urbana y la construcción vertical, ya que así se ahorra el tener que realizar desarrollo urbano en zonas de expansión.
Aún es tiempo de efectuar una coordinación entre los gobiernos municipales con el INE. Para este organismo, la partición de zonas censales es aleatoria, lo mismo le da si parte de su mapa censal pasa por Cotahuma y por la Max Paredes, porque al final necesita información general. Pero así no tiene incidencia en las políticas reales, que son las que generan los municipios.
Para fines de planificación y control de las políticas municipales, departamentales y nacionales, las zonas censales deben estar marcadas por los macrodistritos o distritos, según uso y costumbre. La información tomada de manera aleatoria es inservible para los gobiernos municipales, y éstos no tienen recursos para hacer sus propios censos. Por otro lado, tampoco tienen mucho interés, puesto que sus acciones no responden a políticas previamente planificadas, por lo que incluso puede haber inequidad entre la inversión realizada en uno y otro distrito o macrodistrito. Se manejan de manera más o menos discrecional y no existe información que permita al ciudadano y a sus instituciones de base, las OTB, hacer un seguimiento de sus derechos en cuanto a inversión.
El censo es un mandato, pero no es una formalidad que hay que cumplir, sino un instrumento de planificación. Lo importante de un censo es que recoja información previamente ordenada de manera tal que pueda servir a moros y cristianos, al Gobierno central como a los gobiernos subnacionales. La forma cómo se recoge la información no es ni casual ni ingenua, ni aséptica, es también una forma de ordenar el país, de respetar sus instancias autónomas, de otorgar información real, pero legible, de dar instrumentos de defensa de las unidades menores, información instrumentable y compatible con todos los interesados, la partición de las zonas censales debe ser consultada, corregida y aprobada con los gobiernos municipales y con las gobernaciones para que puedan tener utilidad práctica. Es lo menos que se puede esperar, un mínimo de coordinación, ya que el censo no es gratuito, viene de las arcas nacionales, es decir del bolsillo de todos.