Desde el inicio de la gestión de Evo Morales en 2006 han sido innumerables las ocasiones en las que las principales autoridades del Órgano Ejecutivo señalaron que la fuerza del Gobierno radica en la participación de las organizaciones sociales en éste; sin embargo, el propio Presidente ha reconocido que esta participación también puede ser un problema para la gestión.
En efecto, días atrás, en el acto de posesión del nuevo Ministro de Medio Ambiente y Agua, luego de que el anterior titular fuera forzado a renunciar, el Mandatario afirmó: “No es posible que algunos movimientos sociales sugieran o, finalmente, nos impongan algunos funcionarios que están más al lado de los sectores que del Gobierno”, refiriéndose al hecho de que hay autoridades que confunden la gestión pública con la satisfacción de necesidades de sus redes clientelares. “Sé que algunos ministros recogen propuestas de los sectores sociales, pero desde el momento que asumen como viceministros o directores están al servicio de los ministros y no dependen de su organización”, agregó.
En los hechos, es probable que no exista gobierno en el mundo que no practique alguna forma de clientelismo, que si bien desde la teoría es asumido como un cuestionable método de gestión de las adhesiones, por su capacidad de deteriorar la institucionalidad estatal, en la práctica resulta útil para asegurar apoyo a la hora de implementar políticas públicas.
No es la primera vez que el Presidente reconoce la existencia de este problema; semanas atrás, al hacerse pública la posibilidad de que el Gobernador de Santa Cruz sea suspendido, el Mandatario advirtió a los militantes del Movimiento Al Socialismo que no pueden aspirar para sí o para otros a ese cargo, dada la evidencia de que había fricciones entre las organizaciones que apoyan al partido gobernante en el departamento oriental a causa del deseo de tener a su representante encabezando ese gobierno autónomo.
Además, así como las redes clientelares afectan a la institucionalidad pública, esta práctica también termina por dañar a la esencia de las propias organizaciones sociales, que vistas desde su función de base de la sociedad civil no debieran inmiscuirse directamente en la gestión de la cosa pública, pues cuando lo hacen pierden su capacidad de influencia en la búsqueda del bien común y más pronto que tarde terminan afrontando problemas de división interna cuando sus dirigentes pugnan por ser ellos y no otros quienes acceden a cargos en el servicio público.
Hay, pues, una urgente necesidad de replantear con la mayor claridad posible el apoyo que las organizaciones y movimientos sociales brindan al Gobierno, pues una cosa es tener representación parlamentaria, legítima en todos los casos, y otra muy distinta es gobernar en función de intereses particulares y no los de toda la población.