En abril, escribí un artículo titulado “Incremento Salarial y Calidad Educativa”, donde sugería políticas orientadas a buscar una mejor educación, una combinación entre resultados educativos e incrementos salariales. Hoy, cuando las universidades públicas amenazan con protestas si el Gobierno no incrementa su presupuesto en 15%, conviene identificar la situación financiera y académica de las casas superiores de estudio.
Financieramente, el presupuesto de las universidades estatales para la presente gestión asciende a más de Bs 5.015 millones. El 73% de esos ingresos son financiados con transferencias del TGN, 25% son recursos propios, 1% créditos y otro 1% con donaciones. Según datos del Ministerio de Economía, sólo por concepto de transferencias en 2005 recibieron Bs 1.203 millones, que se duplicaron a Bs 2.698 millones en 2011. Las casas de estudios superiores que recibieron mayores recursos en este 2012 fueron la Universidad Mayor de San Andrés (Bs 1.196 millones); Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz (Bs 909 millones) y San Simón de Cochabamba (Bs 793 millones). ¿No le parece mucho dinero?
Hasta julio, la ejecución presupuestaria de las 11 principales universidades no sobrepasó el 30% en promedio, teniendo acumulado más de Bs 2.000 millones en caja y bancos. Al parecer, el tema financiero no es el problema. Si examinamos el ámbito académico podemos encontrar algunos datos interesantes. De acuerdo con información del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, entre 2005 y 2010 se matricularon 1,8 millones de estudiantes, de los cuales sólo el 5% logró titularse. Sí, leyó bien, de cada 100 matriculados, sólo cinco consiguen obtener el diploma de titulación.
¿Qué sucede con el otro 95%? Se encuentran deambulando las aulas de nuestras universidades por más años de los que deberían “estudiar”.
Si los ingresos se han incrementado sustancialmente, ¿por qué la situación académica es tan preocupante?, ¿dónde van a parar los recursos que el Estado otorga a las universidades públicas? Para responder esas preguntas, déjeme que le muestre unos datos adicionales.
El 48%, cerca de la mitad de sus ingresos, son destinados a sueldos y salarios. En 2006, se había contratado 10.217 docentes universitarios, número que se incrementó a más de 12.500 en 2011. Desde el punto de vista académico, esto no es malo, por lo menos en teoría; sin embargo, en el mismo periodo el personal administrativo creció de 5.951 a más de 7.700 personas, lo que significa que existe una persona que realiza trabajos administrativos por cada dos docentes. Por tanto, conviene preguntarse: ¿son necesarios mayores recursos para las universidades públicas? Corresponde al amable lector sacar sus propias conclusiones.