Las copias digitales de los documentos del proceso de licitación para la planta de urea y amoniaco (que se construirá en el Chapare) estaban colgadas en la web institucional de la estatal YPFB. Fue una grata sorpresa, especialmente si se toma en cuenta el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, incluido en el apartado de los derechos, aquellos que no se negocian porque se tienen que cumplir. “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.
La otra cara. Cuando uno intenta activar el ícono de “documentos”, que aparece en el sitio web de la Presidencia del Estado, no halla respuesta. El otro día intenté, con la prometedora señal de YPFB, descargar los documentos actualizados del programa “Evo Cumple”. Aquí, el derecho no se cumple, al menos no en el soporte de la página de internet.
En el Órgano Judicial se hizo un intento insuficiente. Cuando uno ingresa a la web del Tribunal Supremo de Justicia aparecen los enlaces de documentos bajo una codificación que sólo la puede entender un reducido número de técnicos. No sirve para acceder a la información. La Corte de Distrito de La Paz no existe en internet. “Disculpe, el portal se encuentra habilitado sólo para el sector ‘Noticias’ por razones de reestructuración”, se lee cuando se quiere escudriñar en los asuntos institucionales de la Fiscalía General del Estado.
Por lo general, este sector de “noticias” también aparece en varios sitios de la administración pública, y en casi todos los casos hay un tufillo de propaganda, que no es lo mismo que información, que es un elemento clave para construir transparencia. En el sitio del Ministerio de Transparencia no aparece el detalle de los procesos que allí se analizan o los documentos vinculados con las investigaciones sobre corrupción. Intenté descargar el anteproyecto de Ley de Acceso a la Información, que debe normar este derecho constitucional, pero tampoco estaba habilitado. En fin.
Me dicen que el mecanismo de “rendición de cuentas”, al que se somete cada ministerio, es una muestra de acceso a la información y transparencia. Me aclaran que todo ciudadano está facultado para enviar cuestionarios a las instituciones públicas; muchas de ellas suelen responder. Habrá que intentarlo para intensificar esta práctica democrática. Los periodistas deberíamos estar más interesados en este mecanismo para mejorar la calidad de información que entregamos a la gente; vale la pena, porque se trata de un derecho humano.
El 28 de septiembre se celebrará por décima vez el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública o del Derecho a Saber. En Bolivia se requiere una ley que aún no ha sido consensuada para ejercer de mejor manera este derecho.