El lunes último, el Presidente del Estado firmó tres decretos supremos orientados a mejorar las actividades universitarias, con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en favor de las y los estudiantes. Es una nueva iniciativa para profesionalizar los recursos humanos en Bolivia, mejorando las condiciones en que acceden a la educación superior.
En efecto, mucho se le ha reclamado al Estado en general, y al Gobierno en particular, así como a las universidades públicas, no hacer lo suficiente para mejorar las condiciones en las que las y los jóvenes acceden a la formación superior y, posteriormente, se insertan en el mercado laboral, altamente competitivo en el caso de muchas profesiones, que además demandan experiencia laboral, frecuentemente escasa entre quienes recién han terminado sus estudios.
Así, el DS 1321 dispone que las y los estudiantes de universidades públicas e indígenas realicen pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis en todas las instituciones públicas del Estado. Las instituciones públicas deberán financiar el transporte y el material que necesiten quienes realicen las prácticas, que durarán hasta seis meses y concluirán con la entrega de certificados de trabajo.
El Decreto 1322 autoriza a las universidades públicas el uso del 5% de los recursos económicos que reciben del IDH para el financiamiento de la extensión universitaria en cultura y deportes, en los ámbitos nacional e internacional. Asimismo, autoriza a las universidades públicas el uso de hasta el 2% de los recursos que reciben del IDH para cubrir los gastos de la titulación gratuita a los estudiantes más destacados, beneficio que se extenderá también a aquellos que no tengan aplazos, independientemente de las buenas notas, y que hayan concluido su carrera en el tiempo establecido de cinco años.
Finalmente, el Decreto 1323 establece que estas universidades destinen hasta un 8% de los recursos que reciben del IDH al fortalecimiento de las unidades académicas desconcentradas, ampliando y mejorando su cobertura geográfica.
Considerando que los ingresos de las universidades autónomas se han incrementado de Bs 56,6 millones en 2005, a Bs 601 millones en 2011, y que llegarán a Bs 694 millones este año, es no sólo correcto, sino también necesario orientar adecuadamente el uso de esos ingentes recursos, que de otra manera podrían no ser ejecutados o sólo engordar su abultada burocracia.
Hay, pues, que destacar iniciativas como la que se comenta, pues ayudan a orientar los recursos públicos hacia quienes deben recibir en primer lugar los beneficios: el cuerpo estudiantil, que a su vez tendrá la obligación de devolver lo obtenido a la sociedad toda, siendo mejores profesionales y sobre todo, estando comprometidos con el presente y futuro del país.