En España, desde el 1 de septiembre, han entrado en vigencia nuevas medidas para reducir el déficit fiscal y aumentar los ingresos. La restricción del acceso al sistema sanitario público a los extranjeros no comunitarios en situación irregular (se atenderán solamente los casos urgentes, a las mujeres embarazadas y a los menores de edad) es una de las determinaciones más cuestionadas.
Respecto a esta determinación, que pretende combatir el abuso que algunos ciudadanos extranjeros hacen de la sanidad pública española, diversas voces han advertido que afectará principalmente a los inmigrantes más desprotegidos, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la protección de su salud. De allí que muchos médicos del sistema público hayan manifestado su intención de seguir atendiendo a los indocumentados. Incluso cuatro comunidades (Andalucía, Canarias, País Vasco y Asturias) se han rebelado contra esta disposición, por considerar que afecta a la equidad y la cohesión social.
Como puede observarse, tal parece que el inmigrante ocupará nuevamente el lugar de chivo expiatorio para problemas generados en el sistema. Y es que, en la mayoría de los países, como consumidor, el trabajador indocumentado paga impuestos que en mucho exceden los escasos beneficios sociales que puede recibir.